El desangre de la salud

Editorial

El País, Cali

Marzo 12 de 2010

Después del intenso debate que desató la reforma a la salud decidida por el Gobierno mediante una emergencia social, la Nación está suficientemente informada sobre los errores que se pudieron haber cometido en las normas expedidas. Pero, aunque sean necesarias las críticas y el debate, no puede olvidar la necesidad de cerrar las ventanas rotas que, como los sobrecostos a los medicamentos, desangran los bolsillos de los colombianos para beneficiar intereses privados.

Las investigaciones de entidades como el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana y de muchas otras instancias, dan cuenta de la enorme diferencia que existe entre el costo de algunos medicamentos en los mercados internacionales y lo que debe pagar el Fosyga a las Empresas Prestadoras de Salud, EPS. Son diferencias de hasta el 700%, que son pagadas con recursos públicos, y que se cobran en razón a sentencias sobre enfermedades no cubiertas por el POS.

Lo sorprendente de esos cobros es que las EPS y el enjambre de intermediarios que perduran alrededor de la salud evadan su responsabilidad de los sobrecostos. Y que Juan Manuel Díazgranados, presidente de la Asociación que agrupa esas entidades, en vez de rechazarlos los justifique en una entrevista a un diario nacional, diciendo que “en Colombia no se ha definido qué se considera abuso y qué no”. O que “nuestro papel (de las EPS) se limita a cobrarle al Fondo, con soporte de facturas, lo que nos cobran proveedores, hospitales y demás intermediarios por los medicamentos”.

Paladino reconocimiento el que hace el dirigente gremial sobre la omisión con que sus asociados tratan un asunto clave en la crisis que afecta la salud: ni más ni menos que la razón por la cual el Estado pasó de pagar $4.000 millones en el año 2000 por esas drogas, a más de un billón de pesos en el 2008. Es decir, el presupuesto público no es su problema, así los abusos que ahora se conocen afecten la capacidad de pagar el funcionamiento del sistema y lleven a decretar una emergencia social de la cual se desprendió una reforma tributaria que proporcionará los recursos para impedir, entre otras cosas, que las EPS se quiebren.

No hay pues un afán de asumir las responsabilidades que corresponden. Como tampoco está claro que el país esté preparado para enfrentar las prácticas monopolísticas de las multinacionales farmacéuticas que se amparan en los privilegios del régimen de marcas y patentes, para mantener márgenes de utilidad desproporcionadas. Allí es cuando aparecen de nuevo las críticas a los acuerdos alcanzados en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Así las cosas, Colombia tiene que actuar contra esos abusos. Y si acaso la reforma a la salud es declarada inconstitucional, al Estado le queda la obligación de detener el desangre que le genera el sobrecosto en los medicamentos y la laxitud con que hasta ahora se ha actuado. Una cosa es que se respete la libertad de empresa y se promueva la confianza inversionista. Pero otra muy distinta es que el afán de lucro se convierta en enemigo de la salud pública.