Triste campaña electoral

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 22 de 2010

Las que se avecinan son las elecciones parlamentarias más tristes de las que se tenga recordación. En competencia por cerca de 265 curules en Cámara y Senado, hay alrededor de 2.700 candidatos entre los que muy pocos se alcanzan a destacar por su trayectoria y sus propuestas, lo que deja una fuerte impresión de que la mayoría busca un lucro personal y no un espacio desde el cual poder servir al país.

Eso no debe sorprender a nadie. De hecho, un sueldo mensual de más de 21 millones de pesos –que alguien con salario mínimo se tardaría tres años y medio en ganar–, es atractivo para cualquier persona por lo que no faltan quienes pretenden capitalizar su fama o notoriedad para hacerse a una curul. Por eso abundan en campaña personajes de la farándula. Lo que es verdaderamente preocupante es que muchos candidatos están invirtiendo en sus campañas gruesas sumas de dinero, que superan ampliamente el salario que recibirán durante cuatro años en el Congreso, más el reembolso que hace el Estado a los partidos por reposición de votos (4.217 pesos por voto).

El tope de gastos para candidatos al Senado fue fijado en 675 millones; para la Cámara por Bogotá en 531 millones; para la Cámara por departamentos con un censo electoral de más de un millón de votantes en 477 millones. No obstante, se sabe que el costo de una campaña al Senado ronda un promedio de 1.500 millones de pesos y hasta se habla de campañas de 4.000 millones. Un parlamentario se gana algo más de mil millones en los cuatro años y si alcanza una alta votación, digamos de 100.000 votos, le reembolsarían poco más de 400 millones de pesos.

Luego, en su mayoría estarían a ras entre lo que invierten y lo que ganan legalmente, lo que constituye un perverso modelo que conduce a la corrupción.

Lamentablemente, hace meses que se viene rumorando acerca de una frenética actividad de compra de votos en muchas regiones del país, pero ya no sólo con tamales, sancochos o unos pocos adobes, sino en un mercado abierto con ofertas que rondan los 60.000 pesos por voto, negociados en bloque por presidentes o representantes de juntas de acción comunal o asociaciones similares. Además, algunos partidos y candidatos vienen haciendo un derroche de dinero en publicidad tan inusitado como sospechoso, con gigantescas vallas, numerosos pasacalles y abundante presencia en medios.

Es evidente que quienes hacen campañas que cuestan miles de millones de pesos por encima de los ingresos que obtendrán en su ejercicio legislativo los van a recuperar con creces a través de contratos con entidades del Estado que controlan con sus maquinarias políticas. Esto ha existido toda la vida pero en estos comicios el fenómeno parece agravarse. Por ejemplo, hay un ardid aparentemente nuevo como es el de hacer política ‘en cuerpo ajeno’, estrategia mediante la cual algunos condenados por parapolítica pretenden mantener su cuota de poder haciendo elegir parientes cercanos con los votos amarrados de sus clientelas.

No menos grave es la ausencia de propuestas sensatas y el populismo rampante. Da grima escuchar los planteamientos de la mayoría de los candidatos, quienes ofrecen solucionar mágicamente todos los problemas del país acudiendo a formulismos vagos cuyas falsas promesas aún confunden y engañan a buena parte del electorado.

Es tan pobre esta campaña –conceptualmente hablando– que ha merecido más atención la promesa de una señora que ofrece desnudarse en una revista si resulta elegida. Nada raro que lo logre, pero eso sería una burla para la democracia y una bofetada a la clase política, similar a la del caso del lustrabotas que obtuvo un escaño en el Concejo de Bogotá hace unos años. Y si bien puede ser menos dañino tener a estos personajes que a políticos deshonestos, su presencia en nada ayuda a la formación de instituciones sólidas y maduras. Triste antesala de unos comicios más insulsos todavía, y una campaña aún más vacía como la presidencial, donde el único argumento es impedir que se reelija el actual primer mandatario de la Nación.