Colombia, ejemplo para las Américas

Editorial

El Mundo, Medellín

Marzo 13 de 2010

Reconocimientos que nuestra implacable crítica soslaya o minimiza. ¿Será esto buen periodismo?

Año tras año, Colombia ha debido someterse no sólo al sesgado escrutinio de reconocidas ONG de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Right Watch, sino a la mal disimulada animadversión hacia el Gobierno y la persona del presidente de la República por parte de los personeros de esas organizaciones y, como si fuera poco, al ánimo escandaloso y sensacionalista de cierto periodismo capitalino, que en lugar de tomar todo eso con beneficio de inventario, entresaca lo más espectacular y negativo de la crítica para enfocar titulares y noticias, sin reconocer que Colombia es el único país de Latinoamérica que hasta ahora se ha sometido voluntariamente al examen periódico de Naciones Unidas sobre su compromiso insoslayable con la guarda, el respeto y la defensa de los derechos humanos.

A comienzos de la semana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos divulgó su tradicional “Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo”, que si bien tiene esa connotación aburridora de “certificación del Imperio” a la manera como se comportan en esa materia otras 194 naciones, hay que admitir que, por lo menos en lo relativo a Colombia, todo lo que allí se describe y las críticas que se formulan parten de la presunción de buena fe de los personeros del Estado colombiano y se hacen generalmente con ánimo constructivo. No dejamos de observar, sin embargo – tras una lectura cuidadosa de las más de 50 páginas dedicadas a Colombia dentro del informe – que, al igual que aquellas ONG, sus autores incurren de vez en cuando en generalizaciones acerca de conductas delictivas de algunos miembros de la fuerza pública y en la sobrevaloración, sin ningún análisis, de ciertas estadísticas, conclusiones y denuncias de Ong colombianas, reconocidas por su apasionamiento y parcialidad en relación con el Ejército y el Gobierno.

No obstante esa notable diferencia de enfoque entre las citadas Ong y el Departamento de Estado, la manera de abordarlos por parte de ese periodismo amarillo es exactamente la misma: esculcar afanosamente en su contenido para encontrar la frase escandalosa o el dato espectacular, sacándolos del contexto, para construir a partir de allí una noticia que deja al lector mal informado y al país como un paria ante el mundo. Por ejemplo, el corresponsal de El Tiempo en Washington – que se supone estaba al pie de la fuente – envía un despacho, titulado: “Informe de Derechos Humanos de E.U. cita las ‘chuzadas’ y Agro Ingreso Seguro. Según el Departamento de Estado, estos casos son una muestra de la “corrupción con impunidad”. Luego dice que “el informe sobre Derechos Humanos en Colombia hace nota del escándalo que se generó por las interceptaciones ilegales del DAS y el caso de Agro Ingreso Seguro, en el que se vio envuelto el ex ministro de Agricultura y candidato (sic) Andrés Felipe Arias”.

Vamos a citar textualmente lo que dice el informe acerca de AIS, reprobando como reprobamos las eventuales irregularidades o delitos que allí pudieron cometerse. En la Sección 4. “La corrupción oficial y la transparencia gubernamental”, reconoce que “La ley contempla penas por corrupción oficial, y el Estado denunció activamente los casos de corrupción entre sus funcionarios. Sin embargo, las actividades de algunos funcionarios corruptos quedaron en la impunidad”. Cita el caso de los cinco altos funcionarios del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Concesiones, incluyendo su director, que fueron obligados a renunciar luego de que grabaciones telefónicas los implicaran en la solicitud de sobornos en conexión a la Concesión del Corredor Férreo del Magdalena”. Y toda la referencia a AIS se reduce a estas cuatro líneas: “El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y otros funcionarios del Ministerio estuvieron implicados en un escándalo que incluía el uso inapropiado de programa de subsidios para riego y drenaje del Ministerio de Agricultura. Las investigaciones seguían su curso al finalizar el año”. Nos parece una bellaquería implicar en un titular, en vísperas de un crucial debate electoral, que un precandidato presidencial está incurso en conducta dolosa o delictiva, cuando apenas comienzan las investigaciones. En cambio, no merecen la atención del periodista la decena de procesos anticorrupción o sobre el contubernio política-paramilitarismo, que concluyeron con severas condenas a sus responsables.

Todo eso contrasta con el tratamiento de noticia de segunda categoría que le dieron grandes medios, desafectos al Gobierno, a la elocuente carta del presidente Obama a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, en la que exalta su actitud frente al fallo de la Corte sobre el referendo reeleccionista que, a su juicio, “demuestra cómo las democracias funcionales, como el caso de Colombia, están gobernadas por el Estado de Derecho y por un permanente respeto al marco constitucional”. Lo presenta como “un ejemplo invaluable de cómo todos los ciudadanos –incluso presidentes- deben estar sujetos a la ley y aceptar los resultados de las instituciones democráticas de su país”. Y concluye con una tesis que aquí hemos defendido insistentemente: “Este principio, aparentemente simple, muchas veces es ignorado a lo largo de la región, y el claro acatamiento de esto va a resonar en las Américas en los años venideros y formará otro capítulo vital para su legado”. Reconocimientos que nuestra implacable crítica soslaya o minimiza. ¿Será esto buen periodismo?