viernes, 29 de mayo de 2009

La crisis económica y la nueva Ley de Ciencia, tecnología e innovación, Ley 1286 de enero de 2009

Por Jaime Restrepo Cuartas*  

Revista del Congreso, Bogotá

Mayo 29 de 2009

En la reciente reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realizada en Medellín, uno de los temas que salió a flote para enfrentar la actual crisis económica internacional, fue la posibilidad de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en los países afectados, y muy particularmente en los de economías débiles.

La situación es clara. Si fortalecemos la capacidad de producir conocimiento y lo aplicamos a las necesidades del país, en campos como el sector agropecuario e industrial, los recursos naturales, renovables o no, nuestra biodiversidad, las telecomunicaciones, la infraestructura y las potencialidades en temas como los recursos hídricos, la salud, la educación y el saneamiento básico, fortaleceremos, a no dudarlo, nuestra capacidad competitiva nacional e internacional.

La nueva Ley de ciencia, tecnología e innovación busca modificar el modelo productivo nacional, para que apoyados en la investigación, logremos dar valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía, y de esa manera contribuyamos a la creación de una nueva industria nacional de base tecnológica, que propicie una productividad sostenible a largo plazo y nos permita resolver los enormes problemas de inequidad social.

Otros países del mundo han demostrado en los últimos veinte años, que es a partir del conocimiento, aplicado a las necesidades regionales, como se puede salir de la pobreza y de las inequidades sociales. La China, por ejemplo, ha logrado crecimientos entre el 8 y el 10% del PIB en los últimos diez años y otros países como la India, Corea e Irlanda han seguido por caminos similares.

La nueva Ley eleva la categoría de Colciencias a la de un Departamento Administrativo del orden nacional, con la obligación de trazar las políticas de una manera transversal al Estado y por tanto a los diferentes Ministerios e Instituciones del Gobierno, y le da una mayor capacidad de gestión a la entidad, pues el Director hará parte del Consejo de Ministros y del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.

Del mismo modo, la Ley busca llegar al 1% de recursos del Producto Interno Bruto, PIB, en el país dedicado a ciencia, tecnología e innovación y de esa manera ponernos a tono con otros países Latinoamericanos como el Brasil que dedica 1,3% de su PIB, Chile que dedica el 1% y México que ha aprobado para este año un 1%. Recordemos que Suecia dedica 5%, Japón 3%, Alemania 3%, EEUU 2,7% y China un 2%.

La aplicación de la nueva Ley permitirá también que nosotros logremos un modelo sistémico con un trabajo en red, con interdisciplinariedad y trabajo en equipo; un proceso de regionalización de la ciencia para que las regiones ricas en recursos, pero con un bajo desarrollo relativo, logren equilibrar su desarrollo y puedan tener el capital humano necesario y los equipos indispensables para lograr capacidad competitiva con regiones de mayor desarrollo, fomentando además la solidaridad entre las regiones de mayor y de menor desarrollo.

Un aspecto esencial es tener ya una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación, como lo demuestra un COMPES del 27 de abril de 2009 sobre el tema y además, que exista la suficiente preocupación como para crear una comunidad científica fuerte, lo cual se expresa con la aprobación de la formación de 500 doctores por año durante cinco años, en un convenio entre el Ministerio de Educación y Colciencias, y que tiene por objeto disminuir esa brecha de formación en doctorados que nos aleja cada vez más de otros países del mundo.

Sólo el desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la capacidad de innovación, o sea el nuevo conocimiento científico, nos hará dignos frente a otros países del mundo, nos permitirá no ser dependientes de otras economías, y nos ayudará a ser competitivos en el marco de la globalización de las economías.

* Representante a la Cámara, autor y ponente de la Ley 1286 de enero de 2009

 

 

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