Juan Camilo Restrepo
La Patria , Manizales
Noviembre 30 de 2009
El gobierno, así sea a regañadientes, parece haber comprendido que fiscalmente es insostenible un régimen tributario apoyando sobre el favor sectorial y no sobre la equidad general.
El gobierno y las comisiones económicas del Congreso han llegado a un acuerdo que, muy probablemente, se traducirá en una nueva ley tributaria antes de que termine la actual legislatura.
En efecto, el acuerdo dispone que el impuesto al patrimonio (que se prorroga por cuarta vez y que se cobrará a partir del 2011) tendrá una tarifa progresiva: los contribuyentes con patrimonios líquidos entre 3.000 y 5.000 millones de pesos pagarán una tarifa del 0,6%; y aquellos con patrimonios superiores a 5.000 millones tributarán el 1,2%. Esto significa que el recaudo esperado se incrementa en cerca de un billón de pesos con relación a lo que inicialmente se había estimado, para ubicarse en los niveles de 2,6 billones por año.
Según ha trascendido la idea es destinar el producido de este tributo a fines generales, como debe ser, y no a una destinación específica como serían los gastos asociados a la defensa y seguridad. Aunque la necesidad de fortalecer éstos últimos -antes el nerviosismo que ha creado la evolución reciente de las relaciones con Venezuela- le ha servido al gobierno como telón de fondo para ambientar ante los empresarios la elevación tarifaria que tendrá el impuesto.
Esta mini reforma tributaria irá, además, acompañada de dos correcciones que aunque tardías y tímidas van en la dirección correcta. La primera reduce del 40% al 30% la deducción por la adquisición de activos productivos. Y la segunda prohíbe que en las zonas francas se puedan acumular dos gabelas simultáneas: la tarifa preferencial del 15% y la posibilidad de reclamar la deducción por adquisición de activos. Lo cual ha llevado a las zonas francas a la extravagante situación fiscal de que su tasa efectiva de tributación sea del 9% Tarifa equivalente a la mitad de la que paga un empleado medio en el país.
Se trata de dos correcciones tardías y tímidas, pero bien orientadas. Durante los últimos años, por virtud de la catarata de costosas minoraciones fiscales que a manos llenas ha entregado el gobierno a algunos sectores, se ha perdido toda progresividad y se ha desdibujado el principio de la equidad del rostro de la tributación colombiana.
En un libro que he publicado recientemente (¿Y de la equidad qué…? Editorial Diké- 2009) se demuestra cómo durante los últimos años el producido del impuesto a la renta sobre las rentas empresariales ha crecido mucho menos que el de los otros tributos. Con lo cual el peso de la tributación colombiana se ha venido recostando injustamente sobre los asalariados y sobre los consumidores (IVA y tributos sobre las gasolinas).
El impuesto al patrimonio no es un tributo técnicamente defensable. La mayoría de los países lo han abandonado. Por ejemplo, en la Unión Europea sólo lo conservan España y Francia. Acá tiene trazas de instalarse para un tiempo largo, toda vez que la que se aprobará será la cuarta prorroga desde cuando se le reimplantó en 2002. Es un impuesto que desalienta el ahorro y la capitalización empresarial.
Afortunadamente en esta ocasión, su cuarta prórroga se ha acompañado de las dos correcciones mencionadas al festival de gabelas sectoriales decretadas durante los últimos siete años. El gobierno, así sea a regañadientes, parece haber comprendido que fiscalmente es insostenible un régimen tributario apoyando sobre el favor sectorial y no sobre la equidad general.
Ojalá pues que éste sea un primer paso hacia la corrección apremiante que nuestro régimen tributario necesita para recobrar un mínimo de progresividad y de equidad. Como lo manda la Constitución.
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