Mejoramos en Dinamarca

Editorial

El Mundo, Medellín

Marzo 17 de 2010

La decisión hace justicia y contribuye a la consolidación de la doctrina que castiga cualquier forma de apoyo al terrorismo, que es la mínima garantía que Colombia, y los países víctimas de esos criminales, tiene derecho a exigir a los países amigos.

Patrick Mac Manus, ciudadano danés de origen irlandés, del que los despachos de prensa dicen que es escritor e intelectual, aunque no mencionan sus obras literarias o teorías científicas, fue condenado a seis meses de prisión por apoyar el terrorismo desde Dinamarca. Un juez que recogió la sentencia del Tribunal Supremo sobre las condenas a seis integrantes de “Fighters and Lovers”, consideró que la campaña de Mac Manus de recolección de dinero para las Farc y el Frente para la Liberación de Palestina, Fplp, violaba el Código Penal danés. Con su sentencia contribuye a dar categoría de jurisprudencia a un concepto que en ese país fue revolucionario, así para los colombianos cualquier forma de rechazo a la extrema izquierda terrorista sea una actuación apenas obvia de las instituciones democráticas.

El proceso contra Mac Manus comenzó en el año 2004, año de constitución de la ONG “Rebelión Dinamarca”, organización que se impuso el objetivo de ridiculizar la legislación internacional contra el terrorismo. Una de sus primeras acciones fue montar la campaña de recolección de fondos para los grupos terroristas, corroborada con la publicación de fotografías en las que sus jefes recibían el dinero (US $9.242 en el caso de las Farc). El juzgado que lo condenó desestimó la inexistencia de consignaciones como prueba a su favor, pues consideró que las fotografías y los documentos eran suficientes para enjuiciarlo.

Este proceso tiene un antecedente trascendental en la condena del Tribunal Supremo contra el grupo que vendía camisetas por Internet para apoyar a las mismas organizaciones respaldadas por Manus. En sentencia de apelación que resultó transformadora de la doctrina sobre la guerrilla colombiana que primaba en Dinamarca, los magistrados consideraron que las Farc cometen “ataques graves contra la población civil con el propósito de aterrorizarla gravemente o desestabilizar las estructuras políticas, constitucionales, económicas y sociales fundamentales”. Colombia tuvo que esperar hasta marzo de 2009 a que los daneses se enteraran de que nuestro país libra una dura lucha para defenderse de grupos que cumplen de sobra con los requisitos para ser considerados terroristas. A esa doctrina apeló el juez que sentenció a Mac Manus. Sin embargo, y a pesar de haber sido castigado, este sujeto de 65 años, insiste en que se va a dedicar a una campaña contra la declaración de terroristas a grupos que se dedican al narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento forzado y la siembra de minas antipersonal.

Como en el caso de “Fighters and Lovers”, consideramos que la justicia todavía puede afinar sus decisiones y dar castigos significativos por su peso, sobre todo porque cuenta con herramientas legales para hacerlo. Y es que los seis meses de cárcel impuestos a Mac Manus, comparables a las penas que pagaron los vendedores de camisetas, son apenas simbólicos y parecen más el anuncio de la sanción social y ética a comportamientos que durante décadas fueron vistos con cierta complacencia por los autodenominados progresistas europeos.

La decisión hace justicia y contribuye a la consolidación de la doctrina que castiga cualquier forma de apoyo al terrorismo, que es la mínima garantía que Colombia, y los países víctimas de esos criminales, tiene derecho a exigir a los países amigos. Y es grato saber que no es un caso aislado, pues según informó la Deustche Welle, la justicia danesa tiene abiertos dos procesos a organizaciones de ese país que han contribuido a las Farc: un grupo de sindicalistas que actuó a espaldas de su organización y una asociación de miembros de la resistencia danesa contra el nazismo en la II Guerra Mundial.

Una de las batallas más difíciles que tenía por delante la seguridad democrática era la de ganar la lucha contra la hábil diplomacia que las Farc habían desplegado en Europa y que florecía con el silencio cómplice de funcionarios colombianos que preferían no someterse a las incomodidades de controvertir las mentiras divulgadas por la extrema izquierda. Esa fue una campaña que acumuló simpatizantes entre ciertos sectores de artistas, intelectuales y políticos aburridos de sus comodidades y que con su juego atentaron contra la vida de decenas de miles de personas en Colombia. El que hoy exista una mayoría visible en el gobierno y la justicia danesa que entiende que las Farc no son otra cosa que un grupo narcoterrorista que constituye una amenaza pública, es un avance substancial, y esperamos que sólido, de nuestra diplomacia.

Aunque existen indiscutibles avances en la solidaridad que empezamos a recibir de los países que habían manifestado cierto nivel de solidaridad con nuestra lucha, todavía quedan gobiernos que permiten a guerrilleros o sus familiares gozar de cómodos y costosos refugios europeos, gastando el dinero obtenido en los secuestros y el narcotráfico y con la seguridad de que cuentan con la benevolencia de políticos demasiado tibios para sumarse a la dura batalla contra el terrorismo y sus agentes, que no por difícil puede ser abandonada por democracias que se precian de su liberalidad y de garantizar los derechos de sus habitantes, bienes que los terroristas de las Farc aspiran a conculcarnos con la ayuda de los ciegos de conveniencia en el Viejo Mundo, que, por fortuna, son cada vez menos y están más aislados.