Los avances de la Convención de Ottawa

Editorial

El Espectador, Bogotá

Diciembre 4 de 2009

Termina este viernes, en la ciudad de Cartagena, la segunda conferencia de revisión de la Convención de Ottawa que prohíbe el uso, la fabricación, el almacenamiento y el tráfico de minas antipersona. Pese a que 156 países han adherido al Tratado de Prohibición, 39 se niegan a suscribirlo. Grandes potencias mundiales, como Rusia, China y Estados Unidos, se resisten a hacerlo.

El plazo de diez años pactado con las partes firmantes para desminar los territorios ocupó la atención de una primera parte de la conferencia. Con la excepción de Nicaragua, Centroamérica cumplió con el plazo acordado. Suramérica, por el contrario, aunque avanzó, tiene todavía regiones con minas en países como Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile y Cuba (que, como en los tres casos de las potencias anteriores, no firmó la Convención).

Frente a la demora y lentitud con que se ha avanzado en la remoción de las minas, un gran número de Estados solicitó una prórroga. Aduciendo razones económicas, más de un gobierno insistió en que es preciso considerar que el desminado sigue siendo un reto que debe afrontarse de manera conjunta. Con la ayuda económica de algunos países y algo de voluntad política por parte de los gobiernos, los logros serán tangibles. De cualquier forma, a partir de la entrada en vigencia de la Convención de Ottawa las víctimas por minas antipersona se redujeron a 7.000 al año y un total de 42 millones de explosivos fueron destruidos.

Colombia, que en 2007 y 2008 fue el país del mundo con el mayor número de accidentes producto de la explosión de estos artefactos, ahora ocupa el deshonroso segundo lugar, sólo superado por Afganistán. El problema, como ya será obvio, no se limita a las minas que deben ser retiradas: conforme son hostigadas, las Farc, y en menor medida el Eln, han incrementado el uso de estas armas para frenar el avance del Ejército, proteger los cultivos ilícitos e impedir la persecución terrestre.

Las cifras son alarmantes. Según la Vicepresidencia, desde 1990 se han registrado un total de 6.724 víctimas. De éstas, 1.554 murieron. Tan sólo en 2008 hubo 768 colombianos víctimas de este terrible flagelo. Lo que significa una disminución del 15% frente a 2007 y comprueba una tendencia iniciada en 2007, cuando las víctimas se redujeron en 23%. Una situación posiblemente positiva que no asegura, sin embargo, que el panorama vaya a mejorar. Y ello reconociendo al Estado colombiano su liderazgo e interés en el tema.

Digámoslo descarnadamente, guerrillas como las Farc, no obstante las muchas condenas políticas que puedan recibir de parte de la comunidad internacional, encuentran en el uso de minas antipersona una estrategia fácil de implementar y útil para la guerra. La activación de una mina antipersona no sólo es el medio utilizado para retener al enemigo. También constituye la posibilidad de imprimir una marca macabra en el cuerpo de los colombianos. “Mi vida cambió radicalmente, cuatro veces he intentado suicidarme”, sostiene Carlos Cárdenas, quien en 2001 perdió una pierna, un brazo, un ojo y un oído al pisar una mina en una vereda cerca de Santa Marta.

Por ello es tan importante que en Cartagena se haya hecho énfasis en los sobrevivientes. Además de cuidar que otros países adhieran al Tratado y que quienes ya forman parte cumplan con el cronograma de desminado acordado, es fundamental avanzar en la atención integral que requieren las víctimas. Sin duda, el aspecto menos atendido de todos.