Luis Carvajal Basto
El Espectador, Bogotá
Marzo 6 de 2010
Aunque no se considere, la modernización del sistema electoral y el auge del voto de opinión, están permitiendo la actualización del sistema de transporte. Los politiqueros, que tenían a los Bogotanos condenados a un transporte anárquico y caótico para pagar favores a los transportadores, no impedirán la consolidación de un mejor servicio. Pero la ciudadanía debe estar alerta.
La cosa funcionaba así: los transportadores movilizaban en sus buses a la gente y proporcionaban recursos para la financiación de campañas a cambio del apoyo politiquero. Ahora, la financiación se mantiene y las modalidades han cambiado, pero cada vez pesan más los votos de opinión sin contra-prestación.
Los transportadores han incidido históricamente en la política de Bogotá, recibiendo a cambio garantías para privilegiar sus intereses: El servicio en las condiciones y el precio que les convenía y no el que la ciudadanía podía pagar o necesitaba.
El paro convocado esta semana pretendía imponer otra vez esas condiciones. No se trataba solo de “el pan de nuestros hijos” como reclamaban los propietarios individuales de buses. Detrás de ellos, agazapados, los grandes empresarios apostaron a que el Sistema Integrado de transporte no cuaje o, al menos, se desarrolle a su entera conveniencia. El Presidente de una asociación de transportadores, Doctor Gutiérrez, se gastó toda la semana buscando a los dueños de buses que supuestamente no estaban en paro, para pedirles que los buses funcionaran, sin fortuna.
El paro confrontó los intereses particulares de esos empresarios con el interés ciudadano. Pocas veces se observó antes en Bogotá, con tanta claridad, la penuria de la gente para llegar a sus trabajos acompañada de su convicción de que se trataba de un paro infame para proteger los intereses de unos pocos. Pocas veces se vio tan clara la necesaria intervención del Estado para mediar y regular las relaciones privadas.
El paro fue oportunista y trató de explotar la caída del Alcalde en las encuestas. Como lo fueron “inocentes” dirigentes políticos que pretendieron sacar tajada. Pero, simultáneamente, la conciencia ciudadana se expresó: Gremios, centrales de trabajadores y el Gobierno Nacional, entendieron que se trataba de un asunto de Estado en que se debía privilegiar el interés general.
¿Será tan malo sacar de circulación, sin expropiar, los 15.000 o más buses que “sobran” y transitan por la ciudad semivacíos?¿Racionalizar el uso de los recursos existentes y mejorar el servicio? Nadie lo cree, ni siquiera los promotores del paro. No se puede anticipar que el sistema a construir será óptimo, pero mejor que el caos que hemos tenido, ninguna duda.
Para armar una coalición suficiente, los promotores del paro reclamaron condonación de multas para los conductores, impuestas en ejercicio de la guerra del centavo. Los conductores apenas sobreviven, con su trabajo; son los empresarios, quienes por partes iguales con el Distrito han permitido ese sistema irracional. Parecería justo que esas multas sean pagadas entre los dos.
El paro y el chantaje, esta vez, han sido superados a un costo enorme para la ciudad. En cualquier momento podría repetirse si las autoridades no se inclinan ante las “solicitudes” de los transportadores. Es la ciudadanía la que debe expresarse para impedir que suceda, en vista de que sus representantes naturales, los concejales de la ciudad, por razones que resultan difíciles de entender, suelen guardar silencio frente a este tipo de presiones.
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