Editorial
El País, Cali
Marzo 04 de 2010
Ni las más estridentes declaraciones de Hugo Chávez y su plagio de las palabras pronunciadas alguna vez por Fidel Castro pueden ocultar lo que el juez Eloy Velazco, perteneciente a la Audiencia Nacional de España, calificó de “cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las Farc y ETA”. Lo que sí debería ocurrir es que Colombia exija en todos los foros internacionales que haya claridad sobre tan delicado asunto, antes de iniciar lo que parece ser un nuevo mejoramiento en las relaciones bilaterales.
En su providencia donde revela esos nexos, el juez Velazco fue claro y terminante al describir la manera en que un antiguo miembro del grupo terrorista vasco, Arturo Cubillas Fontán, y su señora trabajaron en el Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, cuyo titular es Elías Jaua, ni más ni menos que el vicepresidente de ese país. Y cómo se mantenía en su cargo oficial mientras sus compañeros de la ETA realizaban toda clase de uniones con las Farc, que incluían cursos sobre las más variadas y mortales formas de destrucción y asesinato. Además, allí se puede conocer el enlace propicio para el narcotráfico, que goza de igual protección, a juzgar por sus resultados.
A causa de la providencia donde el magistrado Velazco ordena procesar a seis miembros de ETA y siete de las Farc por “tenencia de explosivos, colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas”, en España se ha levantado una verdadera ola de indignación, que puede llevar incluso al rompimiento de relaciones, si el régimen chavista no demuestra que el magistrado se equivocó. Allí ya no sirven las arengas antiimperialistas, ni el plagio de “la historia me absolverá”, con que el Presidente venezolano pretende tapar la contundente acusación.
En contraste, el Gobierno colombiano ha expresado que prefiere esperar con prudencia las explicaciones de su similar venezolano, en tanto que le ofrece energía y busca acercamientos para revivir por enésima vez unas relaciones golpeadas por los desatinos del gobierno bolivariano. Actuación explicable, cuando lo que se pretende es normalizar un flujo comercial cuya parálisis ha golpeado a los exportadores colombianos. Pero que no parece reflejar la inquietud que debe producir el que el juez español describa con detalle las conspiraciones que en Venezuela se fraguan para asesinar colombianos. Más aún, cuando la posición del régimen chavista es mantener su actitud por lo menos tolerante con las bandas terroristas que usan a su país como refugio.
Por eso, la providencia es propicia para que Colombia reclame explicaciones al gobierno de Hugo Chávez sobre su complacencia con la ETA y las Farc, mientras usa los escenarios internacionales para acusar a nuestro país de cuanta cosa se le ocurre, y el resto de la comunidad latinoamericana guarda silencio. Ante la amenaza que eso significa para nuestra Nación, y sin que ello signifique una agresión al pueblo venezolano, es mejor hablar con franqueza y desnudar la tolerancia con el terrorismo que se esconde en el vecino país. Después, cuando cese esa amenaza, será el tiempo para volver a hablar de negocios.
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