Miguel Gómez Martínez
El Espectador, Bogotá
Octubre 4 de 2009
Para ser un alto magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, es poco prudente.
Sus declaraciones en el sentido de que el siglo XXI será “el siglo de los jueces y las víctimas” resultan imprudentes en medio del profundo enfrentamiento de la Corte con el Ejecutivo y el Legislativo. Las declaraciones reflejan la profundidad de las intenciones de este órgano, que parece haber decidido que no tiene límites en sus intervenciones.
El desafortunado enfrentamiento entre los poderes, que ha roto todos los límites de lo razonable, parece haberle dado a la Corte una justificación para desafiar todos los principios legales y constitucionales. En cuestión de meses modificó sustancialmente su interpretación previa y exigió asumir los procesos contra parlamentarios que estaban siendo adelantados por la Fiscalía. Rechazó la terna enviada por el Presidente para la elección del Fiscal, en un hecho que no tiene precedentes en nuestra historia. La Corte atacó públicamente a los congresistas que se atrevieron a sugerir que se modificara la instancia encargada de juzgar a los parlamentarios. Le abrió investigación al Procurador General. Si a ello se añaden los constantes conflictos de competencias y las sentencias contradictorias con las de otras Cortes, hay muchos motivos para creer que la politización de la justicia es un hecho. No olvidemos la sentencia según la cual “cuando la política entra a los tribunales, la justicia sale”.
El primer problema de esta sociedad es la ausencia de justicia. Por eso temo mucho el gobierno de los jueces. Si algo ha demostrado el aparato de justicia es su total incapacidad de luchar contra la corrupción, proteger al ciudadano de la inseguridad, garantizar que los culpables sean castigados y los inocentes exonerados. Me aterra que quienes han convertido a este país en el reino de la impunidad, decidan que ahora van a liderar la sociedad. El liderazgo que el presidente de la Corte exige tiene primero que ganárselo. Para ello los jueces deberían mostrar resultados concretos en la lucha contra la injusticia. Cuando los bandidos, corruptos, asesinos, terroristas, violadores y ladrones tengan miedo de una justicia eficiente y transparente, podrán los jueces reclamar que la sociedad reconozca su liderazgo. Pero mientras los ciudadanos estén a la merced de los hampones, me parece una falta total de coherencia. Mientras las altas cortes y el aparato judicial estén salpicados de corrupción e ineficiencia, el Poder Judicial no puede aspirar a guiar a esta sociedad. El colombiano honesto sabe que muchos fiscales y jueces son venales; no entiende por qué los hampones reciben penas simbólicas; observa a los criminales de cuello blanco saquear el presupuesto con total tranquilidad. Los ciudadanos se aburrieron de esperar que las múltiples reformas de la justicia agilizaran los procesos y garantizaran la igualdad frente a la ley.
Que modere su ambición el presidente de la Corte Suprema. En lugar de declarar que este es su siglo, debería concentrar su esfuerzo en luchar eficazmente contra la injusticia que agobia al ciudadano común.
No hay comentarios:
Publicar un comentario