Ernesto Yamhure
El Espectador, Bogotá
Febrero 4 de 2010
El 4 de abril de 2008, el Coronel Alfonso Plazas Vega me concedió una entrevista que fue publicada en las páginas de El Espectador.
En aquel reportaje, el alto oficial hizo una denuncia gravísima que hasta esta semana pasó desapercibida: los cuerpos de los desaparecidos de la toma terrorista del Palacio de Justicia están en un salón del departamento de Antropología de la Universidad Nacional.
Según Plazas, luego del asalto criminal al edificio de la Corte Suprema, muchos cadáveres tuvieron que ser inhumados en una fosa común, dado que su reconocimiento fue imposible por el alto grado de incineración en el que fueron hallados. Ese procedimiento se realizó en el cementerio del sur de Bogotá.
Se trató de un sepulcro de tres niveles. En el más profundo estaban los cadáveres de algunos ancianos fallecidos en hogares geriátricos que en su momento no fueron reclamados por sus familiares; al siguiente piso se destinaron los restos de 71 muertos del Palacio, casi todos hallados en el cuarto piso de la arrasada edificación. En la parte más alta de la fosa se ubicaron los cuerpos de un número importante de víctimas mortales de la tragedia de Armero, ocurrida una semana después del holocausto desatado por los terroristas del M-19.
Continuando con el testimonio de Plazas, los cadáveres N.N. del Palacio de Justicia permanecieron en la fosa hasta el día 16 de abril de 1998, cuando, en cumplimiento de una orden judicial, se exhumaron para efectos de llevar a cabo la identificación de algunos de ellos.
Los 71 cuerpos fueron entregados al doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, director del departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Primeros interrogantes: ¿Quién decidió que los restos debían ser remitidos a la Nacional? ¿Por qué allí y no otro lugar? ¿Qué criterios científicos se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión?
Existe un elemento altamente cuestionable respecto del mecanismo utilizado por el doctor Rodríguez Cuenca y su equipo para identificar estos cadáveres. A pesar de estar ampliamente difundido el uso de las pruebas a través de muestras de ADN, el mencionado investigador optó por el caduco método de la craneometría, que únicamente sirve para determinar el sexo, la edad y la estatura del cadáver analizado.
Pero el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca obtuvo unas conclusiones que trascienden la frontera de lo que científicamente puede demostrarse a través de la medición de un cráneo, como por ejemplo la nacionalidad del muerto ¿Será que los cráneos búlgaros son diferentes de los argentinos? Si así fuera, ¿cuando una persona cambia de nacionalidad, con su nuevo pasaporte cambia su morfología?
El examen de craneometría les fue practicado a 15 personas. De ellas, cinco fueron identificadas: Elkin de Jesús Quiceno, Carlos Eliécer Benavides, Ángela Murillo, Ariel Sánchez y Fernando Rodríguez. Nada se logró establecer respecto de las otras diez. Algunos creen que ahí pueden estar los desaparecidos por los que están siendo procesados los militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia.
Han pasado casi dos años desde que Plazas Vega denunció en este periódico que los cuerpos de los desaparecidos del Palacio de Justicia estaban en la Universidad Nacional y apenas ahora se ha hecho caso de sus palabras. Por el bien de la justicia y en aras de esclarecer la verdad de lo que sucedió con las personas que murieron durante el asalto criminal al Palacio de Justicia, es fundamental que a todos y cada uno de los cadáveres exhumados se les practique su respectiva prueba de ADN. Asimismo, la persona encargada de la salvaguarda de esos restos óseos —el doctor Rodríguez Cuenca— debe responder por la totalidad de ellos, pues sería insólito que por cosas de la vida desaparecieran los desaparecidos.
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