¿Profesor o activista?

Por Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Mayo 29 de 2009 

Fue deportado desde México Miguel Ángel Beltrán, alias “Jaime Cienfuegos”, quien según las autoridades policiales hace parte del ala intelectual de las Farc, se dedicaba al reclutamiento de estudiantes, y es mencionado prolijamente en el computador de Raúl Reyes, de quien recibía instrucciones.

Profesor de la Universidad Nacional, Cienfuegos estaba realizando estudios posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estaba contratado. Más allá de señalar que este caso ratifica la existencia del PC3 y la eficacia de la propaganda internacional fariana, quiero llamar la atención sobre el hecho de que un guerrillero sea profesor universitario. 

Profesor es quien profesa públicamente –de ahí el nombre– un conocimiento y lo comparte con sus estudiantes, incentivándolos a que busquen por sí mismos dicho saber. También se llama docente porque muestra (docere) realidades que conoce previamente. Esta actividad es libre por definición: obedece únicamente a la búsqueda de la verdad que el profesor lleva a cabo esforzada y desinteresadamente. Del saber nace la autoridad sobre sus alumnos, la cual es ajena a la coerción o a la intimidación, y es reconocida por quien se pone voluntariamente en disposición de aprender, y en el mejor de los casos, ser formado. 

Pero ¿qué pasa cuando quien enseña defiende intereses ajenos a la vida académica?, ¿qué pasa cuando las clases y las investigaciones solo son fachadas de propaganda y férreas ideologías?, ¿qué pasa cuando el profesor en vez de promover el espíritu crítico, la discusión razonada y la capacidad de rebatir con argumentos posturas contrarias, promueve un espíritu sectario, un pensamiento único, e incluso hace apología de delitos? Más aún, ¿qué pasa cuando el profesor puede imponer sus ideas violentamente? La vida académica se desnaturaliza, y aquel traiciona el ideal universitario que dice profesar, y también la confianza de los estudiantes, y de quienes leen sus publicaciones, de sus colegas, y de todos aquellos que creían que su labor era realizada por amor al saber. El supuesto profesor es en realidad un activista que sirve a una causa. Las ideas son instrumentales a ésta. 

Lamentablemente las universidades están llenas de académicos de fachada, de activistas y de militantes.

Las librerías están atiborradas de textos que no son sino documentados panfletos. 

No me refiero únicamente a los que sirven a la propaganda política de derecha o de izquierda, sino también a intereses económicos, étnicos o grupales, y a ideologías políticamente correctas. No es un asunto exclusivo de las ciencias humanas. 

La posibilidad de que las ciencias sociales sean instrumentalizadas por propósitos políticos ha sido preocupación de varios intelectuales. Max Weber creyó encontrar la fórmula de la pureza metodológica al separar tajantemente los hechos empíricos de los valores. Si la ciencia hacía valoraciones perdía objetividad. Pero este modelo es insuficiente: la reflexión de ciertas cuestiones ponen de presente la imposibilidad de excluir elementos valorativos y las preguntas por el bien y la verdad. Leo Strauss, profesor de la Universidad de Chicago, señalaba que el científico social no es un árbitro externo imperturbable que en su perspectiva meramente empírica le da lo mismo observar triángulos, peces o seres humanos. Strauss reivindicaba el civismo como base desde la cual el científico social debía estudiar la realidad. Precisamente todo lo contrario de lo que hacen profesores como Cienfuegos. 

Apostilla: La sanción de la Secretaría Distrital de Bogotá al Hospital San Ignacio es una arbitrariedad. Se quiere obligar a practicar abortos al personal de instituciones cuyos principios misionales son constitucionalmente legítimos. Tengo mucha esperanza en la labor que viene realizando Ilva Miryam Hoyos, Procuradora delegada para los derechos de la infancia, la vida y la familia. Los médicos y el personal administrativo “pro-vida” harían bien en informarse acerca de la desobediencia civil y la objeción de conciencia, herramientas legítimas de los ciudadanos ante injusticias como éstas. Claro, en un régimen democrático.