¡Qué miedo de la justicia colombiana!

Jorge Enrique Pava Quiceno

La Patria, Manizales

Mayo 29 de 2009

Hemos llegado al extremo de otorgarle la credibilidad absoluta a los delincuentes y el poder para que ellos decidan sobre la suerte de sus amigos y de sus enemigos, con la complicidad de esos órganos judiciales.

Puede sonar desastroso pero, ¡qué miedo caer en las manos de la justicia colombiana! 

¡Sí! Los colombianos somos testigos diariamente de las injusticias que cometen fiscales, jueces y magistrados invocando las leyes y produciendo fallos muchas veces arbitrarios; o -igualmente perverso- absteniéndose de producirlos por presiones politiqueras, cesión a sobornos o amedrentamiento por parte de sindicados o acusadores. 

Es aterrador comprobar que un ciudadano que osa tocar las nalgas a una dama -y no comparto ni justifico el hecho- se haga acreedor a una condena de cuatro años de prisión, mientras en nuestro medio estamos rodeados de asesinos, ladrones y saqueadores del erario, y de funcionarios que les hacen la segunda y cohonestan esos comportamientos, y se dan el lujo de vivir en el reino de la impunidad. 

Ya es costumbre oír pronósticos sobre decisiones judiciales según el juez o el fiscal que asuma el caso, o del procesado de que se trate. De acuerdo con el poder que ostente, de la maldad de la que haya hecho gala, de la falta de escrúpulos de que tenga fama, de los círculos políticos en que se mueva, o del dinero que esté acostumbrado a destinar para lavar sus culpas, la sociedad entera sabe de antemano cuál será el veredicto que se dicte en contra del acusado. Y algunas veces también se alcanza a pronosticar dicho veredicto por el origen político del juez o por las palancas que haya tenido que utilizar para acceder a su cargo. 

Lastimosamente no podemos negar lo permeables que son nuestros órganos de justicia a la politiquería y al maquiavelismo de los politiqueros. Desde el origen constitucional de las altas cortes, hasta tribunales, fiscalías y juzgados que dependen de estas, existe un vínculo estrecho y de dependencia entre el poder judicial y el político. 

Los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de administrar la carrera judicial, son todos en el fondo nombrados por los congresistas, bien sea a través del origen mismo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, que nombran a seis de sus magistrados o, más aún, por el nombramiento de los siete magistrados adicionales que la Constitución le reserva el derecho de elegir al propio Congreso. 

De allí que en cada región del país sea un secreto a voces cuál congresista tiene más poder o injerencia en el poder judicial de su jurisdicción; y consecuentemente también en cada región se puede pronosticar hasta donde llega la impunidad para los actos cometidos por quienes ostentan el dominio poderoso de la justicia. ¿O no será suficiente prueba este mar de impunidad en el que vivimos en Caldas? 

Esta es una de las más poderosas razones para que la política en Colombia se ejerza de una manera monárquica y que cada congresista pretenda que sus herederos continúen en el trono. ¿No sentirán temor, por ejemplo, los familiares de Ómar Yepes que tienen su vinculación laboral con la justicia colombiana, si con el retiro de la política de su mentor se acaban también sus influencias? 

Pero pasando al entorno nacional, estamos asistiendo a un estado tan lamentable de la justicia, que hemos llegado al extremo de otorgarle la credibilidad absoluta a los delincuentes y el poder para que ellos decidan sobre la suerte de sus amigos y de sus enemigos, con la complicidad de esos órganos judiciales. 

Así por ejemplo, si Mancuso amanece un día con ganas de causarle un serio perjuicio a cualquier funcionario colombiano; o si algún acusado de pertenecer a grupos paramilitares quiere involucrar a su rival político en hechos delictuosos, sólo basta con que conviertan sus inventos en una declaración pública, e inmediatamente se le viene en contra al mencionado “todo el peso de la ley” y se produce casi que una condena automática en la cual, contrariando el mandato constitucional, ese acusado es culpable hasta que demuestre su inocencia. Y el delincuente obtiene además beneficios por su “delación”. ¿Tiene esto razón de ser? 

Y como si fuera poco, esos oídos de la justicia que están prestos para atender todo lo que se relacione con vínculos con paramilitares, se ensordecen cuando se trata de vínculos con la guerrilla. De ahí que ni con cientos de evidencias encontradas en los computadores de dirigentes y militantes de las Farc se haya producido una condena, y se haya preferido guardar un silencio temeroso y cómplice con algunos de quienes hoy se precian de hacer una oposición política, pero sustentada en sus vínculos macabros con la guerrilla. 

Claro que afortunadamente también existen casos en los que son los propios jueces, fiscales y magistrados quienes hacen gala de su imparcialidad y ecuanimidad, y se convierten en garantes de una verdadera justicia, así tengan que irse en contra de los poderosos. Pero esos son quienes muchas veces resultan trasladados, destituidos o asediados por sus superiores, pues se convierten también en la piedra en el zapato de aquellos que acostumbran a delinquir con la seguridad de que sus delitos quedarán impunes. ¡Y esas son piedras que los poderosos que manejan nuestro aparato judicial no pueden tolerar!