Luis Carlos Zamora
El Tiempo, Bogotá
Febrero 15 de 2010
En diciembre del 2007, faltando diez días para la terminación de la administración de Luis Eduardo Garzón, se adjudicaron los contratos de construcción de la fase III de TransMilenio.
La entidad contratante, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), escogió los proponentes que se encargarían de la construcción de las troncales de la carrera 10 y de la calle 26, por un valor de un billón 130 mil millones de pesos.
En aquellos días finales del mandato el alcalde Garzón, se adjudicaron los contratos sin que estuvieran listos todos los diseños, apenas los prediseños, pues se temía que la nueva administración no contratara estas obras, en razón de su posición de campaña contraria a TransMilenio y enfocada en el metro, y debido al compromiso público del alcalde saliente de dejarlas contratadas.
Con ello, la administración de Bogotá, a través del IDU, quedó en una posición de riesgo que sus directivos pensaban superar con el ajuste de los diseños en la marcha de la ejecución de las obras.
Pero el cálculo falló por la falta de capacidad técnica y financiera del contratista del tramo 4 de la calle 26 (Transvial), y por los problemas que fueron apareciendo en cuanto a las redes de servicios públicos, sobre todo las del Acueducto; esta última situación no era nueva, ya que se ha presentado en todas las obras que acomete el Idu.
Como la situación era previsible, a mediados del año 2005 la empresa TransMilenio S.A. llevó a cabo una serie de reuniones con sus funcionarios y con aquellos de las distintas dependencias del IDU, cuyas funciones estuvieran relacionadas con la ejecución de las obras de la fase III de TransMilenio, en las que se analizaron los obstáculos presentados en la construcción de la fase II y se propusieron unas acciones para precaver su ocurrencia en la siguiente fase.
El IDU, dos años más tarde, en la adjudicación de los contratos de la fase III, ignoró estas recomendaciones y así aumento el riesgo de atrasos en las obras, haciendo caso omiso de su propia experiencia. Lo que sí se hizo fue atender las sugerencias de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, encaminadas a que fueran menos estrictas las condiciones financieras y de antigüedad de las empresas postulantes, inclusive si iban a formar parte de consorcios o uniones temporales, por el adendo 2 de los pliegos, de fecha 10 de octubre del 2007. Ver: http://www.infraestructura.org.co/noticiasprincipales.php?np_id=20
Una de las conclusiones de TransMilenio S.A. era precisamente que no se debía adjudicar ningún contrato sin tener todos los diseños listos. Otra, que debería iniciarse la construcción de la obra si no estaba disponible el 80 por ciento del área por intervenir, que incluía la vía ya construida y los predios afectados. Recomendación que tampoco fue atendida, pues la construcción de ambas troncales empezó con un porcentaje de área disponible mucho menor del señalado.
En el IDU estaban convencidos de que gracias al Decreto de expropiación por vía administrativa, que no requiere la intervención previa de ningún juez sino únicamente actos de la administración, todos los predios iban a estar disponibles a mediados del 2008, fecha de las actas de iniciación de obra.
Pero, desconociendo nuevamente su propia experiencia, no se tuvo en cuenta que la compra de predios no es en acto mecánico, sino que conlleva el desplazamiento involuntario de la población que usufructúa esos bienes. Ello implica que hay que llevar a cabo una gestión social para asesorar a los desplazados en la consecución de nuevas viviendas o locales, pago de compensaciones e indemnizaciones económicas. Todo ello lleva más del tiempo previsto en la ley.
Lo anterior condujo a que la ejecución de la obra se volviera una carrera contra el tiempo, en la que fallaron los dos participantes, el contratista, Transvial, y el IDU, y por eso se fue cargando la bomba que acaba de explotar.
Y para completar, quienes creen en la numerología deben observar que la de la calle 26 no le es muy favorable: 26=2+6=8, la 26 vuelta un 8.
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