miércoles, 24 de marzo de 2010

La guerra de escritorio

Luis Ernesto Ruiz Cardoso

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Marzo 24 de 2010

Tanta exposición a organismos internacionales para satanizar la acción de las Fuerzas Armadas a veces genera informes históricos en los que se reconoce abiertamente la persecución misma y el desequilibro en las prácticas de justicia sobre un civil con relación a cómo juzgar a un militar. Les hablo del Informe entregado en este mes de Marzo por la Federación Interamericana de Abogados. Este informe se puede estudiar completo en la página: www.unacolombiaojetiva.com y de éste puedo comentar como uno de los tantos colectivos de abogados de este país pidió a esta organización una visita para evaluar frente a los problemas derivados del conflicto armado cómo se comporta tanto la Justicia Penal Militar como la justicia ordinaria. Sin duda buscaban colocar en la hoguera a las FF.MM, pero abiertamente después de seis días de entrevistarse con muchos sectores del país, sacaron conclusiones que nos deben poner a meditar.


Les transcribo la conclusión tercera de este informe, que dice “En la visita a los militares que se investigan pudo constatar el Comité, que en muchas ocasiones estos han sido víctimas de graves violaciones a sus garantías procesales, no solo las reconocidas en las leyes internas del país, sino también en las recogidas en instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.


Un ejemplo de esta problemática está dado en el desconocimiento del debido proceso judicial a estos militares. Se conocieron casos de sentencias sobre la base de pruebas indirectas, contradictorias entre sí; se evidencia una sobrevaloración de los testimonios de quienes denuncian, así como se evidenciaron casos en los que las decisiones de captura o de detención no cumplen con el estándar mínimo de prueba que la misma ley de Colombia exige para restringir derechos fundamentales.”


Uno de los puntos que ya había tratado en la pasada columna pero es bueno detallarlo es la desproporción en las penas, porque a un desmovilizado por crímenes múltiples se le condenaría a ocho años, mientras a un militar serían cuarenta años. La Justicia debe condenar seriamente a quien cometa crímenes y los miembros de las FF.MM. que estén involucrados deben asumir sus responsabilidades penales cuando corresponda.


Un aparte de señalar dice que la Fiscalía ha podido comprobar que: “descartó que hasta el momento se haya evidenciado que los delitos investigados hagan parte de una conducta criminal sistemática y masiva del gobierno colombiano o de los mandos militares.”


Reiteró el llamado a constituir foros académicos y políticos en los que se dialogue sobre el tema. Tanto de una ideología como otra, los organismos defensores de derechos humanos, miembros del Ejército y columnistas de opinión debemos sentarnos para no ver hundir a este país en una “justicia espectáculo”.


ÑAPA: Felicitaciones a quienes obtuvieron una curul en el Congreso de la Nación en el pasado debate electoral y a aquellos que con entusiasmo participaron. Dieron relevancia al debate democrático.