Editorial
El Nuevo Siglo, Bogotá
Marzo 6 de 2010
Les asiste toda la razón al Gobierno y al sector privado colombianos al declarar su extrañeza, inconformismo y hasta perplejidad por las nuevas exigencias que la administración Obama haría en materia de garantías sindicales y protección de los derechos humanos en nuestro país, como pre-requisito para avanzar este año en la postergada ratificación legislativa del Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito por los presidentes Uribe y Bush a finales de 2006. La dilación ha sido de tal grado, que los dos mandatarios que lo firmaron hace más de tres años y medio no pudieron ponerlo en vigencia durante sus respectivos períodos. Como se sabe, Bush salió de la Casa Blanca hace un año y el Presidente colombiano dejará la Casa de Nariño en agosto próximo, sin que para entonces se vea la posibilidad de que haya humo blanco sobre el acuerdo.
¿Cuáles son las exigencias nuevas de Washington a Bogotá? ¿Solicitarán la adopción de más leyes y reformas de tipo laboral? Esa es la pregunta que tiene en ascuas a varias instancias colombianas, más aún porque el representante comercial del gobierno estadounidense, Ron Kirk, al comparecer esta semana ante el Senado de su país, no precisó cuáles serían esas modificaciones.
La situación no deja de ser extraña puesto que el texto original del acuerdo ya fue ajustado por el Ejecutivo y Legislativo de nuestro país debido a las presiones y condicionamientos puestos tiempo atrás por la bancada del partido demócrata norteamericano, en el gobierno Bush. En el marco de esa primera reforma se amplió la gama de medidas legales y reglamentarias para proteger la actividad sindical y el respeto a los derechos humanos. A la par de ello, a lo largo del costoso e infructuoso lobby que el gobierno Uribe ha adelantado durante los últimos tres años ante las esferas del poder en Washington, se han presentado infinidad de informes periódicos demostrando cómo han bajado sustancialmente los índices de asesinatos y atropellos a dirigentes sindicales, y los esquemas de protección física e institucional que el Estado les ha brindado.
En ese orden de ideas, la incertidumbre frente a lo que ahora pedirán las autoridades estadounidenses se torna rápidamente en prevención y sospecha. No son pocos los sectores que en nuestro país consideran que en realidad detrás de esta nueva dilación no hay cosa distinta a una excusa elegante a la que acuden tanto la Casa Blanca como las mayorías parlamentarias demócratas en Senado y Cámara para esconder el compromiso político y electoral que tienen con las poderosas centrales obreras norteamericanas, que se oponen férreamente a cualquier movida a favor de la apertura comercial. Y es que no se entiende la contradicción en apenas tres semanas entre los pronunciamientos públicos del presidente Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a favor de destrabar rápidamente el TLC con Colombia, y las afirmaciones de su Representante Comercial condicionando la ratificación legislativa a que Bogotá cumpla más exigencias en materia laboral y sindical.
Sin embargo, ese justificado inconformismo colombiano no debe llevar a asumir posiciones extremas ni mucho menos desafiantes, como las expresadas esta semana por algunos voceros gremiales locales en torno de que si Washington seguía dilatando la firma del acuerdo comercial, entonces Colombia debería repensar su alianza estratégica e integral con Estados Unidos, que obviamente va mucho más allá del tema económico.
Es claro que a la Casa Blanca le queda muy difícil romper de un día para otro el ánimo de proteccionismo comercial que prima en su bancada congresional. También que el tema político ha contaminado todo el proceso, puesto que los aliados que un día se ganan por cuenta del lobby económico colombiano en el Legislativo, se pierden después por el eco que tienen los informes drásticos sobre la situación de derechos humanos en nuestro país que algunas organizaciones no gubernamentales distribuyen entre los congresistas norteamericanos.
Así las cosas, quizá sea tiempo de ir resignando la posibilidad de que durante lo que resta del gobierno Uribe se puedan lograr avances sustanciales en el anhelo de la ratificación legislativa del TLC y, en consecuencia, mejor esperar a que la nueva administración presidencial colombiana pueda encontrar un ambiente menos prevenido y cauteloso en Washington después de agosto próximo.
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