Rafael Guarín
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Diciembre 22 de 2009
El repudiable secuestro y asesinato de Luis Francisco Cuéllar, gobernador del Caquetá, provoca varias reflexiones:
1. Es una estupidez monumental. Es absurdo el raquítico esquema de seguridad que protegía al mandatario, mucho más tratándose de un departamento con alto nivel de presencia de las Farc.
2. La confianza mata. Pareciera que los exitosos resultados de la Política de Seguridad Democrática en la ciudad de Florencia, llevó a las autoridades a un exceso de confianza que terminó facilitando la acción de los terroristas. ¡Grave error! Además de ineptitud de la fuerza pública, demuestra que las Farc, nos guste o no, siguen en el sur de país con una gran capacidad operativa.
3. Falló la inteligencia y la acción preventiva. Es evidente que la guerrilla se empleará a fondo para desestabilizar al país antes de las elecciones. ¿Cómo es posible que obvios blancos, como el gobernador del Caquetá, no estuvieran suficientemente resguardados?
4. Esta acción terrorista persigue por los menos dos objetivos. El inmediato es crear la falsa idea de que la “Política de Seguridad Democrática” fracasó y que se requiere un nuevo gobierno que apueste a la negociación y al diálogo con las Farc, reconozca su carácter político y les otorgue legitimidad. Es volver al viejo y superado “DIALOGUISMO”.
5. El segundo objetivo es a mediano plazo: La guerrilla lejos de pensar en la liberación inmediata de los secuestrados, insiste en el llamado “Acuerdo Humanitario”, estimulada por fuerzas políticas y candidatos que convirtieron dicho “acuerdo” en bandera electoral. El secretariado de las Farc cree que un nuevo gobierno terminará concediéndoles esa demanda.
6. En consonancia con esto, es importante ser conscientes que comenzó una nueva ola de secuestros de dirigentes políticos e incluso de personas relevantes en otras actividades, como periodistas o dirigentes gremiales. Las Farc procurarán dar golpes que tengan impacto mediático. No se debe descartar un ataque a uno de los símbolos de las Fuerzas Militares, como la propia base de Palanquero o de Tres Esquinas.
7. Es importante develar esa estrategia a los ciudadanos. Los colombianos debemos mantener la firmeza contra el terrorismo. Doblegar esa voluntad es lo que persiguen las Farc. Saben que de lograrlo conseguirán quebrar la Política de Seguridad en las urnas, con la ayuda de cómplices que actúan camuflados en la legalidad.
8. Lo responsable sería un pacto de unidad nacional de todas las fuerzas políticas y los candidatos presidenciales, que garantice el mantenimiento de las líneas gruesas de la política de seguridad y reclame la liberación unilateral de los secuestrados, excluyendo expresamente cualquier acuerdo sobre el tema con los terroristas. Solo así, ante la pérdida de eficacia de su estrategia, las Farc abandonaran los secuestros con fines de “canje humanitario”, perderán la ventaja que sacan aprovechando las contradicciones propias de la lucha democrática y se les privará de recurrir al tiempo como un aliado.
9. A pesar de lo ocurrido, la decisión de ordenar el rescate militar es adecuada. Un directriz diferente lo único que lograría es enviar un mensaje de debilidad que promueva la realización de nuevos secuestros. Para preservar la libertad y la vida de los colombianos el gobierno no debe acceder al chantaje de los secuestradores.
10. Finalmente, los responsables de la seguridad del gobernador deben asumir consecuencias disciplinarias y políticas por su negligencia.
Nota: Muy diciente que Piedad Córdoba y “Colombianos y Colombianas por las Paz” no hayan rechazado este nuevo secuestro de las Farc. Quienes no lo condenan creen que no es un crimen, sino una acción legítima de la guerrilla, pues se trata de “prisioneros de guerra” en medio de un “conflicto social y armado”. Algo así como la frase de Patricia Lara, del Polo Democrático Alternativo: “Las Farc cometen crímenes pero no son criminales”.
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