viernes, 5 de marzo de 2010

España, ¿y ahora qué?

Lionel Moreno Guerrero

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 5 de 2010


EN el mundo, inclusive España, hay certeza de que Venezuela ayuda activamente a la guerrilla colombiana, especialmente a las Farc, y también al casi extinto, pero aun letal ELN, cuyos líderes encuentran refugio en su territorio. La novedad del Auto de Procesamiento de un juzgado madrileño contra varios ciudadanos españoles pertenecientes a la agrupación terrorista vasca, ETA, y a varios miembros de las Farc, es que pone al actual gobierno español en un gran dilema. Bajo Rodríguez Zapatero, España ha tenido una actitud complaciente, apaciguadora, frente a las actitudes antidemocráticas de los gobiernos izquierdistas latinoamericanos, en particular de Cuba y de Venezuela. Defiende la causa castrista ante la Unión Europea, fue instrumental, en 2008, en el levantamiento de las sanciones que esta había impuesto a Cuba y actualmente, presidiendo el Consejo de la Unión Europea, aboga por la derogatoria de la Posición Común de 1996, según la cual Europa exige a Cuba avances en democracia y derechos humanos. La colaboración económica con Cuba es importante y muchas sus inversiones y las ventas de armas, con lo que se ha justificado su actitud.


Frente a Venezuela la condescendencia es, tal vez, mayor. Sólo la semana pasada, el ministro de Relaciones hispano, Moratinos, afirmó que España mantiene frente a Venezuela una “actitud pragmática… constructiva y exigente… un diálogo constante que ha permitido preservar el estado de derecho, la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el respeto a las minorías y el clima de entendimiento”. El año pasado Chávez expulsó al eurodiputado español Luís Herrero, pero España declaró “zanjado” el incidente con sólo una queja y no ha tomado acción importante frente a la nacionalización de propiedades españolas en Venezuela. ¿Y qué ha dicho sobre las violaciones a los derechos humanos y libertades públicas en Venezuela? Nada, fuera de vacuidades tales como manifestar Moratinos que España tiene la intención de seguir manteniendo “una interlocución responsable y prudente” para transmitirle a Venezuela un mensaje de “profundización democrática y, paralelamente, de defensa de nuestros intereses”, a pesar de la insistencia de la oposición en que adopte una actitud firme frente a los abusos del autócrata caribeño.


El dilema del gobierno español es, entonces, si condena la cooperación de Chávez con el terrorismo, no ya el de un lejano país, Colombia, sino con el terrorismo español, el de ETA, varios de cuyos miembros han encontrado refugio y apoyo, tanto en Venezuela como en Cuba, según leemos en la decisión del juzgado español. Ya Chávez había negado la extradición del etarra Ignacio Echeverría, ahora debe explicar por qué tiene a Arturo Cubillas, enlace de ETA con las Farc en Venezuela, como funcionario público junto con su esposa y por qué facilita su territorio para actividades del grupo. Bueno, ya Chávez respondió, después de aludir a un neocolonialismo ibérico (!), “Yo, Zapatero, no tengo nada que explicar, si usted quiere pídale explicación a ese juez irresponsable de allá de su propio país”.

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