Juan Camilo Restrepo
La Patria, Manizales
Febrero 22 de 2010
La semana pasada tuve oportunidad de asistir a un interesante seminario organizado por el colegio de abogados de Minas y Petróleo, por la Asociación Colombiana del Petróleo y por Olami, dedicado a discutir un tema crucial para el futuro del país: ¿Estamos condenados a padecer el conocido mal holandés en los próximos años? ¿Los cuantiosos ingresos de divisas que se avizoran en el sector minero - energético condenan irremediablemente al resto de los sectores económicos a padecer una revaluación devastadora? ¿Cuál debe ser la política fiscal adecuada para contrarrestar estos nubarrones?
Las cifras que allí se presentaron -provenientes del Ministerio de Minas y Energía- sobre el monto que alcanzarán las inversiones a realizarse en el sector minero-energético entre el 2010 y el 2015 son bien importantes: 49.000 millones de dólares. Una gran parte de las cuales adoptará la forma de inversión extranjera directa.
La mayor parte de estas inversiones se realizarán en el sector de hidrocarburos, así: (las cifras están en millones de dólares) exploración 24.000, gasoductos 2.100, refinerías 6.100. En generación eléctrica se invertirán 6.730 millones, en transmisión y distribución 3.500, en fondos de electrificación 400, en biocombustibles 270, en proyectos mineros 4.100, y en otros proyectos 1.000 millones de dólares.
A primera vista podría pensarse que estas cifras -por su magnitud- darán al traste (a través de una masiva revaluación) con la viabilidad del resto de los sectores económicos. Sin embargo, el claro consenso que quedó de este seminario es que ello no debe ser así necesariamente. Y que no estamos condenados por lo que algunos llaman con desesperanza “la maldición de los recursos naturales”.
Si las grandes inversiones minero energéticas que se vislumbran (y que de suyo son una cosa buena para el país) van acompañadas de una cuidadosa política fiscal y macroeconómica, se podría evitar perfectamente la enfermedad holandesa en la economía colombiana.
Nótese que la mayoría de estas inversiones se localizarán en el sector petrolero y eléctrico. Ambos frentes son cruciales. Y el país no puede bajar la guardia en su desarrollo si queremos preservar la autosuficiencia energética en los años venideros. Las inversiones proyectadas para el sector minero si bien son importantes, son sensiblemente menores que las que se estiman para la actividad petrolera y de generación y transmisión eléctrica.
Que el país avance -como debe hacerlo- hacia su equilibrio energético sostenible, no debe significar que otros sectores como el café, las flores, el resto de la agricultura transable, y la misma industria que compite con bienes importados, queden desprotegidos y avasallados por culpa de una apreciación agobiante del peso.
Pero para que esto no suceda -y se puedan compaginar los dos propósitos: sostenibilidad energética y desarrollo equilibrado de los demás sectores- será indispensable que en los años venideros se mantenga una política fiscal y de gasto público austera; que genere equilibrios y aún superávit; y que nos dotemos (en lo cual ya está trabajando un grupo de expertos) de una regla fiscal que propicie el ahorro de las cuentas públicas, como ha logrado hacerlo Chile.
Y, en fin: que se comprenda que el mejor aliado que podemos encontrar para combatir los nubarrones revaluacionistas que tanto preocupan por razones internacionales (debilidad crónica del dólar) y por razones internas (grandes ingresos de divisas que se avizoran en el sector minero-energético), son unas finanzas públicas austeras.
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