Las verdades de Mario Vargas Llosa

Editorial

El Mundo, Medellín

Mayo 30 de 2009

El escritor peruano habló claro y sin tapujos – como siempre lo ha hecho – de lo que piensa del régimen chavista.

Mario Vargas Llosa, el escritor vivo más universal que tiene el Perú, no solo por su novelística, de calidad indiscutible y ampliamente reconocida, con premios como el “Cervantes” y el “Rómulo Gallegos”, entre muchos otros, sino también por sus ensayos económicos y políticos, sus muy leídos artículos de prensa y sus dotes de agudo polemista, habló claro y sin tapujos – como siempre lo ha hecho – de lo que piensa del régimen chavista, y lo hizo en Caracas y a contrapelo de las advertencias de que, de hacerlo, sería expulsado del país. 

“La deriva del gobierno venezolano lo acerca cada vez más a una dictadura comunista, y lo aleja cada día más de una democracia liberal”, dijo durante la instalación del foro “El Desafío Latinoamericano: Libertad, Democracia, Propiedad y Combate a la Pobreza”, organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, (Cedice), una entidad privada, opositora a Chávez. Y fue aun más lejos, al comentar noticias frescas del régimen, como las amenazas de cierre que pesan sobre el canal privado Globovisión y las retaliaciones del gobierno contra alcaldes y gobernadores opositores: “Si ese camino no se interrumpe y cesa, Venezuela se convertirá en la segunda Cuba de América Latina”. 

Para Vargas Llosa, lo que sucede en Venezuela se semeja a lo que pasó en su país con el general Juan Velasco Alvarado, quien instauró el llamado “Gobierno revolucionario de las FFAA” y manejó con mano de hierro al Perú entre 1968 y 1975, cuando fue derrocado por su primer ministro, también general. “Veo amenazadas las libertades en Venezuela. Se me ponen los pelos de punta cuando hablan de propiedad social en lugar de propiedad privada”, y recordó cómo, so pretexto de nacionalizarla, Velasco destruyó la industria pesquera peruana en muy poco tiempo. “Espero que semejante patraña no la compre el pueblo venezolano. La propiedad social es una quimera. Ese sistema pone en manos de la burocracia política la propiedad privada”. 

Esbozó una tesis con la que aquí hemos estado de acuerdo y a la que nos hemos referido a propósito de la última reforma constitucional, con la que, en materia económica, Chávez pretende el control absoluto: “Satanizar al sector privado es una política suicida. Es cierto que hay empresarios pícaros: que los manden a la cárcel por corruptos. ¿Dónde está el país donde haya funcionado eliminar la propiedad privada? ¿Cuba, Corea del Norte? ¿Es ese el modelo que queremos para América Latina? ¿O deberíamos ver los modelos de España, Suecia o Dinamarca?”. 

Con franqueza, y sin perder la objetividad del analista, Vargas Llosa reconoce el alcance social de algunos programas del gobierno venezolano, pero “lo que critico es que eso se consiga recortando libertades, introduciendo el populismo en lugar de una economía de mercado. El día que desaparezcan las empresas privadas, Venezuela se hundirá en la pobreza”. Para Vargas Llosa, y en eso estamos totalmente de acuerdo, en América Latina “hay una izquierda sensata y responsable, como la de Chile, Uruguay y Brasil – a Lula lo adora la empresa privada - y una izquierda insensata, donde se sataniza a la empresa privada y se promueve la propiedad social”. 

Todo eso y mucho más dijo el escritor peruano, sin dejarse intimidar por el ambiente hostil que le crearon funcionarios, legisladores y medios incondicionales del régimen, días antes de su anunciada presencia en Caracas y el miércoles, cuando arribó al aeropuerto de Maiquetía, donde burócratas de Inmigración le retuvieron arbitrariamente su pasaporte por cerca de dos horas, evidentemente azuzados por declaraciones previas del ministro de Cultura, Héctor Soto, en el sentido de que Vargas era un “irrespetuoso ex intelectual”, que se había “despachado” en Colombia contra el presidente de Venezuela y “contra iconos del pueblo latinoamericano como el ‘Che’ Guevara”. Su subalterno, el viceministro Iván Padilla, le hizo la segunda acusando al escritor de haberse convertido “en un agente de la CIA, en repetidor de consignas vacías y en vocero de la derecha internacional”. El lunes, David Medina, de la dirección de medios y propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, dio por hecho que “Mario Vargas Llosa viene a provocar, y cuando el gobierno tome medidas, si se da el caso, ellos van a denunciarlo. El PSUV apoyará cualquier decisión del Gobierno, como por ejemplo, expulsar a alguna persona que venga a desprestigiarlo”. Aludía también a otros participantes en el coloquio del Cedice, como el historiador mexicano Enrique Krauze (autor del ensayo sobre la política contemporánea de Venezuela “El poder y el delirio”), el ex presidente boliviano Jorge Quiroga, el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza y el intelectual y ex canciller mexicano Jorge Castañeda, todos ellos críticos severos del gobierno Chávez. 

Con semejante barullo, el gobierno y sus altavoces quedaron en ridículo, y caerían en otro peor si llegaran a cumplir su amenaza de expulsar de Venezuela al famoso escritor o a cualquiera de los panelistas invitados, como ya lo hicieron con el director de HRW para América Latina y con un eurodiputado español. En rueda de prensa, Vargas Llosa restó importancia al incidente de Maiquetía, pues finalmente le permitieron participar en el foro, lo que denotaba que había todavía un mínimo de respeto por la libertad de opinión y que eso era lo que había que preservar, defender y reconquistar, si se había perdido en alguna forma. Insistió en que nunca había dicho que en Venezuela hay una dictadura, sino un gobierno autoritario que está atentando gravemente contra la libertad de prensa, que es el camino para llegar a una dictadura, como lo hemos dicho tantas veces en estas columnas.

Vientos contrarios a la paz

 

Liduine Zumpolle y Álvaro Agudelo Medina

Manos Por la Paz, Bogotá (Comunicado a la opinión pública)

Mayo 25 de 2009

 

-Denunciamos el saboteo al trabajo del Gestor de Paz.

-Denunciamos el incumplimiento de  la Ley de Justicia y Paz y el Decreto 1059.

-Hacemos un llamado a  los países donantes al programa, para evaluar  los programas  de paz, desmovilización y reinserción del estado Colombiano, pidiendo veeduría internacional.

Trabajando como Movimiento de Desmovilización y Reconciliación de la guerrilla, dentro de las cárceles,  tenemos lastimosamente que constatar que, contrario a la voluntad presidencial,  hay una falta de voluntad política en las instituciones estatales,  para aceptar el nuevo potencial  de paz  que  representa la multitud de guerrilleros que decide desmovilizarse  dentro de las cárceles.

 

La indisposición de funcionarios de instituciones  estatales como:  la oficina del Alto Comisionado para la Paz ,  la Alta Consejería para la Reintegración, el  INPEC y el Min Defensa,  para ejecutar  la decisión publica de diciembre 2008 del Gobierno Nacional, de nombrar Gestores de Paz en el marco de la Ley 975 y el Decreto 1059, frustra su labor de paz en las cárceles y sabotea la prometida liberación condicional, con condiciones siempre mas imposibles, ilegales y no públicas, para ejercer  su labor más ampliamente en la sociedad nacional e internacional.

 

A pesar de la enorme voluntad de desmovilización, y reconciliación, dentro y fuera de las cárceles de los guerrilleros; la falta de un marco jurídico, la lentitud del proceso por la burocracia, la falta de unidad de criterios, los celos políticos y la corrupción encontrada en el camino, además de la falta de recursos  para hacer una labor eficaz, reflejan  la ausencia total de una política integral del gobierno para desarrollar el tan anhelado propósito de la paz y la reconciliación.

 

La falta de cumplimiento al que dejo las armas, que quiere reconciliarse y aportar a la reconstrucción de la sociedad,  frustra la decisión de los todavía están en el monte, y mas aun, estimula el retorno a las viejas filas o la formación de nuevos grupos violentos.

 

Constatamos  que las autoridades toman más en cuenta los que andan todavía en armas, que los que las rechazaron públicamente,  derrotando así masivamente, sin gastar una bala, el movimiento violento guerrillero desde dentro.  Pero ellos no son valorados,  ni  protegidos. Se encuentran solos ante la indolencia del estado y la venganza de sus anteriores jefes.

 

Fallando en general en el cumplimiento de hecho y el espíritu de la Ley Justicia y Paz, el gobierno nacional está perdiendo la credibilidad a nivel nacional e internacional en sus supuestos programas de paz.  Por lo tanto acudimos a la comunidad internacional para una veeduría permanente para acompañar el gobierno Colombiano en su difícil tarea de promover la paz.

 

En especial llamamos a los países donantes, para reconsiderar sus aportes a programas estatales, y reflexionar sobre posibles alternativas civiles de expertos sobre el tema es para nosotros un motivo de satisfacción que la procuraduría se pronuncia al respecto

 

Procuraduría intervendrá frente a la ley de justicia y paz

 

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2009. La Procuraduría General de la Nación comprometida con la política criminal de justicia restaurativa consagrada en la Ley 975 de 2005, para la transición hacía el logro de una paz sostenible y en la medida en que el proceso judicial avanza junto con las dificultades propias del mismo, ha dispuesto la conformación de un grupo interdisciplinario, al interior del Ministerio Público.

La iniciativa busca determinar los criterios que soportarán la intervención de la Procuraduría tanto en las agendas legislativas como de política pública, que involucran el proceso, con el objeto, tal y como lo consagra la norma, de facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil, en un plano de igualdad de los miembros de los grupos armados al margen de la ley que decidan desmovilizarse.

 

Liduine Zumpolle                                             Álvaro Agudelo Medina

Representante  Internacional                           Representante Legal

 

Brutos e ignorantes

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Mayo 30 de 2009

 

No hay conflicto sobre la tierra, por sanguinario y atroz que sea, que no respete a la misión médica. Todo hospital, centro de salud, consultorio, laboratorio o ambulancia y el personal de salud que presta allí sus servicios están amparados por una protección que impide que contra ellos se desarrollen acciones hostiles.

 

Pero en Colombia a este precepto universal simplemente se lo pasan por la faja los actores ilegales del conflicto. Hace justo una semana una ambulancia fluvial, que se desplazaba por el río Atrato, entre Riosucio y San Jorge (Chocó), fue interceptada por dos encapuchados, que remataron a un ganadero que era trasladado a Turbo con una herida de bala en la cabeza. No valieron ni los símbolos de la misión médica, ni los ruegos de la enfermera y la tripulación.

 

Unos días antes, en la carretera entre El Tarra y Tibú (Norte de Santander), varios hombres que dijeron pertenecer a las Farc detuvieron una ambulancia y asesinaron a un hombre herido al que señalaron de pertenecer a las autodefensas. 

 

Estos son dos de los doce ataques a la misión médica registrados oficialmente por el Ministerio de la Protección Social en lo que va corrido del año, y si bien uno solo de estos crímenes causaría estupor incluso entre los protagonistas de los conflictos más degradados del mundo, la misma entidad reconoce que en el país hay subregistro de estos casos.

 

Los hechos de estas semanas engrosan la larga lista de violaciones similares que desde 1995 acumula 747 víctimas, entre muertos, desaparecidos, heridos, secuestrados, amenazados y torturados. Hoy, en algunas regiones del país el personal médico y sanitario es obligado a guardar silencio bajo amenaza de muerte.

 

A aquellos que tienden a justificar actos bárbaros y de violencia de unos grupos contra los otros vale recordarles que la existencia de la misión médica está fundada en los principios del derecho internacional humanitario, soportados por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que establecen para todos (firmantes y no firmantes) normas mínimas de respeto por la vida y la dignidad humanas.

 

Estas han sido construidas a lo largo de la historia a partir de acuerdos entre personas y voluntades; de hecho, sus orígenes pueden rastrearse hasta la Edad Media. Ya en esa época se entendía que las víctimas y los heridos deben ser tratados con dignidad y que hacia ellos solo debe operar un sentido de solidaridad, que es inherente a la condición humana. Por extensión, la labor neutral del personal médico encargado de su cuidado y resguardo debe respetarse y protegerse.

Por eso aterra que grupos armados presionen a la misión médica para que transgreda su deber ser, que es la defensa de la vida humana, sin distingos de ninguna clase, y se abstenga de brindar atención a aquellos que la requieran.

La acción de las Farc y el Eln, que rematan a heridos, es abominable, como también lo es la de los paramilitares, que en algunas zonas deciden si el personal de salud puede llevar atención, medicamentos y las necesarias vacunas a la población civil. También es censurable el uso indebido de los símbolos universales de la misión médica, que deben ser garantía de neutralidad.

 

Esta situación debería obligar a preguntarse por la naturaleza del conflicto en el que está metido el país. El hecho de que no tenga características internacionales no es una excusa para no asumir, de manera integral, el Protocolo II de Ginebra y, más concretamente, un artículo común, conocido desde 1949, que compromete a todos por igual a amparar a la misión médica. Los ataques cometidos en Colombia son signos de extrema brutalidad e ignorancia.

El devenir venezolano

Editorial

El Colombiano, Medellín

Mayo 30 de 2009

En Venezuela están confluyendo tendencias negativas que contribuyen a deteriorar el clima político y a profundizar el impacto recesivo de la crisis económica internacional. Hugo Chávez ha aprovechado su victoria en el referendo reeleccionista de febrero para acentuar el carácter represivo del régimen.

La oposición está siendo atropellada al convertir el disentimiento en un delito. Los medios de comunicación independientes enfrentan una creciente hostilidad oficial. El canal Globovisión ha sido acusado de atentar contra la estabilidad política por haber informado que había tenido lugar un sismo en Venezuela antes de que lo hubieran anunciado los canales estatales.

El pretexto de que existe separación de poderes ha sido abandonado. La Asamblea Nacional recibe instrucciones de Miraflores respecto a las leyes que se deben aprobar. Chávez anuncia en un programa de televisión que determinado líder de la oposición debería estar preso y la orden de detención llega con sentencia condenatoria anticipada. Las marchas estudiantiles de oposición son disueltas con gases lacrimógenos y violencia. La residencia del propietario de Globovisión fue sometida a un aparatoso allanamiento por parte de las autoridades policivas y aduaneras. Las expresiones de preocupación de los organismos internacionales por el clima de intimidación a los medios independientes de comunicación son rechazadas por el régimen, calificándolos de ofensas a Venezuela.

Si bien el régimen se niega a reconocerlo, la economía venezolana tiene una elevada dependencia de la economía norteamericana. La crisis financiera y la subsiguiente recesión en Estados Unidos han puesto de presente la magnitud de las distorsiones macroeconómicas en Venezuela y la ineptitud de las autoridades para amortiguar el impacto del choque externo.

La caída en el precio internacional del petróleo le impone a Venezuela la necesidad de hacer un fuerte ajuste en el nivel de gasto público y en el flujo de importaciones. La drástica reducción en los ingresos de divisas por concepto de exportaciones produce un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a la vez que un cuantioso déficit fiscal.

Una devaluación del bolívar permitiría cerrar las dos brechas. En su lugar, se ha optado por reducir las importaciones, restringiendo el acceso a las divisas que asigna Cadivi. Se ha producido una devaluación de facto y un mercado de cambio paralelo. La nacionalización de sectores considerados estratégicos está estrechando el campo de acción de la empresa privada.

La percepción de la actualidad venezolana es que Hugo Chávez ha cruzado la línea que separa a un régimen caudillista con apariencia democrática de una dictadura abierta dispuesta a ejercer un control totalitario sobre la sociedad. Al mismo tiempo el atropello sistemático del derecho de propiedad, para imponer un modelo soviético de manejo económico, está desarticulando el aparato productivo del país.

Chávez ha declarado que se aprende mucho leyendo las obras de Mao Tse-Tung. La meta que se ha propuesto es establecer un sistema económico y de control social similar al de Cuba. Algunos observadores temen que el resultado de ese intento sea más bien convertir a Venezuela en algo parecido a Zimbabwe.

 

 

¡Qué miedo de la justicia colombiana!

Jorge Enrique Pava Quiceno

La Patria, Manizales

Mayo 29 de 2009

Hemos llegado al extremo de otorgarle la credibilidad absoluta a los delincuentes y el poder para que ellos decidan sobre la suerte de sus amigos y de sus enemigos, con la complicidad de esos órganos judiciales.

Puede sonar desastroso pero, ¡qué miedo caer en las manos de la justicia colombiana! 

¡Sí! Los colombianos somos testigos diariamente de las injusticias que cometen fiscales, jueces y magistrados invocando las leyes y produciendo fallos muchas veces arbitrarios; o -igualmente perverso- absteniéndose de producirlos por presiones politiqueras, cesión a sobornos o amedrentamiento por parte de sindicados o acusadores. 

Es aterrador comprobar que un ciudadano que osa tocar las nalgas a una dama -y no comparto ni justifico el hecho- se haga acreedor a una condena de cuatro años de prisión, mientras en nuestro medio estamos rodeados de asesinos, ladrones y saqueadores del erario, y de funcionarios que les hacen la segunda y cohonestan esos comportamientos, y se dan el lujo de vivir en el reino de la impunidad. 

Ya es costumbre oír pronósticos sobre decisiones judiciales según el juez o el fiscal que asuma el caso, o del procesado de que se trate. De acuerdo con el poder que ostente, de la maldad de la que haya hecho gala, de la falta de escrúpulos de que tenga fama, de los círculos políticos en que se mueva, o del dinero que esté acostumbrado a destinar para lavar sus culpas, la sociedad entera sabe de antemano cuál será el veredicto que se dicte en contra del acusado. Y algunas veces también se alcanza a pronosticar dicho veredicto por el origen político del juez o por las palancas que haya tenido que utilizar para acceder a su cargo. 

Lastimosamente no podemos negar lo permeables que son nuestros órganos de justicia a la politiquería y al maquiavelismo de los politiqueros. Desde el origen constitucional de las altas cortes, hasta tribunales, fiscalías y juzgados que dependen de estas, existe un vínculo estrecho y de dependencia entre el poder judicial y el político. 

Los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de administrar la carrera judicial, son todos en el fondo nombrados por los congresistas, bien sea a través del origen mismo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, que nombran a seis de sus magistrados o, más aún, por el nombramiento de los siete magistrados adicionales que la Constitución le reserva el derecho de elegir al propio Congreso. 

De allí que en cada región del país sea un secreto a voces cuál congresista tiene más poder o injerencia en el poder judicial de su jurisdicción; y consecuentemente también en cada región se puede pronosticar hasta donde llega la impunidad para los actos cometidos por quienes ostentan el dominio poderoso de la justicia. ¿O no será suficiente prueba este mar de impunidad en el que vivimos en Caldas? 

Esta es una de las más poderosas razones para que la política en Colombia se ejerza de una manera monárquica y que cada congresista pretenda que sus herederos continúen en el trono. ¿No sentirán temor, por ejemplo, los familiares de Ómar Yepes que tienen su vinculación laboral con la justicia colombiana, si con el retiro de la política de su mentor se acaban también sus influencias? 

Pero pasando al entorno nacional, estamos asistiendo a un estado tan lamentable de la justicia, que hemos llegado al extremo de otorgarle la credibilidad absoluta a los delincuentes y el poder para que ellos decidan sobre la suerte de sus amigos y de sus enemigos, con la complicidad de esos órganos judiciales. 

Así por ejemplo, si Mancuso amanece un día con ganas de causarle un serio perjuicio a cualquier funcionario colombiano; o si algún acusado de pertenecer a grupos paramilitares quiere involucrar a su rival político en hechos delictuosos, sólo basta con que conviertan sus inventos en una declaración pública, e inmediatamente se le viene en contra al mencionado “todo el peso de la ley” y se produce casi que una condena automática en la cual, contrariando el mandato constitucional, ese acusado es culpable hasta que demuestre su inocencia. Y el delincuente obtiene además beneficios por su “delación”. ¿Tiene esto razón de ser? 

Y como si fuera poco, esos oídos de la justicia que están prestos para atender todo lo que se relacione con vínculos con paramilitares, se ensordecen cuando se trata de vínculos con la guerrilla. De ahí que ni con cientos de evidencias encontradas en los computadores de dirigentes y militantes de las Farc se haya producido una condena, y se haya preferido guardar un silencio temeroso y cómplice con algunos de quienes hoy se precian de hacer una oposición política, pero sustentada en sus vínculos macabros con la guerrilla. 

Claro que afortunadamente también existen casos en los que son los propios jueces, fiscales y magistrados quienes hacen gala de su imparcialidad y ecuanimidad, y se convierten en garantes de una verdadera justicia, así tengan que irse en contra de los poderosos. Pero esos son quienes muchas veces resultan trasladados, destituidos o asediados por sus superiores, pues se convierten también en la piedra en el zapato de aquellos que acostumbran a delinquir con la seguridad de que sus delitos quedarán impunes. ¡Y esas son piedras que los poderosos que manejan nuestro aparato judicial no pueden tolerar! 

En la boca del monstruo

Por Oscar Tulio Lizcano

La Patria, Manizales

Mayo 29 de 2009

Yo, que sufrí la hostilidad de este grupo en la selva, me asombré al descubrir las barbaridades que cometen a diario y que en algunos casos no pude ver, pese a estar en la boca del monstruo. 

Durante el tiempo que estuve secuestrado por las Farc fui testigo mudo e invisible de algunos casos de ejecuciones, tomas a poblaciones, secuestros y combates por parte de los hombres y mujeres que integran este grupo armado. Conocí muchas historias que quedaron truncas y que guardé en mi memoria a manera de preocupación como testimonio contundente de la guerra absurda que padecemos los colombianos. 

Cuando se llegó por fin el momento de exhalar lo que llaman los griegos la primera posesión del hombre sobre la tierra: la libertad, me pregunté de nuevo por la suerte de esos muchachos que fueron mis carceleros y particularmente por aquellos guerrilleros que se quedaron en el monte aquel 24 de octubre de 2008, cuando partí con Isaza a recuperar el rumbo de mi vida. 

Muchos de esos recuerdos quedaron sepultados en la selva, silenciosos y amordazados. Algunos de estos hombres y mujeres que me cuidaron durante más de ocho años en las pútridas selvas de Risaralda y Chocó están desmovilizados. A algunos de ellos los recuerdo por el buen trato que me dieron, a otros, porque fueron mis más despiadados verdugos. 

Cuando decidí narrar mi largo y doloroso cautiverio a través de un libro -con el apoyo de una importante editorial colombiana-, pensé que debía ser más que un simple relato como el que hicieron muchos de los secuestrados que hoy son libres. Quise que mi relato fuera un aporte para que el país conozca la verdad de los hechos que las Farc han ocultado utilizando la desinformación. 

Por lo tanto, me di a la tarea de investigar a fondo los rumores y las terribles historias que escuché y viví de cerca durante estos años. La labor de campo fue dispendiosa y me dejó como resultado más de 100 horas de entrevistas grabadas con los protagonistas, con mis carceleros hoy desmovilizados. 

Aquellos relatos que iba recolectando me fueron dando pistas para acercarme con avidez insaciable a la realidad. Corroboré y crucé cada dato hasta acercarme a la versión más veraz. Busqué y recopilé documentos escritos y audiovisuales emitidos por los mismos guerrilleros, material incautado por organismos de inteligencia del Estado e interceptaciones; entrevisté a militares, policías y funcionarios públicos. En varias ocasiones viajé incluso a los lugares que tuvieron que ver con mi secuestro. 

Yo, que sufrí la hostilidad de este grupo en la selva, me asombré al descubrir las barbaridades que cometen a diario y que en algunos casos no pude ver, pese a estar en la boca del monstruo. Pude concluir que aquellos muchachos que quedaron en la selva se mantienen bajo la intimidación y el terror y que cualquier intento que hagan por buscar la libertad les costaría la vida, como les sucedió a muchos de los protagonistas de mi narración. 

Puedo decirles con tranquilidad que esta narración carece de odio. De lo contrario me mantendría encadenado a esa selva que fue mi prisión durante más de ocho años.

   

¿Profesor o activista?

Por Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Mayo 29 de 2009 

Fue deportado desde México Miguel Ángel Beltrán, alias “Jaime Cienfuegos”, quien según las autoridades policiales hace parte del ala intelectual de las Farc, se dedicaba al reclutamiento de estudiantes, y es mencionado prolijamente en el computador de Raúl Reyes, de quien recibía instrucciones.

Profesor de la Universidad Nacional, Cienfuegos estaba realizando estudios posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estaba contratado. Más allá de señalar que este caso ratifica la existencia del PC3 y la eficacia de la propaganda internacional fariana, quiero llamar la atención sobre el hecho de que un guerrillero sea profesor universitario. 

Profesor es quien profesa públicamente –de ahí el nombre– un conocimiento y lo comparte con sus estudiantes, incentivándolos a que busquen por sí mismos dicho saber. También se llama docente porque muestra (docere) realidades que conoce previamente. Esta actividad es libre por definición: obedece únicamente a la búsqueda de la verdad que el profesor lleva a cabo esforzada y desinteresadamente. Del saber nace la autoridad sobre sus alumnos, la cual es ajena a la coerción o a la intimidación, y es reconocida por quien se pone voluntariamente en disposición de aprender, y en el mejor de los casos, ser formado. 

Pero ¿qué pasa cuando quien enseña defiende intereses ajenos a la vida académica?, ¿qué pasa cuando las clases y las investigaciones solo son fachadas de propaganda y férreas ideologías?, ¿qué pasa cuando el profesor en vez de promover el espíritu crítico, la discusión razonada y la capacidad de rebatir con argumentos posturas contrarias, promueve un espíritu sectario, un pensamiento único, e incluso hace apología de delitos? Más aún, ¿qué pasa cuando el profesor puede imponer sus ideas violentamente? La vida académica se desnaturaliza, y aquel traiciona el ideal universitario que dice profesar, y también la confianza de los estudiantes, y de quienes leen sus publicaciones, de sus colegas, y de todos aquellos que creían que su labor era realizada por amor al saber. El supuesto profesor es en realidad un activista que sirve a una causa. Las ideas son instrumentales a ésta. 

Lamentablemente las universidades están llenas de académicos de fachada, de activistas y de militantes.

Las librerías están atiborradas de textos que no son sino documentados panfletos. 

No me refiero únicamente a los que sirven a la propaganda política de derecha o de izquierda, sino también a intereses económicos, étnicos o grupales, y a ideologías políticamente correctas. No es un asunto exclusivo de las ciencias humanas. 

La posibilidad de que las ciencias sociales sean instrumentalizadas por propósitos políticos ha sido preocupación de varios intelectuales. Max Weber creyó encontrar la fórmula de la pureza metodológica al separar tajantemente los hechos empíricos de los valores. Si la ciencia hacía valoraciones perdía objetividad. Pero este modelo es insuficiente: la reflexión de ciertas cuestiones ponen de presente la imposibilidad de excluir elementos valorativos y las preguntas por el bien y la verdad. Leo Strauss, profesor de la Universidad de Chicago, señalaba que el científico social no es un árbitro externo imperturbable que en su perspectiva meramente empírica le da lo mismo observar triángulos, peces o seres humanos. Strauss reivindicaba el civismo como base desde la cual el científico social debía estudiar la realidad. Precisamente todo lo contrario de lo que hacen profesores como Cienfuegos. 

Apostilla: La sanción de la Secretaría Distrital de Bogotá al Hospital San Ignacio es una arbitrariedad. Se quiere obligar a practicar abortos al personal de instituciones cuyos principios misionales son constitucionalmente legítimos. Tengo mucha esperanza en la labor que viene realizando Ilva Miryam Hoyos, Procuradora delegada para los derechos de la infancia, la vida y la familia. Los médicos y el personal administrativo “pro-vida” harían bien en informarse acerca de la desobediencia civil y la objeción de conciencia, herramientas legítimas de los ciudadanos ante injusticias como éstas. Claro, en un régimen democrático.

 

Hay que oír a las víctimas

Editorial

El Colombiano, Medellín

Mayo 20 de 2009

Para lograr una paz duradera y estable es esencial escuchar a las víctimas y encontrar los caminos que permitan brindarles verdad, justicia y una reparación integral. Celebramos entonces que el eje central del V Congreso Internacional Sobre Víctimas del Terrorismo, sea oír las múltiples voces de quienes han sufrido las más crueles violencias en el mundo. Medellín tiene hoy y mañana el privilegio de apreciar valiosos testimonios de muchos de quienes a pesar de haber sufrido los rigores de la guerra, han aprendido a perdonar y a comenzar de nuevo a vivir no obstante sus dolores y ausencias.

Es preciso hacer un llamado a la comunidad internacional para que considere a las voces de quienes han padecido las más crueles formas de intolerancia y odios. Son dos días de profunda reflexión para que el mundo avance en su derecho a conocer la verdad sobre sus violencias y proponga soluciones que privilegien la dignidad de las víctimas y su incorporación total a la civilidad, con el pleno ejercicio de sus derechos.

El evento, organizado por la Fundación Víctimas Visibles y la Universidad Sergio Arboleda, reúne a mil víctimas y a seiscientos invitados de todo el mundo, en especial provenientes de países que han vivido el terrorismo, y de otros que han llevado a cabo procesos exitosos de reconciliación: Chile, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, España, Ruanda, Irlanda del Norte, entre otros.

Los temas objeto de la discusión académica dan fiel cuenta de la complejidad que conllevan las negociaciones de paz. Estos son: España, una sociedad y unas víctimas empoderadas. El dolor es el mismo y no tiene fronteras. El secuestro, la esclavitud del siglo XXI. ¿Para qué la verdad? Medellín, del miedo a la confianza. Y los medios de comunicación en la construcción de la memoria.

Los expertos hablarán y seguro tendrán valiosas respuestas que nos permitan a los colombianos encontrar caminos de reconciliación. Pero hay que prestar especial atención a las víctimas, ya que muchas de ellas han vivido edificantes experiencias del perdón y convivencia sin odios. No olvidan, pero han tenido la sabiduría para perdonar.

Aún faltan muchas víctimas por escuchar. El V Congreso busca hacerlas visibles, legitimarlas y reconocerlas, para que sean ellas las que cuenten, con sus propias palabras y gestos, sus dolores y sufrimientos. Es preciso construir una memoria individual y social que permita saber a ciencia cierta qué pasó, y no repetir las historias de guerra, secuestro, desplazamientos y torturas.

Los estudiosos de la paz saben que hay una relación entre la memoria colectiva, la confianza de la sociedad y la posibilidad de una reparación efectiva e integral a las víctimas. Así se resume en el lema del Congreso, tal como lo expresa su directora, Diana Sofía Giraldo: "Colombia tiene derecho a saber la verdad y a construir memoria". Pero todos los colombianos tenemos nuestra propia responsabilidad en el conflicto y en su superación.

Como medio de comunicación no nos es posible sustraernos a la tarea de la construcción de la convivencia pacífica. Estamos en la obligación ética de hacer uso de la prudencia al informar los actos de guerra, y en el deber ineludible de contribuir con la búsqueda de nuestra historia y su registro, teniendo siempre presente el respeto por la dignidad humana.

La presencia de don Felipe de Borbón y doña Letizia Ortiz, en el evento es un importante testimonio de solidaridad. Su férrea condena a todos los actos terroristas, porque "desprecian los más fundamentales derechos humanos", confirman lo que ya bien conocíamos: el extraordinario humanismo de don Felipe y su esposa. ¡Bienvenidos a la ciudad que pasó del miedo a la confianza!

 

 

Polos opuestos

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Mayo 29 de 2009

 

Los lanzamientos simultáneos de las aspiraciones presidenciales de Carlos Gaviria y Luis Eduardo Garzón confirmaron la poco sorpresiva división de la izquierda democrática para la campaña electoral del 2010. Durante casi cuatro años, el Polo Democrático Alternativo materializó la ilusión de un proyecto único entre las fuerzas del mencionado espectro ideológico y se ganó un lugar dentro de las voces opositoras del Gobierno. 

Que el ex alcalde de Bogotá y el ex magistrado armen tolda aparte es un hecho cargado de profundos simbolismos. Garzón no sólo inspiró y fundó el Polo sino que, de su mano, el joven partido ganó el segundo cargo de elección popular del país. Los cuatro años de la administración de Lucho en Bogotá demostraron que, con sus pros y contras, la izquierda no solo era capaz de gobernar responsablemente a la capital, sino también de reelegirse en el cargo, como sucedió con el actual burgomaestre, Samuel Moreno. 

Carlos Gaviria también ha sido un protagonista de primera línea en la corta vida del PDA. Su campaña en las pasadas elecciones presidenciales obtuvo la mayor votación en la historia de la izquierda: 2,6 millones de votos, y el segundo lugar, por encima del candidato del Partido Liberal. A pesar del contundente triunfo del presidente Álvaro Uribe, la colectividad se perfilaba, con una bancada de diez senadores, como una alternativa política creíble y en crecimiento. 

Sin embargo, tres años después, el escenario es muy diferente. 

En los 18 meses desde la salida de Garzón de la Alcaldía, los líderes del Polo se trenzaron en una larga, pública y agria confrontación sobre el futuro del partido y la estrategia electoral para el 2010. Las críticas del ex alcalde y de otros líderes destacados, como el senador Gustavo Petro, acerca de las reglas impuestas por la mayoría, encabezada por Carlos Gaviria, ahondaron las fracturas por razones ideológicas, de origen político y de estilo. La dirigencia, por su parte, reclamó que las voces críticas se sometieran a la democracia de la colectividad.

A sabiendas de que la maquinaria de la militancia estaba en manos de sus opositores, Garzón y Petro terminaron optando por marginarse de la consulta interna, cuyo plazo de inscripción vence mañana. De esta manera, la izquierda, que, unida, derrotó a los liberales en el 2006, llega dividida en tres a la largada de las próximas presidenciales: Carlos Gaviria como candidato oficial del PDA, el senador Petro en disidencia y Luis Eduardo Garzón como independiente. 

Los efectos de esta división no son de corto alcance. Primero, la fractura hace difícil que el Polo repita el logro de los pasados comicios. Además, a pesar de los impresionantes éxitos electorales logrados en estos cinco años, ningún partido joven y minoritario puede darse el lujo de perder de un tajo a dos líderes experimentados, curtidos y con reconocimiento público como Garzón y Petro. En especial, cuando se tiene en frente un opositor como el uribismo: con mayorías indiscutibles, sólidos liderazgos, respaldo popular y una agenda de gobierno dos veces victoriosa en las urnas. Hasta la experiencia en Bogotá queda partida en dos. 

Por un lado, la gestión del alcalde Moreno y, por el otro, la agenda contra el hambre que impulsó el ahora independiente Garzón.

No obstante, más allá del desempeño de Gaviria, Lucho y Petro como candidatos presidenciales, el golpe más duro se ubica en el terreno de lo simbólico. La renuncia del ex alcalde y la intransigencia de las directivas echan por la borda el mensaje del Polo como ejemplo de una izquierda madura, capaz de superar las diferencias y trabajar unida. Unión que precisamente le permitió atraer votos del centro, ganar elecciones y demostrar capacidad de gobierno.

 

 

El dilema

Por Plinio Apuleyo Mendoza

El Tiempo, Bogotá

Mayo 29 de 2009

El Presidente teme que al renunciar a un nuevo mandato naufrague su política de seguridad democrática.

"Frente a la reelección tengo una encrucijada en el alma". "No quisiera la amargura de que las nuevas generaciones me vieran como alguien apegado al poder". Digan lo que digan sus más acérrimos críticos, creo que estas inquietudes expresadas por el presidente Uribe en el foro empresarial organizado por The Economist son profundamente sinceras.

 

¿Entonces por qué insiste?, dirán hoy no sólo enemigos sino también muchos amigos suyos. No es, como dicen los primeros, por apetito de poder. El Presidente teme que al renunciar a un nuevo mandato naufrague su política de seguridad democrática. 

 

No ciertamente por falta de líderes capaces de continuarla, sino por un fenómeno que revelan las encuestas: él es hoy el único colombiano que agrupa en torno suyo a una inmensa mayoría de la opinión.

Existe, en cambio, el riesgo de que ese vital apoyo se disperse en muchas y a veces peligrosas direcciones.

La pasión o ferocidad con que abordan el tema de la reelección sus partidarios y detractores impide examinar lo dicho o confesado por el presidente Uribe con frialdad, sin tomar a priori partido a favor o en contra.

Desde luego, hay sobradas razones para ver la reelección como un riesgo para la democracia y sus instituciones. Que es inconveniente perpetuar a un mandatario, lo reconoce el propio Uribe. Si pese a ello se encuentra ante un doloroso dilema es por el riesgo de que su política de seguridad democrática sea sustituida por otra. Tal temor tiene bases. La enorme corriente de opinión que lo apoya podría dispersarse en un enjambre de candidatos y de ofertas (por cierto, con desventaja para quienes, por ser uribistas, deben poner en cuarentena sus aspiraciones y campañas mientras no se despeje la incógnita de la reelección). 

Los demás, llámense Sergio Fajardo, Mockus, Lucho Garzón o Petro se mueven sin trabas, pero son más cercanos a una política de conciliación que a una de firmeza, para no hablar del Polo y del liberalismo y sus posibles acuerdos en torno a ese cuento de bobos que son los diálogos de paz con la guerrilla.

 

En el fondo, el problema al que asistimos obedece al hecho desafortunado de que el Presidente no pudo crear, como soporte indispensable de su política, un partido o movimiento fuerte y disciplinado en vez del actual abanico de grupos que se dicen uribistas. Es, pues, un gran líder sin partido. Y un líder sin partido es como un buen director de orquesta sin orquesta. ¿Qué habría ocurrido en España si Felipe González no hubiese tenido el PSOE y Aznar el Partido Popular?

 

Y lo malo es que mucho falta para ganarle la guerra al terrorismo. Con una justicia poco confiable, una

Fiscalía infiltrada, falsos testigos e insidiosas conjuras de ese orden contra las Fuerzas Armadas, sería indispensable un consenso para restaurar la Justicia Penal Militar. Trámites infinitos y una cantidad de instancias burocráticas han impedido que se haga efectiva la desmovilización de los mil ex guerrilleros asociados a Manos por la Paz, y la de otros muchos que podrían desertar de las Farc. Así, mientras una guerra se gana en el monte otra se pierde en las conjuras jurídicas o en las oficinas.

 

Estos problemas son ajenos a la reelección en sí, puesto que ya existen bajo el actual Gobierno y desbordan al Primer Mandatario, a quien uno ve inquietantemente solo. Es extraordinario, sí, lo logrado por él hasta ahora y el apoyo que tiene. Terminado su actual período, su excepcional liderazgo le permitiría salir de su soledad en la Casa de Nariño y del venenoso coro de críticas de prensa que hoy lo asedian, para crear y dirigir una fuerza popular, única en Colombia, capaz de servir de sustento a un sucesor suyo y de asegurar la perdurabilidad de su política. ¿No sería mejor?

 

Ciencia, tecnología y desarrollo

Por Hernán Avendaño Cruz*

La República, Bogotá

Mayo 29 de 2009

Cuando el pesimismo sepulta la viveza y la astucia de las que tanto nos ufanamos, surgen listas negativas de factores por los cuales no somos capaces de emular prácticas exitosas de otras economías subdesarrolladas o por los que no podemos tener la pretensión de crecer sostenidamente a tasas superiores al 7% anual.

Uno de los argumentos típicos es que el país no tiene y nunca tendrá las bases científicas para crecer más, porque gastamos cifras irrisorias en investigación y desarrollo (I+D); por eso tenemos un reducido número de científicos, escasas publicaciones científicas y pocas patentes nuevas por año.

Puede que algo de razón asista a quienes así piensan. Pero lo que hay en el fondo es la excusa de siempre: “cuando estemos listos”; mientras tanto, mejor no hacer nada.

El famoso historiador Eric Hobsbawn, en su no menos famosa obra “Las revoluciones burguesas”, muestra que no es estrictamente necesario ser el líder mundial en ciencia y tecnología para desarrollar una economía.

Cuando analiza la revolución industrial, Hobsbawn afirma que la transformación radical de las formas de producción se registró primero en Inglaterra, que no era precisamente la fortaleza científica del mundo del siglo XVIII. Sostiene que “mientras el gobierno revolucionario francés estimulaba las investigaciones científicas, el reaccionario inglés las consideraba peligrosas”.

La academia de Inglaterra tampoco descollaba en el desarrollo científico: “La educación inglesa era una broma de dudoso gusto… Oxford y Cambridge, las dos únicas universidades inglesas, eran intelectualmente nulas, igual que las soñolientas escuelas públicas o de humanidades”. Aún así, fue la potencia mundial del siglo XIX y comienzos del XX.

Según el economista Xavier Sala i Martin lo que debe preocupar a los gobiernos es la mejora en la competitividad sobre la base de la innovación, antes que tener el objetivo de elevar el indicador de gasto en investigación y desarrollo. “El gasto en I+D no es una señal de que las cosas vayan bien o mal. Por ejemplo, los gastos en egiptología se cuentan en I+D, pero ello difícilmente eleva la competitividad del país”.

Las experiencias de las economías asiáticas que han sido exitosas muestran que se basaron en la importación de tecnologías antes que en intentar desarrollarlas ellas mismas. Y no se quedaron en la adaptación y la copia sino que al tiempo que crecía la productividad y se fomentaba la innovación, también fortalecieron la I+D.

Para Sala i Martin “la política de innovación consiste en generar un ambiente propicio que conduzca a la creación de ideas y a la implementación de las mismas en productos, servicios o procesos”. En ese objetivo juega un papel esencial el sistema educativo del país, que se debe enfocar al establecimiento de incentivos para pensar, generar preguntas, innovar y emprender.

En el caso de Colombia, la política de transformación productiva abre la posibilidad de repotenciar sectores existentes y desarrollar sectores nuevos con base en la adaptación de tecnologías que ya están inventadas. Simultáneamente es posible que surjan problemas que requieran de investigación científica aplicada; esta es una de las razones por las que es importante la vinculación de la academia en esas alianzas público–privadas.

Un complemento necesario es la reglamentación de la Ley de Emprendimiento, en la parte pertinente a la orientación de la educación hacia la formación de empresarios desde la educación primaria y la preparación de personas con capacidad de generar ideas y llevarlas a cabo.

Evidentemente no es necesario reinventarse la rueda para fabricar carros. Pero sí es necesario sacudirnos del fatalismo y seguir trabajando en la construcción de una Colombia más competitiva y más innovadora.

* Jefe Estudios Económicos Mincomercio

 

La crisis económica y la nueva Ley de Ciencia, tecnología e innovación, Ley 1286 de enero de 2009

Por Jaime Restrepo Cuartas*  

Revista del Congreso, Bogotá

Mayo 29 de 2009

En la reciente reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realizada en Medellín, uno de los temas que salió a flote para enfrentar la actual crisis económica internacional, fue la posibilidad de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en los países afectados, y muy particularmente en los de economías débiles.

La situación es clara. Si fortalecemos la capacidad de producir conocimiento y lo aplicamos a las necesidades del país, en campos como el sector agropecuario e industrial, los recursos naturales, renovables o no, nuestra biodiversidad, las telecomunicaciones, la infraestructura y las potencialidades en temas como los recursos hídricos, la salud, la educación y el saneamiento básico, fortaleceremos, a no dudarlo, nuestra capacidad competitiva nacional e internacional.

La nueva Ley de ciencia, tecnología e innovación busca modificar el modelo productivo nacional, para que apoyados en la investigación, logremos dar valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía, y de esa manera contribuyamos a la creación de una nueva industria nacional de base tecnológica, que propicie una productividad sostenible a largo plazo y nos permita resolver los enormes problemas de inequidad social.

Otros países del mundo han demostrado en los últimos veinte años, que es a partir del conocimiento, aplicado a las necesidades regionales, como se puede salir de la pobreza y de las inequidades sociales. La China, por ejemplo, ha logrado crecimientos entre el 8 y el 10% del PIB en los últimos diez años y otros países como la India, Corea e Irlanda han seguido por caminos similares.

La nueva Ley eleva la categoría de Colciencias a la de un Departamento Administrativo del orden nacional, con la obligación de trazar las políticas de una manera transversal al Estado y por tanto a los diferentes Ministerios e Instituciones del Gobierno, y le da una mayor capacidad de gestión a la entidad, pues el Director hará parte del Consejo de Ministros y del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.

Del mismo modo, la Ley busca llegar al 1% de recursos del Producto Interno Bruto, PIB, en el país dedicado a ciencia, tecnología e innovación y de esa manera ponernos a tono con otros países Latinoamericanos como el Brasil que dedica 1,3% de su PIB, Chile que dedica el 1% y México que ha aprobado para este año un 1%. Recordemos que Suecia dedica 5%, Japón 3%, Alemania 3%, EEUU 2,7% y China un 2%.

La aplicación de la nueva Ley permitirá también que nosotros logremos un modelo sistémico con un trabajo en red, con interdisciplinariedad y trabajo en equipo; un proceso de regionalización de la ciencia para que las regiones ricas en recursos, pero con un bajo desarrollo relativo, logren equilibrar su desarrollo y puedan tener el capital humano necesario y los equipos indispensables para lograr capacidad competitiva con regiones de mayor desarrollo, fomentando además la solidaridad entre las regiones de mayor y de menor desarrollo.

Un aspecto esencial es tener ya una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación, como lo demuestra un COMPES del 27 de abril de 2009 sobre el tema y además, que exista la suficiente preocupación como para crear una comunidad científica fuerte, lo cual se expresa con la aprobación de la formación de 500 doctores por año durante cinco años, en un convenio entre el Ministerio de Educación y Colciencias, y que tiene por objeto disminuir esa brecha de formación en doctorados que nos aleja cada vez más de otros países del mundo.

Sólo el desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la capacidad de innovación, o sea el nuevo conocimiento científico, nos hará dignos frente a otros países del mundo, nos permitirá no ser dependientes de otras economías, y nos ayudará a ser competitivos en el marco de la globalización de las economías.

* Representante a la Cámara, autor y ponente de la Ley 1286 de enero de 2009

 

 

Otra calumnia que se derrumba

El Blog DEBATE NACIONAL publica dos documentos de interés en el tema de la "parapolítica", que desnudan los deleznables y tendenciosos argumentos utilizados por supuestos "académicos" como Claudia López y León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, para enlodar a numerosos dirigentes políticos, como el gobernador de Antioquia. Se trata del artículo del periódico El Colombiano que informa sobre el desenlace de la denuncia que por calumnia entabló el doctor Luis Alfredo Ramos contra Claudia López, y la carta del doctor Iván Restrepo Lince, de la Fundación Defensa Patria, sobre el mismo tema.

 

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Medellín, Mayo 27 de 2009

Drs.:

Alejandro Ordóñez M.,

PROCURADOR GENERAL

Luis Alfredo Ramos,

GOBERNADOR ANTIOQUIA

Referencia: REFUTADA la “teoría” de Claudia López

Respetados Doctores:

Antioquia está de plácemes con la noticia de hoy en EL COLOMBIANO sobre el acuerdo del pasado 4 de mayo ante el Fiscal 144. En la Fundación sabíamos que el Dr. Ramos era la presa más buscada de la Corporación Arcoíris, el injustamente encarcelado que haría temblar a Gobernadores y Alcaldes ante el poder de la máquina de calumnias.

Y están de plácemes Colombia y su Justicia. La erguida postura de nuestro Gobernador obligó a la politóloga a afirmar: “…no hay prueba alguna de que haya recibido apoyo o haya sido elegido por los paramilitares”. El rotundo fracaso de la “Atipicidad Georeferenciada” que usaba como prueba y con la “reverente inclinación” del Señor Fiscal, tiene en la cárcel a decenas de colombianos por simples supuestos…

En su generosidad, el Dr. Ramos aceptó esa disculpa, sin que fuera nada convincente el argumento de no ser Claudia responsable de la edición de la revista Cambio; si fue tergiversada en tan grave y delicado asunto habría debido rectificar. Pero lo importante es que ese esperpento estadístico-epistemológico fue AUTORREFUTADO y no de cualquier forma: ante la Justicia Penal.

Tome nota Sr. Procurador: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Sr. Fiscal PREVARICAN, violando el art. 422 del Código de Procedimiento Penal que establece las condiciones de aceptabilidad de teorías y pruebas novedosas, al basarse en lo no VERIFICADO y, hoy, REFUTADO.

Y el Sr. Fiscal pudiera no seguir inclinado reverentemente y erguirse, retomar la postura que la evolución nos dio a los humanos para ver mejor. 

Copias: Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía

Iván Restrepo Lince.

Ced. 8340132

Fundación Defensa Patria

Medellín, Colombia

 

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Hubo conciliación en caso Ramos-López

Por Diana Carolina Jiménez

El Colombiano, Medellín

Mayo 27 de 2009, página 9A

A buen término llegó el pleito entre la periodista e investigadora Claudia López y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Todo comenzó cuando en la edición número 765 de la revista Cambio, publicada entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2008, López aseguró que “lo atípico de la votación de Ramos no es que haya crecido, sino cómo y dónde creció. Que haya crecido en el norte del departamento y el Valle de Aburrá es normal, pero en Urabá, el Nordeste y el Bajo Cauca rompió la tradición de un siglo, porque su partido, de origen conservador, nunca ganaba allá. Pudo ser elegido sin el apoyo paramilitar, pero él decidió no hacerlo”.

Ante esa declaración, Ramos demandó por injuria a Claudia López en abril de 2008. Según el Gobernador, ella le estaba atribuyendo la realización de una conducta que deshonraba su ejercicio en la vida pública, a través de la publicación. “Basándose en una sospecha, la señora Claudia López me hizo tan deshonrosa como mentirosa e irresponsable imputación”, afirmó Ramos en la denuncia formulada ante la Fiscalía General de la Nación.

El arreglo

La conciliación entre las partes se hizo ante la fiscal 144 local, la mañana del 4 de mayo de este año. En la cita, Luis Alfredo Ramos le preguntó a Claudia López si ella estaba de acuerdo con la frase que apareció en la revista, en la que ella señala que el Gobernador “pudo ser elegido sin el apoyo paramilitar, pero él decidió no hacerlo”.

A la pregunta del Gobernador, López respondió que “el doctor Ramos menciona una entrevista de la revista Cambio de cuya edición no soy responsable. En múltiples oportunidades (...) he afirmado, públicamente, que no he hecho sindicación penal ni legal de ninguna naturaleza, en el sentido de que no hay prueba alguna de que haya recibido apoyo o haya sido elegido por los paramilitares”.

Una vez escuchó la respuesta de López, el Gobernador dijo “aceptar su planteamiento cuando afirma que no recibí apoyo de los paramilitares en mi elección como gobernador de Antioquia, y que en ningún momento quiso hacer una sindicación penal ni legal”.

Según el abogado del Mandatario, Julio González, “lo más importante para el Gobernador era que ella aclarara esta situación ante la Justicia y que quedara una constancia de que él era inocente frente a ese tipo de acusación”.