El fracaso electoral

Editorial

El País, Cali

Marzo 17 de 2010

Mientras llega el final del conteo de votos, y se apaciguan los ánimos caldeados que origina la incertidumbre en la consulta para elegir el candidato del Partido Conservador a la Presidencia de la República, hoy hay que señalar al sistema electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil como responsables de un fracaso que pone en duda la credibilidad de la democracia en Colombia.

Por más disculpas que se emitan, nada alcanza a cubrir el estruendoso fracaso de la Registraduría en su misión de garantizar la transparencia en las elecciones que renuevan sus instituciones. Cifras que no cuadran, informaciones que llegan tarde o no llegan y un conteo de votos sobre la consulta conservadora que debe suspenderse ante la forma errática en que ha sido manejado. Es la reiteración de un fenómeno que mantiene entre interrogantes la confianza que los ciudadanos deben tener sobre sus instituciones.

Infortunadamente, ese estado de cosas se repite con cada elección de cuerpos colegiados, incluso de alcaldes y gobernadores. Y sólo se salva el debate presidencial, debido a que los márgenes de los últimos años no han dejado cabida a las especulaciones. Frente a ello, preocupa que ni los gobiernos ni los legisladores se han comprometido en su modernización, manteniendo los métodos manuales heredados del Siglo XIX, que abren espacios enormes para la corrupción y el fraude, para aplicar la tecnología del mundo moderno, donde el Estado actúa como el garante de los debates democráticos.

Hoy hay que preguntarse de nuevo si se justifica que continúe la desidia oficial frente al sistema electoral, la puerta por donde se cuelan en forma permanente los más aberrantes vicios, estimulados por la delincuencia que busca infiltrar al Estado. Y si la falta de presupuesto puede seguir siendo el asidero con el cual Gobierno y autoridades electorales justifican esa especie de statu quo en que está el sistema electoral, expuesto a la compra de votos, al fraude y a la amenaza de los violentos.

Mientras eso ocurre, los legisladores se niegan a reformar los mecanismos jurídicos para renovar el Congreso y todos los cargos de representación popular. Y una demanda ante el Consejo de Estado se demora casi tanto como el período para el cual es elegido el demandado. Una burla disfrazada de legalidad, que promueve la delincuencia en materia electoral. En los últimos años, la narcopolítica y la parapolítica, así como la vinculación con las Farc, han sido escándalos que no logran cambiar lo que siempre ha estado en el centro de la polémica y la violencia.

Es muy fácil endilgarle la culpa a la administración actual de la Registraduría por los innegables y probados desaciertos que han puesto las elecciones del pasado 14 de marzo en el centro de la polémica. Pero hay que reconocer que eso ocurre cada cuatro años, sin que nada obligue a los congresistas a cambiar las normas y al Gobierno a modernizar la tecnología. Es hora de preguntar entonces si será necesario un nuevo estallido de violencia generado por un sistema obsoleto y propicio a la trampa, cuando existen métodos que garantizan la imparcialidad y la veracidad de las elecciones.