Retorno a la legalidad

Aurelio Martínez Canabal

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 9 de 2010

Recientemente, y durante una entrevista radial, escuché de Antanas Mockus una aseveración digna de cavilaciones. Interrogado sobre la dificultad que consideraba mayor en la vida nacional contestó, palabras más, palabras menos: “La vigencia de la legalidad es el más grande desafío para la sociedad colombiana”. Y si nos detenemos a examinar las crisis que diariamente aparecen en la escena nacional, la raíz común es la ausencia de la ley. La experiencia más reciente se ha tenido con la suspensión del transporte público en Bogotá, durante cuatro días.

¿Cuál fue el origen del conflicto? El rechazo que hicieron los transportadores particulares de las disposiciones distritales promulgadas con miras a racionalizar los sistemas de transporte colectivo, tanto los existentes como los que se pongan en marcha en un futuro. Como los propietarios de determinados autobuses consideraron que el nuevo sistema integrado podría lesionar sus personales intereses, la organización que los agrupa decidió la paralización del servicio. Se pasó a las vías de hecho y a la parálisis se sumaron las empresas grandes de transporte urbano, temerosas de los actos de vandalismo, que efectivamente se registraron a lo largo y ancho de la capital de la República. Se desconocieron, con actitud desafiante por parte de los organizadores del paro, las normas que regulan el servicio de transporte, que es de carácter público. Es decir, donde no es aceptable suspensión alguna.

Fueron incontables los desmanes cometidos en las calles bogotanas, con saldo de vehículos destrozados, establecimientos comerciales destruidos y ciudadanos lesionados por actos de auténtico terrorismo. Las autoridades capitalinas se han sentido finalmente satisfechas, por la mayor o menor aceptación del nuevo esquema de integración del transporte público. Pero, cabe preguntarse: ¿se impondrán las sanciones anunciadas a las empresas que retiraron del servicio sus autobuses? ¿Serán penalizados los dirigentes que ordenaron el cese de las actividades y que, por acción u omisión, promovieron los desórdenes públicos? Me temo que una vez más el desconocimiento de la legalidad quedará patente.

De suerte que la reflexión del exalcalde Mockus es totalmente válida. El país entero, la sociedad colombiana en su conjunto, están requiriendo a gritos una verdadera cruzada de regreso a la legalidad. Hay que poner en cintura legal a los vendedores que ocupan los espacios públicos, a quienes ilícitamente explotan minas, a quienes mediante fraude copian libros y producciones fonográficas. En fin, a los miles de colombianos que han convertido el desconocimiento de la ley, en la forma cotidiana de vida.