Venezuela, Eta y las Farc

Editorial

El Espectador, Bogotá

Marzo 4 de 2010

Las cosas son como son, reza un conocido adagio popular, y más temprano que tarde termina sabiéndose su real dimensión.

De allí que los graves señalamientos que ha hecho al gobierno de Venezuela un juez de la Audiencia Nacional de España, de tener vínculos tanto con Eta como con las Farc, hayan generado la natural indignación y rechazo en el país ibérico y en Colombia.

La respuesta de nuestro gobierno ha sido prudente, pero firme, pues está en juego el restablecimiento de las maltrechas relaciones bilaterales. La misma que contrasta con la nueva andanada del presidente Hugo Chávez al decir que se trata de “rezagos de un pasado colonial” y que en últimas todo esto forma parte de una “orquesta” que maneja el “imperio yanqui” en su contra y que busca sabotear la nueva Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Nada nuevo de su parte.

El asunto no es menor: según el juez Eloy Velasco, Eta y las Farc planearon llevar a cabo atentados, en España, contra el presidente Álvaro Uribe, el ex presidente Andrés Pastrana y otras personalidades. La Audiencia Nacional es una institución de reconocida seriedad, lo que llevó a que el propio presidente español, Rodríguez Zapatero —quien no atraviesa por su mejor momento—, haya solicitado a su canciller Moratinos que pida las debidas explicaciones a Caracas. El partido de gobierno, el PSOE, también ha dicho que éstas deben darse “de forma inmediata” y el PP ha sido más radical al sugerir un eventual rompimiento de relaciones. Infortunadamente, la Cancillería venezolana, en vez de ofrecer su colaboración para aclarar las graves acusaciones, dijo en un comunicado que en el auto emitido por el juez Velasco “se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano”.

Una conocida máxima jurídica dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Guardadas las proporciones, y en el ámbito de las relaciones internacionales, se podría alegar otro tanto. Es decir que ante la respetuosa solicitud que hace el gobierno de España, para aclarar los hechos, debería recibirse una respuesta similar que, a través de una explicación satisfactoria, seria y fundamentada —como también la solicitó el canciller Bermúdez—, despeje cualquier duda al respecto.

Lo anterior le permitiría a Venezuela desestimar las pruebas que tenga la Audiencia Nacional y, de paso, acallar a los “enemigos de la revolución” de los que habla Chávez. Sin embargo, al venirse, otra vez, lanza en ristre contra quienes le hacen señalamientos, sin controvertir los argumentos esgrimidos en su contra, aumenta la desconfianza de quienes con toda razón, en Madrid y Bogotá, esperan una respuesta detallada y contundente. Con su actitud, Hugo Chávez no hace sino entregar más pólvora a aquellos que lo perciben como cercano a peligrosos grupos al margen de la ley.

Por ahora Moratinos ha dicho que Chávez está dispuesto a colaborar y su embajador en España, el ex fiscal Isaías Rodríguez, dijo en recientes declaraciones que “el acto de apertura descansa en presunciones fundadas en elementos muy frágiles, y que no hay pruebas contundentes”. Por ahí es la cosa. Ahora les compete demostrarlo.

Este tipo de acontecimientos se deben observar con especial cuidado y objetividad, sin caer en falsas cruzadas de tinte nacionalista. Pero cuando de fuente judicial seria se hacen señalamientos que involucran la integridad personal de tan altas personalidades, como en el caso de los presidentes Uribe y Pastrana, se requiere una pronta y satisfactoria explicación por parte de las autoridades venezolanas. Las cosas son como son.