El reto de Ciudad Juárez

Editorial

El Mundo, Medellín

Marzo 16 de 2010

Son propios de organizaciones que tienen espíritu de terroristas y que apelan a actos espectaculares de violencia a fin de disminuir la voluntad de las sociedades que se deciden a enfrentarlos

Al asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en México, ocurrido el sábado en Ciudad Juárez, los gobiernos de los países ofendidos respondieron confirmando su decisión de fortalecer la lucha contra los carteles del narcotráfico que amenazan los estados de la frontera mexicano-estadounidense. Fue así como los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama declararon su indignación por la ofensa y anunciaron que seguirán coordinando recursos y acciones para detener la violencia asociada al narcotráfico y a las ambiciones de esos carteles que se manifiesta muy especialmente en la capital del Estado de Chihuahua, situada a poca distancia del estado de Nuevo México.

En el documento en que declaró el duelo en la sede consular, el portavoz del Departamento de Estado denunció que “los carteles y sus cómplices criminales han tomado violentas represalias de quienes los han denunciado públicamente o a quienes consideran como una amenaza para su organización”. Reconoció así que los atentados del sábado, que conmovieron a una sociedad que en su vida cotidiana está sometida a la crueldad de la violencia del narcotráfico, son propios de organizaciones que tienen espíritu de terroristas y que apelan a actos espectaculares de violencia a fin de disminuir la voluntad de las sociedades que se deciden a enfrentarlos. Para el Departamento de Seguridad Nacional existe, además, la claridad de que esos grupos criminales están cada vez más asociados a organizaciones terroristas.

En ese orden de ideas, se comprende que en cuanto conocieron los homicidios, el presidente Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como el presidente Calderón, hayan ratificado su determinación de afianzar el combate a las mafias narcotraficantes, con los costos que ello les impone. Estados Unidos, a través del apoyo que brinda a la Iniciativa Mérida, del Departamento de Estado, y de la ayuda directa del Pentágono, mediante los cuales promueve el fortalecimiento de la Policía, el Ejército y el sistema judicial mexicanos, a fin de dotar a esas instituciones de las capacidades necesarias para la dura lucha que han de librar. A su vez, el Estado mexicano pone la disposición de la Presidencia y los gobernadores de los estados para minar la capacidad delictiva de los carteles y las organizaciones sicariales que alientan. Aunque tememos que frente al endurecimiento de la política, los terroristas respondan con más hechos como los horrorosos crímenes del pasado sábado, confiamos en la firme decisión de los gobiernos de no permitir el avance de enemigos de esta laya.

Los colombianos tenemos muy viva la dolorosa experiencia de la lucha contra grupos narcoterroristas. Desde la práctica aniquilación del Cartel de Medellín hasta la minimización de las Farc, hemos hecho sacrificios para reducir la capacidad de amenaza de las organizaciones mafiosas que nos han dejado el fortalecimiento de las instituciones y el lugar respetado que tenemos en el mundo, hechos que justifican los esfuerzos que hicimos y seguimos haciendo y por los que hoy somos tan conscientes como solidarios con el pueblo mexicano, que también está haciendo enormes sacrificios para defender sus instituciones. La solidaridad de los gobiernos, la experiencia de los conocedores y el acompañamiento de los pueblos a la dura tarea en que están comprometidos son la mano generosa que América puede tender a sus hermanos.

Los hechos del sábado reviven debates como el provocado por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo que recomiendan a los países consumidores buscar nuevas formas de controlar el consumo y reducir los daños colaterales por el uso de estupefacientes, una perspectiva que permite entender las adicciones como enfermedades que es preciso tratar con medidas preventivas y paliativas de salud pública, no imponiendo el peso de la ley sobre las víctimas de esas adicciones.

Las sociedades como la mexicana y la colombiana transcurrimos defendiéndonos de la amenaza de las mafias criminales asociadas al narcotráfico y tratando de evitar que los más jóvenes se involucren en esas actividades, todo ello con la esperanza de que las naciones consumidoras, además de ayudarnos a dar nuestras difíciles batallas, forjen su propia discusión sobre la que pudiera ser la política de largo plazo que consiga la reducción del consumo, una batalla que puede asimilarse a la que el mundo va ganando contra el consumo de tabaco. De ese modo se estarían conjugando de manera eficiente la voluntad de los pueblos que nos negamos a ser victimizados por unas mafias ambiciosas y la decisión de los países consumidores por encarar el problema con la convicción de que en sus manos tienen alternativas para solucionar sus problemas de salud y, en consecuencia, aliviar nuestras situaciones de inseguridad y conflictividad social.