¿Y de la "farcpolítica" qué?

José Manuel Acevedo *

Revista Cambio, Bogota

20 de enero de 2010

Cuando en 2008 la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia anunciaron que comenzarían en serio las investigaciones para establecer los nexos de algunos dirigentes políticos con las Farc, los colombianos calificaron como positiva la imparcialidad de los órganos de justicia que ya habían iniciado sus pesquisas en materia de 'parapolítica'.

En marzo de ese mismo año, el hallazgo de los computadores de 'Raúl Reyes' en desarrollo de la Operación Fénix abrió mayores posibilidades para encontrar pruebas que pusieran tras las rejas a todos aquellos que, desde la política, habían sido cómplices de esa guerrilla. Pero dos años después de aquellos sucesos y tras una cadena de anuncios sobre el comienzo de la llamada 'farcpolítica' no existen avances que permitan hablar de un fenómeno similar al de la 'parapolítica', que tiene a más de 60 parlamentarios investigados, condenados a siete senadores, 30 casos de regreso a la Corte Suprema para su juzgamiento luego de una controvertida posición jurisprudencial, y más de 20 autoridades del orden regional encarceladas o investigadas por sus vínculos con las Auc. ¿Por qué no avanza con la misma velocidad la 'farcpolítica'? Que se sepa, en la Corte Suprema hay abiertas investigaciones formales contra 10 senadores, de las cuales el 40 por ciento terminaron en autos inhibitorios, y otros, como el de la senadora Piedad Córdoba, no avanzan pese a que la Fiscalía allegó copias del contenido del computador de 'Reyes' desde el 21 de mayo de 2008.

Año y medio después de haberse iniciado la 'parapolítica', algo más de una veintena de congresistas habían sido llamados por la Corte y varios de ellos detenidos preventivamente. En igual número de meses se abrieron investigaciones preliminares por nexos con las Farc a menos de 10 parlamentarios, pero ninguno ha sido detenido por 'farcpolítica', mucho menos condenado, y tampoco existen congresistas bajo sospecha que hayan renunciado a su fuero como ocurrió entre los senadores y representantes indagados por sus nexos con los paramilitares. Por el contrario, al conocer sobre las investigaciones que la Corte haría en su contra, dirigentes políticos como Gloria Ramírez, Wilson Borja y Piedad Córdoba, se declararon confiados en el buen juicio de los magistrados de la Sala Penal.

Aunque el procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que "hay que llorar por ambos ojos", en el Ministerio Público por cada 88 funcionarios investigados disciplinariamente por 'parapolítica' solo hay siete involucrados en casos de 'farcpolítica'. En la Fiscalía el panorama es igual. Pese a que este organismo ha ordenado investigar periodistas, ciudadanos extranjeros, miembros de ONG y políticos, varios procedimientos se han agotado sin que existan acusaciones formales. Antes bien, han sido archivados los casos de Álvaro Leyva y Carlos Lozano. Recientemente la Fiscalía ordenó la captura de Amílcar Figueroa, un diputado venezolano involucrado en comprometedoras conversaciones vía correo electrónico con 'Raúl Reyes', pero más allá de eso la 'farcpolítica' tampoco avanza en la Fiscalía General.

Aunque los autos inhibitorios que ha dictado la Corte en favor de congresistas como Gloria Ramírez y Jaime Dussán tienen que ver con falta o insuficiencia de pruebas, hay quienes sostienen que mientras en la 'parapolítica' los magistrados han actuado con mucha severidad y en varias providencias condenatorias se refieren a "inferencias lógicas" o "máximas de experiencia", sin requerir plena prueba, en la 'farcpolítica' la duda siempre la han resuelto en favor de los investigados (in dubio pro reo). La opinión pública tampoco ha recibido bien el hecho de que, desde el principio, la Corte pusiera en duda la veracidad de los contenidos del computador de 'Reyes', mientras que ha considerado suficientes las pruebas que han salido del computador de 'Jorge 40' para castigar a políticos, como Mauricio Pimiento.

En el caso del PC de 'Jorge 40' apenas se pidió que cumpliera una aceptable cadena de custodia, es decir, que sus archivos se mantuvieran libres de manipulación, mientras que en el caso del computador de 'Reyes' la Corte consideró que el examen de la Interpol no era suficiente y pidió una segunda revisión de Scotland Yard. Otro motivo de crítica a la Corte Suprema tiene que ver con la poca celeridad frente a los procesos de la 'farcpolítica' en la Sala Penal. El caso más evidente es el de la senadora Córdoba, en el que no han llegado a decisión alguna luego de dos años de iniciada la investigación. Funcionarios de la Procuraduría explican que en este caso los avances son lentos porque hay que verificar si para las fechas de los correos de 'Reyes' había autorización del Gobierno a la Senadora para establecer esos contactos.

La Corte no es la única responsable de que la 'farcpolítica' no arranque en serio. Los testimonios de los paramilitares desmovilizados en bloque y sometidos a la ley de Justicia y Paz, han sido sistemáticamente recogidos por quienes adelantan las investigaciones y juzgan a los 'parapolíticos'. En cambio, pocas veces han interrogado a los guerrilleros que se desmovilizan individualmente y su sometimiento se limita a la entrega de un arma y, en algunos casos, a la incorporación a programas de reinserción o a la entrega de estímulos económicos manejados por el Gobierno. El mismo Ejecutivo ha trabado la posibilidad de que guerrilleros presos cuenten la verdad desde las cárceles. La líder del movimiento Manos por la Paz, Liduine Zumpolle, que reúne a cientos de guerrilleros detenidos, dice que en los últimos años ha intentado infructuosamente que los comisionados de paz faciliten procesos que permitan conocer ese pedazo de la verdad que sigue oculta. Investigadores que manejan los procesos de la 'farcpolítica' manifiestan que existen archivos de Inteligencia militar y grabaciones en el DAS suficientes para llevar a juicio a varios dirigentes políticos, pero que las autoridades no se las entregan porque, a raíz de los escándalos por las interceptaciones ilegales, temen ser judicializados y llevados a la cárcel.

Así mismo, existen hoy más asociaciones y ONG dedicadas a la reparación de las víctimas de los paramilitares que de las Farc. Los colectivos de abogados, por ejemplo, han asumido la defensa de quienes han sido vulnerados por las Auc y se han constituido en parte civil en casos de 'parapolítica', pero no tienen entre sus clientes a víctimas de los crímenes de la guerrilla. Pedir la verdad completa suena fácil, pero mientras subsistan tantos obstáculos y no haya suficiente voluntad para conocerla, seguiremos creyendo, equivocadamente, que los paramilitares fueron los únicos que infiltraron la política regional y nacional.

* Analista político.