Siete millones indefensos

Diana Sofía Giraldo

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 5 de 2010

¿Se justifica un paro de transporte como el de estos días en Bogotá? No entremos a calificar las razones que lo motivaron. Comencemos por suponer que son válidas y que la reglamentación del nuevo sistema lesiona algunos derechos. La pregunta sigue siendo válida ¿estos paros son la manera adecuada de defenderlos?

Nadie discute lo que podríamos llamar el derecho a defender los derechos. Pero ¿es ésta la forma? ¿Existe el derecho de violar los derechos de los demás con el pretexto de defender los propios?
Porque eso es lo que estamos viendo o, mejor, padeciendo. Por importantes que sean los derechos de unas personas que ejercen actividades lícitas y cuyo trabajo está expresamente protegido por la Constitución y la Ley, más importantes son los derechos de 7 millones de ciudadanos indefensos, que resultan seriamente perjudicados por una forma equivocada de defender lo que los huelguistas consideran propio.

Los derechos de cada individuo llegan hasta donde se encuentran con los derechos de los demás. Por eso el bien común de una sociedad prevalece sobre el interés particular. Y no hablamos aquí de los intereses ilegítimos. No. Prevalece sobre el interés legítimo de un individuo y, por eso, tiene que armonizarse el bien general de la comunidad con los bienes particulares de cada uno de los individuos que la componen. Lo contrario es la ley de la selva en donde cada cual defiende a garrotazos lo suyo, sin importar lo que piensen, sientan, sufran o pierdan los otros.

En la defensa de los derechos hay que considerar no sólo si éstos realmente existen, cuál es su contenido y hasta dónde llegan, sino la manera como se protegen y los medios de defenderlos cuando el titular los considera amenazados. Una manera errada de salvaguardarlos que cause daño a los demás ni tiene razón de ser ni le hace ningún bien a la sociedad y, en definitiva, ni siquiera beneficia a los que se supone están amparando algo propio y legítimo.

Estas son las consideraciones mínimas de la convivencia social.

Y en el paro es evidente su violación abierta y el abuso en el ejercicio del derecho. Porque no basta que éste exista. Su titular lo debe ejercer con sensatez y respeto por la sociedad y por sus conciudadanos, lo contrario es un abuso que ni la comunidad ni los demás individuos pueden admitir. El abuso del derecho es otra forma de arbitrariedad.

Cuando se viven las angustias de los habitantes de Bogotá en estos días y se miden los enormes perjuicios individuales y colectivos que soportan, es inevitable preguntarse qué sistema o que ideología o qué interés político pueden justificar el tormento de 7 millones de habitantes causado por un paro de esta naturaleza.

Si los transportadores tienen problemas o creen que los pueden tener ¿no existe un medio civilizado de solucionarlos sin pisotear los derechos de los demás? ¿Por legítima que sea su actividad, los autoriza a desconocer los igualmente legítimos derechos de los 7 millones de habitantes de una ciudad? ¿O esos millones de ciudadanos no tienen derecho alguno?