La conexión Chávez

Mario Calderón Rivera

La Patria, Manizales

Marzo 7 de 2010

En un día del mes de mayo de 2006 los medios de España dieron cuenta de un curioso episodio. Un pequeño barco pesquero, denominado “Fabio Gallipolli”, que circulaba en aguas de Cabo Verde, fue sorprendido por la policía española con un cargamento de tres toneladas de cocaína. Sus dos tripulantes comparecieron ante el juez de la Orotava, en la isla de Tenerife, y revelaron que habían recibido la droga en altamar nada menos que de una patrullera de la Armada venezolana. Y en una charla entre los dos traficantes, interceptada por la Guardia Civil, se pudo escuchar una conversación en que uno de ellos expresaba el miedo de regresar a Venezuela para saldar la supuesta deuda que había contraído para embarcarse en su aventura. “Ahora el jefe es el hermano”, fue la respuesta tranquilizadora, según los mismos medios. En el desarrollo de la investigación preliminar, lo que pareció aflorar fue que el personaje detrás de la noticia podría ser Marcos Chávez Frías, nombrado por su hermano comisario general de la policía élite venezolana, encargada principal de reprimir el narcotráfico y el terrorismo.

Las hipótesis que desató el episodio anterior pudieron ser o no válidas para constituirse en pruebas para las posteriores actuaciones de la justicia española. Sin embargo, sí llegaron a engrosar evidencias alarmantes. Como que, según datos del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), un organismo del Ministerio del Interior de España, el 80% de la cocaína que ingresa a España proviene de Venezuela. Antes del régimen chavista ese porcentaje apenas llegaba al 20%.

Son muchos los hechos que concurren para aportar explicaciones a este fenómeno. Tanto los informes de la policía española, como los provenientes del propio gobierno colombiano, coinciden en que el delta del Orinoco hasta su desembocadura ha llegado a convertirse en la gran pista desde donde arrancan los grandes embarques de droga colombiana hacia las costas españolas. Y todo ello bajo la custodia de patrulleras de la Armada venezolana. Según datos revelados por los medios, en esa zona del gran delta del Orinoco más de 120 pistas clandestinas sirven esos propósitos. Hasta el punto de que el propio gobierno mexicano se sintió afectado y se sumó a los reclamos colombianos por una menor laxitud de parte de Venezuela.

Lo anterior sería ya suficiente para generar una inquietud de gran dimensión a nivel internacional, pero especialmente de parte de los gobiernos de España y de Colombia. Es posible que -como suele ocurrir- las vías diplomáticas hayan terminado en vacíos dilatorios, siempre de consecuencias imprevisibles. Sin embargo, el verdadero trasfondo de este fenómeno tenía que resultar develado en algún momento. Y no precisamente por la acción de los gobiernos, sino por la audacia de Eloy Velasco, un valiente juez de la Audiencia Nacional de España, quien ha creído identificar en este oprobioso escenario lo que pudiera ser la clave protagónica. Nada menos que una alianza criminal entre sectores del régimen chavista y las organizaciones terroristas de Eta y Farc. La misma en que el juez Velasco comienza por identificar como personaje central a Arturo Cubillas, el principal etarra refugiado en Venezuela desde 1989, acusado de tres asesinatos cometidos durante la década de los ochenta. No obstante semejantes antecedentes, en 2005, fue nombrado por el régimen de Chávez como Director de Bienes y Servicios del Ministerio de Agricultura. Allí conoció a Goizeder Odriozola, una hija de exiliados vascos, que trabajaba con ese mismo Ministerio y que posteriormente fue trasladada nada menos que a ser Directora General del Despacho de la Presidencia, con categoría de gabinete de Chávez.

Con base en primeros indicios el juez Velasco ha ordenado el procesamiento de siete miembros de la Eta, encabezados por Cubillas, y un número igual de las Farc, por su alianza para actuar en territorio de España como adiestradores en la fabricación y utilización de explosivos y el manejo de misiles tierra-aire. En la lista de procesados de las Farc figura Rodrigo Granda Escobar, liberado por el presidente Uribe, para atender a una deplorable intercesión del Presidente de Francia. En ese contexto aparece un plan siniestro para asesinar a líderes políticos españoles y suramericanos. Concretamente se menciona al presidente Álvaro Uribe, al ex presidente Andrés Pastrana y a la ex-canciller Noemí Sanín.
Como era de esperarse, en el expediente levantado por el juez de la Audiencia Nacional emergen los archivos del guerrillero abatido Raúl Reyes, que evidencian esa alianza siniestra entre Farc y Eta. Para el funcionario judicial se configura, al menos en principio, “la cooperación venezolana en la ilícita colaboración entre las Farc y Eta”.

El proceso que ha desatado la decisión del juez Velasco lo comienza a vivir la comunidad internacional. España se ha visto sacudida por un escándalo que es apenas el reflejo del fastidio que tan bien se expresó en el “¿por qué no te callas?” del Rey Juan Carlos. Y el único que -con calculado cinismo- se ha declarado sorprendido ha sido el señor Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Este personaje ha figurado durante varios años como un frecuente visitante del Palacio de Miraflores en Caracas, con más trazas de agente comercial que de Canciller. Y siempre como gestor abierto de los más jugosos negocios que España ha realizado con el régimen de Chávez. Moratinos ha sido además y sin ningún reato, el más intenso promotor de la venta de armas de fabricación española para Venezuela. Infortunadamente, con la misma falta de vergüenza con que ha logrado vendérselas a Colombia. Y no por pura casualidad España es el mayor proveedor de armas para Chávez, después de Rusia. “El Ministro es rehén de sus tratos con Chávez” es lo que se más se ha dicho por estos días en ciertos círculos madrileños. No debería sorprendernos que, al final de todo este episodio, la clave de todo, pero también la incógnita nunca descifrada, pudiera estar en la respuesta que Chávez lanzó groseramente a la cara de Rodríguez Zapatero: “si quiere alguna explicación, pídasela a su canciller Moratinos”.

El Mundo, uno de los más respetables diarios de España, ha demandado en su editorial del 2 de marzo claridad y decisión al Gobierno de Rodríguez Zapatero. “El Ejecutivo español no puede seguir mirando hacia otro lado. Es necesario que España evite que haya paraísos o refugios para los asesinos. Eso supone ahora exigir responsabilidades a Chávez y no ceder a sus exabruptos, por intensas que sean las relaciones comerciales con Venezuela y por importantes que sean los negocios de empresas españolas con ese país. Nadie entendería que en estas circunstancias, el dictador que llegó al poder por las urnas en Venezuela asistiera a la cumbre con Latinoamérica en Madrid como si no ocurriera nada”.