Editorial
El Colombiano, Medellín
Marzo 7 de 2010
Celebramos que el paro de transporte que afectó esta semana a no menos de cuatro millones de personas en Bogotá se haya solucionado, pero resulta un imperativo que las demás ciudades que ahora adelantan la construcción de sus sistemas de transporte masivo tomen nota de las consecuencias y aprendan de estas traumáticas experiencias.
Lejos de querer co-gobernar en temas tan sensibles como el del transporte público, sí creemos necesario y urgente revisar todos los esquemas de negociación que se hacen con los transportadores en las grandes ciudades, pues quedó claro que en el caso de Bogotá se quiso imponer la anarquía de unos pocos y la insensatez de otros que, sin velas en el entierro, quisieron pescar en río revuelto, como es el caso de los taxistas.
Medellín, que no ha estado exenta de tensiones entre su administración y los propietarios de vehículos de transporte público, ha logrado desarrollar mecanismos de concertación y diálogo para modernizar su sistema masivo, y el metro ha sido un eje aglutinador de la ciudad en materia de movilidad.
Metroplús, como sistema de mediana capacidad, debe ser la otra herramienta para consolidar un verdadero sistema masivo de transporte que responda a las necesidades de la región metropolitana. Estamos en mora de ponerlo a funcionar y razón le asiste al Presidente de la República, Álvaro Uribe, en mostrar su molestia por los retrasos permanentes en el avance y puesta en servicio del sistema.
No vaya a ser que, además de los sobrecostos que ya tiene metroplús, haya problemas dentro de las negociaciones que se adelantan para conseguir que se chatarricen los buses. Por el contrario, el camino debe estar despejado cuando entre en operación el sistema. El hecho de que exista un acuerdo para que los transportadores sean los que operen el sistema y el Metro lo administre, no despeja la preocupación de que se cambien las reglas de juego sobre la marcha.
Aquí también hemos tenido experiencias duras y traumáticas cuando la autoridad municipal ha querido meter en cintura a algunos transportadores que buscan mantener privilegios por encima del interés general de la ciudad. En el pasado reciente, algún alcalde de Medellín prohibió el ingreso de buses y busetas a una parte del centro y los transportadores quisieron bloquear la ciudad. La respuesta fue contundente: podían protestar, estaban en su derecho, pero no en sitios donde se colapsara la movilidad de los ciudadanos. Ese antecedente marcó una nueva etapa en las relaciones entre Alcaldía y transportadores, aunque después otros mandatarios, por interés político, revocaron la decisión o fueron incapaces de retomarla.
Los hechos de Bogotá, con actos de vandalismo, saqueos y agresión a los propios usuarios del transporte, no se deben repetir en ninguna parte. El ejemplo que dieron el Gobierno nacional, los ex alcaldes de la capital y un amplio sector de empresarios, de apoyar al Alcalde Samuel Moreno, más allá de las diferencias ideológicas, demuestra que la apuesta por modernizar los sistemas masivos de transporte no se detendrá ante intereses mezquinos de unos pocos. El transporte es un bien público esencial.
El respaldo que dieron los propios transportadores del Valle de Aburrá a la mesa de diálogo que existe con la Alcaldía de Medellín debe traducirse en hechos concretos y en decisiones de fondo para lograr que la integración del metro con metroplús vaya en la dirección de beneficiar a la región, no a unos pocos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario