Por Raúl Lombana Hernández
El Tiempo, Bogotá
23 de Agosto 2009
Las denuncias hechas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, acerca de las supuestas amenazas que han recibido algunos integrantes de esa corporación, despiertan suspicacia al interior de la sociedad colombiana que desconfía del máximo tribunal. Fiel al estilo de los que quieren tapar la verdad de sus actos, buscando despertar la solidaridad de la población, ahora el presidente del tribunal supremo de la justicia ordinaria ha salido a desviar la atención del pueblo colombiano sobre la manera como vienen ultrajando la iniciativa popular del referendo.
La Corte actúa de manera amañada al tratar de tapar con las supuestas amenazas los dos errores garrafales en que ha incurrido para torpedear el proyecto de referendo que se discute en el Congreso de la República. A éste le falta la votación de la plenaria en la Cámara para ser aprobado, la cual se hará la semana que viene; en el Senado se dio su aprobación de forma amplia.
La Corte se ha valido de una denuncia interpuesta en contra de los congresistas para intimidarlos. La persecución se sustenta en la supuesta comisión del delito de prevaricato en que incurrieron los representantes al haber votado el proyecto de referendo sin haber estado en regla todos los elementos necesarios para que la iniciativa haya sido estudiada por esa corporación. La Corte ha desatado una persecución sólo comparable con las investigaciones hechas a los congresistas que permitieron la absolución de Samper en el proceso 8000.
El caso que nos atañe, ratifica la manera como la máxima instancia maneja con sesgo político e ideológico sus actuaciones. La denuncia interpuesta por el representante Germán Navas Talero en contra de los que votaron a favor del proyecto de referendo por no contar, según él, con la certificación de la Registraduría sobre las cuentas de la financiación de la recolección de firmas, es temeraria.
El colombiano del común piensa que la Corte actúa de forma mañosa, debido a que está actuando de manera contraria al ordenamiento jurídico, el cual debe proteger por encima de cualquier ideología y partido político de sus miembros. El máximo tribunal viene violando flagrantemente la ley. Al abrir indagación preliminar en contra de los congresistas que votaron a favor del referendo, ésta viola principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y las leyes colombianas.
Las supuestas amenazas que le han hecho a algunos magistrados de la Corte parecen ser el fruto de querer tapar el galimatías jurídico en que se encuentran al haber abierto indagación preliminar sólo a los congresistas que votaron a favor del referendo.
El primer error en que incurre la Corte es:
La Corte olvida de manera alevosa que la Cámara de Representantes, tanto en comisión como en plenaria tramitó el proyecto de ley con las atribuciones y facultades que le da la Constitución y la ley orgánica. Además, en los debates del trámite del proyecto participaron, inclusive, los representantes que votaron en contra del referendo.
De lo anterior se desprende, que tanto los que votaron a favor o en contra del proyecto, según la denuncia interpuesta por Navas, estarían incursos en prevaricato. Es decir, que todos los representantes que participaron en el trámite del referendo sin distingo de la naturaleza de su voto incurrieron en la comisión del delito sustento de la denuncia.
Ahora, si las pesquisas que ha iniciado la Corte sólo cobijan a los que votaron a favor del proyecto de referendo, entonces estamos frente a una persecución por parte del máximo tribunal. Aún más, la Corte estaría violando el artículo 185 de la Constitución, el cual se refiere a la inviolabilidad del voto de los congresistas.
Hay que recordarle al máximo tribunal que los congresistas no pueden ser investigados, detenidos ni juzgados por su voto, debido a que éste es producto de las funciones de su cargo.
Ahora bien, el error de la Corte va más allá, de ahí su show mediatico entorno a las supuestas amenazas en su contra. El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria viola la ley al desconocer los procedimientos dados alrededor de la iniciativa popular.
El segundo error de la corte es:
La recolección de firmas -en este caso se lograron recolectar más de 5 millones- con el fin de radicar un proyecto de referendo, está consagrada en la Constitución Nacional y la Ley 134 de 1994. Este procedimiento es uno de los mecanismos de participación ciudadana que se utilizan para presentar un proyecto de ley de iniciativa popular.
La Carta política colombiana y la ley mencionada disponen de cómo debe ser el trámite de esta iniciativa popular. Para ello, la Constitución en su artículo 120 define claramente quienes conforman, lo denominado por ésta, la Organización Electoral y cuáles son sus competencias. Los dos órganos mencionados, expresamente, por la ley son, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Éstos tienen competencia en el manejo de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la ley.
En el caso de la recolección de firmas, la Registraduría Nacional, en uso de sus facultades tiene un mes, contados a partir de la recepción de las firmas, para certificar si se ha cumplido con lo enunciado en la ley, específicamente, en el artículo 24 de la ley 134 de 1994. Una vez se surta el trámite anterior, es decir, se expida el certificado por parte del órgano electoral, se enviará al Congreso de la República la iniciativa popular para su discusión. Por lo tanto, se concluye que sólo con esta certificación expedida en el tiempo fijado por la ley es posible adelantar el trámite del proyecto en el órgano legislativo.
Lo anterior quiere decir, que la certificación expedida, dentro del término que fija la ley (1 mes) por parte de la Registraduría Nacional, es la única prueba concluyente de que el proceso se hizo con apego y respeto a la normatividad.
Pues bien, el día 10 de septiembre de 2008, el Registrador Nacional certificó que la iniciativa popular había cumplido con el lleno de los requistos legales consagrados en la normatividad, por lo tanto, estaba allanado el terreno para que su trámite en el Congreso de la República se llevara a cabo en los términos previstos en la ley.
El párrafo anterior derrumba la denuncia presentada por el representante Navas y tramitada por la Corte Suprema, al demostrar que los congresistas no incurrieron en prevaricato, debido a que el trámite del proyecto se hizo agotando los requisitos consagrados en las disposiciones legales vigentes.
Ahora bien, también es cuestionable en todo este asunto la injerencia del Registrador Nacional del Estado Civil al entrar a terciar en contra de la discusión del proyecto del referendo al expedir el 18 de junio del presente año una certificación negando la actuación anterior, es decir, la certificación del 10 de septiembre de 2008 emanada por su despacho. La última certificación del Registrador, excede su competencia, debido a que desborda lo enunciado en la ley por haberse agotado los términos y pronunciarse de forma extemporánea.
El registrador, con su última actuación, claramente trató de enrarecer el ambiente de la discusión de la iniciativa popular. Aún más, peligrosamente viola la ley en desmedro de la voluntad de millones de colombianos que apoyan el referendo.
El colombiano del común no quiere pensar que la decisión del registrador, Carlos Ariel Sánchez, sea una forma de pago a uno de sus electores (Corte Suprema de Justicia) por haberlo elegido estando inhabilitado, debido a las condenas fiscales en su contra originadas por detrimento patrimonial cuando fungió como Contralor de Bogotá. Hay que recordar que esta elección fue denunciada por el procurador de la época, Edgardo Maya Villazón.
Así que el pueblo colombiano está siendo testigo de la manera cómo el poder judicial y sus aliados tratan de engañar de manera flagrante a la comunidad nacional e internacional.
Por último, con la fanfarria que le han hecho a las supuestas amenazas de muerte en su contra, para el colombiano del común, los miembros de la Corte Suprema de Justicia actúan de manera mañosa.
La ñapa: El pueblo colombiano debe defender y respaldar la iniciativa popular ante la afrenta que le hacen los enemigos de la iniciativa. La Corte no puede seguir ocultando su constante falta de respeto al ordenamiento jurídico que dice proteger. Los medios de comunicación no pueden seguir actuando como amplificadores de las mentiras de la Corte.
dcaribemanifiesto@hotmail.com
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