jueves, 31 de diciembre de 2009

Seguridad, en saldo rojo

Hugo Acero Velásquez

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 31 de 2009

Próximo a cumplir dos años de gestión, el Gobierno de Bogotá presenta un saldo en rojo en materia de seguridad ciudadana, haciendo casi imposible la consecución de las modestas metas que se propuso en el Plan de Desarrollo 'Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008 2011'. En materia de homicidios, según las cifras del Sistema de Información de Violencia y Accidentalidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta el mes de noviembre este delito ha aumentado en un 14,7 por ciento, al pasar de 1.301 casos que se registraron entre enero y noviembre del 2008 a 1492 en el mismo periodo de este año. Es decir que si diciembre se comporta de la misma manera que el año pasado, la ciudad terminará con una tasa de 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que cuando el alcalde Samuel Moreno asumió el gobierno, la ciudad tenía una tasa de 19,2 y se comprometió a reducirla a 16 al finalizar su gobierno.


La Administración argumenta que no es la única ciudad donde está aumentando la violencia homicida y que Medellín y Cali han aumentado mucho más, "mal de muchos consuelo de la Administración". No se pueden comparar realidades completamente distintas. Mientras en Medellín y Cali más del 50 por ciento de los homicidios han sido ejecutados por grupos de sicarios, en Bogotá no supera los 120 casos, es decir menos del 10 por ciento, como lo reconoció la Secretaria de Gobierno. ¿Qué pasa con el grueso de los homicidios y qué se está haciendo para disminuir este delito?


En lo que hace a los demás delitos de mayor impacto, las cifras de este año no pueden ser comparadas con las del año anterior, en la medida en que el año pasado existió un mayor registro debido a que la Ley de Pequeñas Causas incluyó como delito algunas contravenciones. Esta Ley estuvo vigente hasta septiembre del 2008. Hay que anotar que en este año aumentó la percepción de inseguridad y la victimización.


Con relación a las muertes en accidentes de tránsito, hasta el mes de noviembre apenas han disminuido en un 0,4 por ciento, al pasar de 479 casos registrados entre enero y noviembre del 2008 a 477 en el mismo periodo del 2009. De continuar con esta tendencia, al finalizar el año la tasa será de 7 muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, muy lejos aún de la meta propuesta que es de 4. En términos generales, estamos llegando a dos años de desgobierno sin que se vislumbre una solución a los problemas de inseguridad por parte de la Administración Distrital.


Adicionalmente a los problemas de violencia y delincuencia, en la ciudad, cada vez más, los ciudadanos hacen lo que les da la gana, el espacio público se volvió a privatizar, el parqueo en las vías es indiscriminado, los bolardos están desapareciendo, los andenes nuevamente están siendo invadidos por los carros, los pasos peatonales (cebras) desaparecieron de la ciudad y los pocos que existen son irrespetados, se dejó de sancionar a los peatones que no utilizan los puentes peatonales y las sanciones a los conductores son ínfimas, como se puede evidenciar con las cifras de comparendos que presentó la Secretaría de Movilidad en días pasados, que al dividirlas por los días trabajados y por el número de policías de tránsito, da menos de un comparendo por policía al día.


Un balance nada halagüeño para una administración que para el próximo año va a ejecutar más de 450.000 millones de pesos en seguridad. Ojalá, de manera transparente, los bogotanos sepamos en qué se van a invertir estos recursos y no se orienten a fortalecer la nómina paralela que tiene la Secretaría de Gobierno, que ya supera los 3.000 contratos de prestación de servicios en lo que va de este gobierno. "... debe recordarse que toda entidad pública debe tener en su planta de personal el recurso humano necesario para el cumplimiento de sus fines y sólo en forma excepcional vincular personal supernumerario o por contrato de prestación de servicios". Clara Eugenia López Obregón, Auditora General de la República. 27 de abril del 2004.

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