Soberanía popular

Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Enero 14 de 2010

El concepto del Procurador General sobre el referendo aclaró definitivamente el panorama respecto de las dudas que existían sobre el mismo, en lo que hace referencia a la financiación, recolección de firmas y el trámite en el Congreso.

Algunos han dicho que no hay que cantar victoria porque se trata de un punto de vista que no obliga a los magistrados de la Corte Constitucional. Claro que no es vinculante, pero más de un magistrado tendrá en cuenta el estudio pormenorizado, juicioso y riguroso que hizo el Procurador a la hora de tomar la decisión final sobre la exequibilidad de la ley en cuestión.

De todos los puntos que contiene el documento presentado por Alejandro Ordóñez, sin duda el más importante es el que desmonta el discurso central de los opositores a la reelección quienes consideran que una segunda reelección rompe con la esencia de la Constitución. Al respecto, el Procurador defendió el principio de la soberanía popular al decir que “en ese orden, debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico… Pero, más allá de la discusión que pueda surgir en el seno de la Corte en relación con el poder constituyente primario y su lugar en los procesos de modificación de la Carta Política, el Alto Tribunal no puede perder de vista que para el caso que nos ocupa, la iniciativa de reforma que propone el pueblo no pretende la sustitución de la Constitución Política, pues su materia recae sobre un elemento ya previsto y permitido por la propia Carta”. (Páginas 3 y 4 del concepto).

Durante el debate del referendo reeleccionista se han presentado dos posiciones claramente identificables. La de aquellos que creen que la soberanía del pueblo es limitada y la de quienes defendemos el derecho de las gentes a pronunciarse sobre los diversos asuntos que surgen a lo largo de la vida en sociedad y que para efectos prácticos y académicos se ha denominado con el nombre de democracia deliberativa o Estado de opinión.

El ciudadano contemporáneo debe ser libre de decidir directamente sobre los asuntos que lo afecten positiva o negativamente. Y para el caso puntual de la continuidad o no de la seguridad democrática en cabeza del presidente Uribe durante un tercer período consecutivo de gobierno, es fundamental que la decisión emane de las mayorías populares.

Llama entonces la atención el interés dijéramos mezquino de algunos jefes de la oposición para impedir a toda costa que el pueblo se pronuncie. En vez de adelantar una campaña estructurada para convencer a sus huestes de la inconveniencia de la reelección, han preferido meterse en el terreno de la guerra sucia, buscando el hundimiento de la iniciativa a punta de leguleyadas.

Increíble ha resultado la participación descarada del Registrador en todo este episodio. Me parece preocupante la militancia que ha exhibido este funcionario quien, en un gesto de decencia, debería dar un paso al costado en todo lo que tiene que ver con la organización de las votaciones del referendo, nombrando a un registradores ad-hoc.

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¿No fue magistral la salida del procurador Ordóñez, cuando le dijo al energúmeno Félix de Bedout tantas verdades, como la agenda política e ideológica que mueve su accionar periodístico? Qué bueno que empiece a hablarse del “delito de opinión” que algunos faros de la inmoralidad quieren tipificar en este país.