Parar el gremio de transportadores

Miguel Aguilera Neira

El Tiempo, Bogotá

Marzo 4 de 2010

Todos sabemos que los automóviles particulares y taxis tienen motores de tecnologías modernas: sistemas de inyección de combustible, de control de emisiones, sensores que ajustan válvulas y otras piezas que mantienen óptimo el consumo de combustible y mínima la emisión de gases contaminantes. En las mediciones de contaminación que se hacen en el Día sin Carro y otros, habíamos recibido información incompleta y por ello deficiente, que nos llevó a creer que la contaminación era por la cantidad de carros y motos y etcéteras y que los buses y busetas eran parte menor del problema, nunca que eran el grueso del problema.

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, en la ciudad se movilizan a diario más de un millón cuatrocientos mil vehículos, por lo que resulta increíble que el retiro de solo 16.000 buses y busetas de las vías represente una disminución de hasta 33 por ciento de las emisiones de material particular en algunas zonas de la ciudad, y esto se percibe por la vista, el tacto y el olfato; no es necesario utilizar aparatos para medirlo o contratar estudios para saberlo. El cielo de la ciudad de lunes, martes y ayer, miércoles, estuvo absolutamente trasparente y claro, ni siquiera en diciembre cuando disminuye tanto el tráfico o en los domingos y festivos se había visto una mejoría en la calidad del aire de tal calibre.

En cuanto a los trasportadores, me parece necesario seguir regulando su actividad y controlar, por fin, a esa pequeña oligarquía dueña de ese esencialísimo monopolio. Lo primero es elevar a la categoría de servicio público esencial el de transporte de personas; si ya lo es, hacer valer esa condición: es inaudito que tan pocos tengan capacidad de hacer tanto daño: bloquear a toda la ciudad; además, afectar al resto del país, porque cuánta gente habrá viajado a la capital para hacer las diligencias que solo acá se puede hacer y que resultó, también, afectada.

Según cifras de EL TIEMPO del martes, las ventas del comercio se redujeron a la mitad, muchos de los colegios no tuvieron clases, las personas en general tuvieron muchos problemas para movilizarse a los trabajos y a sus casas, las empresas tuvieron que reducir el horario de trabajo, hubo problemas de orden público en algunas localidades de la ciudad. Mejor dicho, el caos absoluto por cuenta de los intereses de un pequeñísimo grupo de personas empeñadas en mantener, con conductas mafiosas y arbitrarias, los privilegios obtenidos luego de años de anarquía y descontrol.

Otras acciones deben estar encaminadas a controlar la contaminación del aire, no se ha estimado suficientemente lo que será consecuencia de la mala calidad del aire en Bogotá, enfermedades pulmonares, como enfisemas, cánceres, etcétera, los cuales no se podrán atribuir al cigarrillo, toda vez que los fumadores son especie en vía de extinción. En principio, la solución es simple, se debe permitir únicamente el trabajo de motores modernos, con sistemas de inyección, controles de emisiones, etcétera; los demás deben ser destruidos, la alcaldía da un plazo mínimo para hacer la reposición de los motores y si los puede financiar mejor, para esto debe dar plazos mínimos y hacer verificaciones rápidas.

La continuación del TransMilenio, con el Sistema Integrado de Trasporte Público que debe ponerse a andar inmediatamente, la verdadera piedra en el zapato de los trasportadores está en el hecho de que al haber un tercero recaudando los pasajes los van a meter en cintura: veremos ahora retenciones en la fuente antes de girarles a los propietarios sus dineros; se destapará el verdadero valor de los ingresos de los trasportadores y, en consecuencia, acabará con el lavado de activos que, según se dice, acompaña a esta actividad; y por fin, este grupo de empresarios pagará impuestos como el resto de la sociedad.

En cuanto a lo que tiene que ver con las multas de tránsito, tema que también está relacionado con el paro, se destaca que los taxistas arguyen, con razón, que de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, estas prescriben a los tres años de su imposición, salvo que ya se haya librado mandamiento de pago; en consecuencia: multa a la que no se le haya librado el mandamiento de pago que tenga más de tres años se pierde para el Estado, en este caso para la Secretaría de la Movilidad. La Alcaldía, por su parte, que no ha sido suficientemente activa a este respecto desde hace muchos años atrás, se resiste ahora a perder estos dineros y está tratando por la vía de los acuerdos de pago, necesarios para refrendar las licencias de tránsito, interrumpir la prescripción de las multas.

La idea de la prescripción es precisamente lograr seguridad jurídica para las personas. Las obligaciones de tránsito quedan convertidas en puras obligaciones naturales, sin ninguna fuerza para ser cobrada por las autoridades, es inaceptable ahora que se presione a los choferes para que las paguen vía acuerdos de pago, para que les expidan las licencias, hasta delito podría ser esta conducta.