José Manuel Restrepo Abondano
El Nuevo Siglo, Bogotá
Marzo 4 de 2010
Totalmente absurdo, irracional y subdesarrollado ha sido el escenario que ha vivido la capital de la República, con el paro de transportadores. Eso que pareciera un derecho de los empresarios a protestar por los abusos que pueden presentarse en su relación con el gobierno local, resulta en un acto violatorio de un derecho esencial en la vida de una nación (la movilidad).
Así como se entiende que en servicios públicos como la salud, o la defensa, no cabe la huelga o el paro, así tampoco ni en el transporte público, ni en la educación o justicia debiesen permitirse expresiones como esta, que se convierten más en chantajes sociales, para presionar gobiernos y obtener jugosas dádivas a costa del erario y con ello de los recursos de los ciudadanos.
Es totalmente reprochable que un sujeto, ya repugnante para muchos, como Alfonso Pérez, se convierta en el héroe negativo de una sociedad y sea capaz de bloquear el desarrollo de una ciudad y de una nación. Con qué derecho un sujeto es capaz de sabotear la vida normal de los ciudadanos sometiéndolos a violencia, trancones, molestias e incluso atentando contra su propia vida en buses atestados de seres humanos, que no dejan respirar libremente.
El espectáculo de Bogotá es deprimente y habla de ajustes inminentes y necesarios en todo el negocio del transporte público de la ciudad. Independiente que uno comparta o no la gestión del Alcalde de Bogotá, no cabía la menor duda que su propuesta de sistema integrado de transporte era un camino para solucionar los problemas en este servicio público. Cómo es posible que un sujeto lidere una campaña para forzar el desmonte de una propuesta que contribuye a mejorar el desarrollo urbano, y en lugar de eso pretenda sostener el negocio podrido del transporte en Bogotá. Sea, además, este el momento para identificar muy bien a aquellos “empresarios” del transporte, que terminan siendo políticos en el Concejo de Bogotá y en el propio Congreso de la República, e impedir que lleguen a estos escaños donde suelen defender sus intereses privados y nunca el bien común de la sociedad.
Peor aún es que los otrora transportadores se conviertan ahora en verdaderas guerrillas urbanas, tira-piedras, y saboteadores del sí muy eficiente sistema Transmilenio. A estos delincuentes les debe caer todo el peso de la ley encima, y debería ser este el momento para sentar un precedente histórico de la justicia en el país. De no hacerlo la lección es fácil de aprender: bloquee Transmilenio, haga operación tortuga y restrinja un servicio público y habrá usted colapsado una ciudad por cualquier motivo que pretenda ser aducido.
Quién pagará, además, los servicios de salud que tuvieron que ser utilizados por más de un centenar de personas por la supuesta “protesta pacífica” de los transportadores violentos.
Llegó el momento para que la Justicia tome verdaderas cartas en el asunto y nos evite futuras protestas violentas como las que hemos vivido esta semana en Bogotá.
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