Jorge Mario Eastman
La Pátria, Manizales
Marzo 10 de 2010
En 1982 desde el ministerio de Gobierno, hoy del Interior y Justicia, nos correspondió presidir dos elecciones cruciales: en marzo, las parlamentarias; y, en mayo, las presidenciales. En la primera, el liberalismo ganó por cerca de 800 mil votos sobre el conservatismo y, no obstante un triunfo tan amplio, dos meses después perdió en la segunda vuelta frente a una alianza de corrientes lideradas por Belisario Betancur bajo el impactante lema del “sí se puede” que, año después, utilizara victoriosamente Barack Obama.
A partir de esta fecha se han hecho más que evidentes tanto la atomización organizacional de los partidos tradicionales como su falta de respuesta idónea al conflicto múltiple que venimos padeciendo. Las grandes colectividades pasaron a ser sumatorias de minifundios de todos los tamaños en los cuales el “dueño” de cada curul legislativa ejerce como reyezuelo de su propio “garaje” político. Luego en el 2002 hizo presencia una fuerza decisoria que se encargó de demostrar que las viejas maquinarias ya no superaban al voto de opinión y que por ser Colombia un país de ciudades los feudos podridos habían entrado en barrena, así fuera gradualmente.
Se han puesto en marcha nuevos conceptos tales como el “umbral”, el “voto preferente” y “la cifra repartidora”. Explicarlos es tarea urgente y escapa a la posibilidad de hacerlo a través de una columna periodística. Pero valga, como contribución, la siguiente síntesis extraída de un estudio del especialista en la materia Juan Pablo Estrada.
Las normas vigentes se refieren a la organización interna de los partidos y, entre otras variantes, impiden a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Señalan, también, lo relacionado con su personería jurídica, su financiación, el límite a los gastos de campaña, el acceso a los medios de comunicación, lo mismo que al derecho a su utilización en los medios de comunicación. Prohíbe la elección para más de una corporación o cargo público, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo. Faculta la utilización del voto electrónico y establece la repetición de una elección en caso de que los votos en blanco sean mayoritarios.
El “umbral”: conocido también como barrera electoral, barrera legal, barrera mínima, se define como una disposición normativa que regula o limita el acceso a la participación de algunos partidos políticos en la vida de una sociedad, que no hayan alcanzado una votación determinada y, por lo tanto, no tiene derecho de ocupar un escaño en la corporación a la cual aspiran.
Mediante el “voto preferente” el elector puede señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista del Partido o movimiento político que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se reordena de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. El tema de la “cifra repartidora” es tarea de matemáticos y “manzanillos”.
Hoy preocupa detectar las vacilaciones, confusiones, cuando no la ignorancia de gentes de todos los estratos sobre los comicios del próximo domingo. Da grima, por ejemplo, la falta de información e interés relacionados con la integración, la corrupción y la olla podrida del nepotismo.
Por fortuna, hacia el futuro, aparece el liderazgo indiscutido de Álvaro Uribe como brújula y guía de una coalición mayoritaria conformada por quienes vienen garantizando, de tiempo atrás, continuidad creadora a la seguridad democrática. Él es, sin duda, un líder nato, de tiempo completo, enemigo de los paréntesis: pensar lo contrario es incurrir en una necedad.
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