Triángulo ETA-Farc-Chávez

Editorial

El Mundo, Bogotá

Marzo 2 de 2010

Para el trabajo de la justicia española fue fundamental el material de los famosos computadores de “Raúl Reyes”.

Un juez de la Audiencia Nacional de España dicta orden de captura internacional contra seis terroristas de ETA y otros siete de las Farc, entre otros delitos, por fraguar un plan para atentar contra altas personalidades colombianas en ese país, empezando por el propio presidente de la República Álvaro Uribe, y, como si fuera poco, establece que en el proceso obran pruebas de cooperación gubernamental venezolana con la ilícita actuación de esas dos organizaciones al margen de la Ley, y la tímida reacción de nuestro Gobierno es que “actuará con prudencia” y buscará “a través de los canales diplomáticos” conocer la verdad de la presunta relación entre las Farc y ETA. ¡Por Dios bendito, en qué país vivimos!

Leímos con mucho interés el “Auto de Procesamiento” del Juzgado Central de Instrucción No. 6, de la Audiencia Nacional, en Madrid, firmado por el Magistrado Juez Eloy Velasco Núñez, el pasado 24 de febrero, un documento de 26 folios, cuyo punto de partida es contundente: “Tanto las Farc como ETA, son organizaciones terroristas que tienen por objeto subvertir el orden constitucional de los Estados democráticos en los que desarrollan sus actividades criminales, Colombia y España, respectivamente..., estando declaradas como tales por la Decisión de la UE del 17 de junio de 2002 e incluidas en el Anexo de Organizaciones Terroristas establecidos por la Posición Común del 17 de mayo de 2004”.

El juez Velasco respalda su auto en una copiosa documentación sobre ese contubernio criminal, que comienza aparentemente en 1993 pero se activa en 1999, cuando, tras la detención de tres dirigentes etarras en París, en marzo de ese año, las autoridades encuentran documentos que revelan “actividades conjuntas, con explosivos y armas, de ETA y las Farc en la selva venezolana-colombiana”. El juez hace un pormenorizado relato de las circunstancias en que cada uno de los procesados, tanto de ETA como de las Farc, va entrando en escena y la manera como se ve en ello involucrado el gobierno de Hugo Chávez. “En noviembre de 1999 – Chávez estaba en el poder desde febrero de ese año – el Comité Ejecutivo de ETA se interesó en el establecimiento de relaciones oficiales con el Secretariado de Farc, con el objeto de exportar al extranjero sus tácticas y técnicas terroristas, y aprender experiencias ajenas en ese ilícito campo”, dice el auto, y detalla cómo se dieron los contactos iniciales y quiénes fueron los responsables, dos de ellos involucrados en la investigación de marras y que habían llegado a Cuba y Venezuela deportados de Francia en 1984.

Pero el principal responsable de esos contactos en Colombia, según el expediente, es Arturo Cubillas Fontán, alias “Arturo”, prófugo de la justicia española desde 1985 por asesinato y otros delitos, detenido y deportado por Francia en noviembre de 1987 a Argelia y posteriormente a Venezuela, donde se casó en 1990 con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, alta funcionaria desde el comienzo del gobierno Chávez. La señora del procesado terrorista fue hasta enero de 2007 la Directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y desde entonces es directora general del Gabinete de la Presidencia de Venezuela, mientras que su marido goza de la cobertura legal de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura. Este personaje es señalado en la investigación del juez español como responsable del Colectivo de ETA en Venezuela y sus contactos en Colombia han sido, nada más ni nada menos, que el comandante del frente 33 de las Farc, que delinque en Norte de Santander, Emiro Ropero Suárez, alias “Rubén Zamora”, y el tristemente célebre “canciller” Rodrigo Granda Escobar, alias “Ricardo”, con quien aquél pactó una reunión en territorio colombiano, a celebrarse en la segunda quincena de 2004, entre el comandante “Raúl Reyes” y un miembro de la dirección de ETA, la misma que se frustró, según dice allí, por la serie de detenciones que sufrió la cúpula de la banda a lo largo de todo ese año.

Un aspecto que ignoran los informes de prensa, inclusive en España, quizá por no haber leído la totalidad del auto judicial, es que para el trabajo de la justicia española fue fundamental el material de los famosos computadores, incautados por el Ejército colombiano en el campamento de “Raúl Reyes”, tras la brillante operación militar que – cada vez se ve con mayor claridad – partió en dos la historia del narcoterrorismo de las Farc en Colombia, porque dejó al desnudo lo que se tenía por cierto pero no había sido suficientemente probado, y es su entramado de alianzas internacionales, no sólo con otras organizaciones de su calaña sino con gobiernos que les han brindado apoyo o han sido como mínimo conniventes o tolerantes con sus actividades delictivas. “Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las Farc y ETA y en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país”, concluye el juez Velasco.

En la lista de posibles víctimas de atentados criminales de la alianza ETA-Farc, según el juez, figuraban el presidente Álvaro Uribe Vélez, el vicepresidente Francisco Santos, la ex embajadora en España Noemí Sanín, el ex presidente Andrés Pastrana Arango, el empresario Carlos Ardila Lulle, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, entre otros. Ante tan tenebroso plan, develado por la justicia española, el gobierno de Rodríguez Zapatero pidió explicaciones a su homólogo venezolano, que contestó groseramente, tildando de “tendenciosa”, “infundada” e “inaceptable” la acusación del juez. Pero si hay alguien con derecho a exigir una explicación sobre el nefasto triángulo ETA-Farc-Chávez, de inmediato y no al cabo de las quinientas, es el Gobierno colombiano. Francamente no entendemos esa pasividad de nuestra Cancillería.