Aritmética y salud

Hernando Gómez Buendía

El Colombiano, Medellín

Marzo 1 de 2010

La vida es el bien supremo y por eso usted y yo estaríamos dispuestos a gastar hasta el último centavo para curarnos del cáncer o prolongar nuestras vidas. Por eso mismo (a ) las personas más ricas acceden a tratamientos más sofisticados o a los servicios de salud más costosos, (b ) los países más ricos destinan una proporción mayor de sus ingresos al servicio de salud, y (c ) los precios de la salud aumentan más rápidamente que el promedio de los precios, y que los salarios medios.

De lo anterior se sigue que en un mundo desigual es matemáticamente imposible que todos tengan acceso a los servicios de salud más avanzados. No somos iguales frente a la vida o la muerte, y esta es la expresión más brutal y moralmente menos tolerable de la estratificación social.

La vida es en efecto el bien supremo, y por eso la salud es un derecho básico de los seres humanos. Los derechos humanos son universales (pues las personas pobres no son menos humanas que las ricas) y los derechos de verdad son exigibles (de lo contrario son mera poesía). O sea que el Estado está en la obligación de asegurar la salud para todos.

¿Pero cuáles servicios de salud obligan al Estado? Si es salud avanzada, la sociedad tendría que aumentar su inversión en salud en escala astronómica. Estados Unidos por ejemplo destina el 19% de sus ingresos a atender la salud -y aún así hay 35 millones de personas desprotegidas-; Colombia, que hoy dedica el 8% del ingreso nacional a la salud, tendría que invertir el 76% de su PIB para que los colombianos tengan servicios similares a los norteamericanos. Imposible.

El otro modo de igualar el servicio de salud es prohibir que los ricos gasten más que los pobres en salud. Pero eso es tanto como prohibir que los ricos sean ricos, es decir, sería la revolución que por fin pondría fin a las clases sociales. Imposible.

El corolario de esas cosas obvias es que la claridad sobre cuánto invertir y sobre cómo repartir ese gasto entre ricos y pobres es la cuestión primera y esencial que habría de afrontarse en el debate público acerca del servicio y el derecho a la salud. Porque está en juego el bien supremo de la vida, esta cuestión necesita hacerse transparente y ser objeto de un contrato social consciente e incluyente. Si uno parte de estas bases llegaría, creo yo, a unos pocos acuerdos para tomar en serio:

-El acuerdo de aumentar la inversión en salud de manera gradual y sostenida, porque el país se está desarrollando y porque la medicina cada vez es más cara.

-El de darle real prioridad a la salud preventiva (enfermedades infecciosas, agua y saneamiento, nutrición, tabaquismo, sedentarismo y similares?) porque su cobertura es más universal y porque prevenir es mucho más barato que curar.

-El de un paquete de servicios curativos que el Estado garantiza a todas las personas, que se financia con impuestos generales y cuyo costo unitario se sigue de dividir el total de los ingresos pactados por el número de prestaciones que prevean los actuarios. Sería el POS que los colombianos están dispuestos a financiar y que por supuesto puede ser más o menos generoso -pero no irrealista, como ahora-.

-El de planes de salud complementarios financiados con retención salarial, aporte patronales o primas voluntarias para distintos estratos o sectores- y en todo caso sin subsidios, como ahora.

-Y el de unos gobernantes que no trabajen para las EPS, que consigan sus votos sin ayuda de "chances", loterías o cupos del Sisbén, y que no nos engañen con el cuento, los unos, de que la salud no cuesta y los otros, de que no hay plata para la salud.

Pero en Colombia ya sabemos que los debates públicos se basan en ignorar las cosas obvias para dar la impresión, siempre fallida, de que los problemas se están solucionando. O más precisamente, para que en medio de la confusión que nace de ignorar las cosas obvias, los dirigentes y los vivos puedan seguir jugando a la piñata: Ahí están los decretos de emergencia y el debate que ha seguido a la emergencia.