Luis Fernando Múnera
El Mundo, Medellín
Marzo 1 de 2010
Está sobre la mesa la propuesta de Esteban Piedrahita, Director de Planeación Nacional, de implantar en Colombia el salario mínimo legal variable por regiones. La razón fundamental de esta idea es ayudar a generar más empleo para poblaciones pobres, mediante el reconocimiento de las particularidades de cada zona geográfica en materia de costos de vida. “El salario mínimo en las grandes capitales colombianas no es alto, pero en departamentos como el Chocó es relativamente elevado. La idea es revisar que haya diferenciación por regiones o ciudades. Para citar algunos casos, la renta promedio por habitante en Bogotá es casi cinco veces la de un poblador del Chocó o del Vichada, mientras que la de Antioquia o el Valle casi triplica la de Sucre”, dice Piedrahita.
La idea ha generado opiniones a favor y en contra. Su aplicación tendría dificultades prácticas y políticas. Sin embargo, la propuesta es importante y la reforma, necesaria, por lo cual es prudente que se analice con cuidado y objetividad. Y que la discusión se haga con tiempo, sin la presión de la negociación de salario mínimo del final del año.
El salario mínimo se define como el ingreso que requiere una familia para satisfacer sus necesidades básicas. Este es un buen punto para iniciar la discusión. ¿De qué familia se está hablando? ¿Una familia de qué región del país? ¿Una familia urbana o una rural? ¿Por qué se dice que, por lo general, una familia no sobrevive con un solo salario mínimo sino al menos con dos? ¿Implica lo anterior que el nivel de las necesidades es relativo? Las respuestas a estas preguntas mostrarían que en efecto no es posible hablar de un solo salario mínimo representativo para todo el país y menos para todas las familias a las que está dirigido.
La canasta familiar es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos con el salario mínimo para su sostenimiento de forma habitual por una familia típica en su composición, con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se compone de artículos relacionados con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros. Los expertos recomiendan que contenga trescientos, como mínimo. La de Colombia incluye aproximadamente cuatrocientos, cuyo costo se mide en veinte mil establecimientos de comercio minorista en todo el país.
Pues bien, el promedio solamente es un buen indicador de la realidad de la población si la dispersión de los valores es baja. Por ejemplo, cien es el promedio de los números comprendidos entre 99 y 101. Pero, también, cien es el promedio de los números entre 1 y 199. Ese cien representa mejor la población del primer caso que la del segundo. Es falso que dos personas se comieron en promedio medio pollo cada una, si la primera se comió el pollo completo y a la segunda no le tocó nada en la repartición. Lo mismo pasa con la canasta familiar. Las necesidades básicas de una familia típica de la población más pobre son muy distintas a las de una familia de la clase media, y más diferentes todavía si se habla de una familia que vive en una gran urbe o en una vereda. Por tanto, una canasta promedia nunca será representativa para ninguna de ellas.
El índice anual de precios al consumidor, IPC, está ligado al costo de adquisición de la canasta familiar y su variación periódica, como promedio de todo el país. La queja de que ese índice no representa satisfactoriamente el verdadero incremento del costo de la vida es reiterada. Y eso es así no solamente por la dispersión de las necesidades básicas mencionada arriba, sino también porque en esa canasta hay productos que son inelásticos al precio, pues la familia debe adquirirlos, cuesten lo que cuesten. Además, el precio de muchos de ellos depende de la decisión política del Gobierno, tales como los servicios públicos, los combustibles, el transporte, entre otros, cuyo incremento anual ordinariamente es superior al IPC. Por lo tanto, las familias que más dependan de éstos sufren un impacto más alto.
Si se reconoce que el contenido de la canasta familiar tiene las variaciones que se mencionan atrás, es necesario, además, evaluar cuál es su verdadero precio de adquisición y el real impacto de su variación anual.
Las consideraciones anteriores permiten concluir que la propuesta del director de Planeación Nacional sobre la necesidad de un salario mínimo diferencial por regiones en Colombia es razonable y necesaria. Y mejor aún si se tiene en cuenta la dispersión en las necesidades de las familias según los grupos socioeconómicos. Se justifica estudiarla con cuidado, obviamente con la intención de favorecer a la población más débil. Se requerirá desarrollar y aplicar un modelo conceptual más complejo y detallado que el actual, pero más representativo de las realidades que deben verse reflejadas en la canasta familiar y en su costo. En este comienzo de marzo de 2010 estamos a tiempo para empezar a discutir el salario mínimo de 2011.
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