Subsidio y geopolítica

Por Juan Camilo Restrepo

El Colombiano, Medellín

Agosto 25 de 2009

El pasado 21 de agosto el gobierno de Caracas -dando seguimiento a los anuncios amenazantes de Hugo Chávez de hace algunos días- dio por terminado el acuerdo entre Pdvesa y Ecopetrol. En virtud de este contrato la empresa venezolana venía suministrándole a la colombiana 4,5 millones de barriles al mes de gasolina subsidiada para ser expendidos ordenadamente a lo largo de la frontera.

A partir de este momento, y teniendo en cuenta que el costo del galón de gasolina gracias a este contrato era la mitad del precio interno en Colombia (3.500 pesos galón versus 7.000 aproximadamente), el gobierno enfrenta dos alternativas: asegurar el suministro necesario con gasolinas de origen colombiano a lo largo de la frontera, pero manteniendo el precio doméstico que prevalece en el país. O idear algún esquema de subsidio para asemejar el precio con el que venía practicándose hasta la fecha.

El dilema no es fácil, pero es necesario optar con claridad por alguna de las dos opciones. No es conveniente utilizar un tono suplicante -como el que usó infructuosamente el ministro de Minas y Energía- casi implorándole a Venezuela que prorrogue el acuerdo. Esto, además de acarrear pérdida de dignidad de parte nuestra, solo genera menoscabo en el difícil ajedrez político que está en juego. No podemos darle a entender a Caracas que si nos mantiene cerrado el "grifo" de las gasolinas subsidiadas va a colapsar la economía de nuestra frontera. Porque más pábulo le daríamos aún a la actitud pendenciera del régimen de Caracas.

La primera fórmula es, a primera vista, la más fácil de implementar y la más ortodoxa desde el punto de vista fiscal. Tiene, sin embargo, dos graves inconvenientes. De una parte, dispara el contrabando que es prácticamente imposible controlar por parte nuestra a lo largo de una porosa frontera de más de 2.000 kilómetros. Y de otro lado, fomenta el malestar y el descontento público del lado colombiano donde se encarecería (casi en un 100%) el precio de la gasolina suministrada formalmente. Lo que políticamente favorece a Chávez. En este contencioso comercial que él ha planteado injustamente contra Colombia, el que aparezca malestar de nuestros conciudadanos de la frontera contra Bogotá es algo que lo favorece.

La otra fórmula es más difícil fiscalmente, menos ortodoxa, pero no es imposible ni tampoco descabellada: consiste en que nuestro gobierno subsidie (así sea temporalmente mientras dura la emergencia) las gasolinas de origen colombianas que se distribuyan en la frontera hasta un nivel cercano a los 3.500 pesos el galón. Esto tendría, claro, un costo para el fisco colombiano, pero evitaría que el malestar cunda a lo largo de nuestra frontera, que el contrabando se dispare, y que la dignidad colombiana se tenga que arrodillar mendicante ante el amo de Caracas.

Recordemos que se han subsidiado otras muchas actividades. Y que se vienen otorgando privilegios tributarios costosísimos a sectores específicos de la economía. Uno se pregunta entonces: ¿Por qué no subsidiar también la gasolina que se distribuya en la frontera durante esta emergencia? ¿No estarían de por medio intereses geopolíticos superiores en esta ocasión?

Lo que no podemos caer es en los titubeos, o en las fórmulas a medias. Como, por ejemplo, la que se le ocurrió al gobierno la semana pasada consistente en que los alcaldes de norte de Santander y de la Guajira reduzcan la sobretasa municipal a la gasolina que se cobra en sus jurisdicciones. Pero nada dice de bajar los impuestos nacionales, más gravosos aún, que soporta la gasolina colombiana.

Esta semana comenzarán a sentirse los efectos de la conclusión del contrato Pdvesa-Ecopetrol. Ojalá, pues, que el gobierno adopte una política contundente y rápida. Que no permita que estalle el malestar entre los consumidores de gasolina de nuestra frontera. Pues eso, precisamente, es lo que quiere Chávez. ¡No le hagamos el juego!