Autonomía: luces y sombras

Editorial

El Colombiano, Medellín

Abril 21 de 2009

Autonomía de las instituciones educativas para la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de educación básica y media, es lo que pretende, fundamentalmente, el decreto 1290 del Ministerio de Educación. La norma busca ser coherente con la autonomía relativa que la Ley General de Educación, 115 de 1994, ya les había otorgado a los establecimientos para determinar sus proyectos educativos.

Luego de un gran debate nacional realizado durante un año, en el que participaron padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y expertos en el tema educativo, se llegó a la conclusión de que la evaluación también debe responder al enfoque pedagógico de cada institución. Razón por la cual ahora se extiende la autonomía a la evaluación del aprendizaje y a la promoción de los estudiantes de los niveles de básica y media.

En desarrollo de esta nueva concepción se señala que cada establecimiento educativo definirá y adoptará la escala de valoración de los desempeños de sus estudiantes. Y para facilitar la movilidad de los educandos entre los entes educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la de la valoración nacional: desempeño superior, alto, básico y bajo. Es decir, cada institución podrá escoger si califica con números, letras o cualquier otro método, pero tendrá que explicar a qué corresponde cada nota, de acuerdo con la clasificación antes anotada.

Esa autonomía general e integral, per se, no es un valor. Tiene que ir acompañada del rigor académico y de una adecuada autorregulación que permita preservar la calidad educativa y la formación ética y moral. Existen instituciones muy serias que permanentemente ponen a prueba las fortalezas y debilidades de su modelo pedagógico, pero también se conoce que esta rigurosidad no es observada por igual en todos los establecimientos educativos del país.

No obstante las bondades de una mayor libertad, la expedición del decreto 1290 deja algunas dudas, dada la diversidad y el desarrollo desigual de los centros de enseñanza en el país. En principio, tanta autonomía podría generar un desorden e inequidad entre los colegios muy exigentes y los que son más laxos, ya que no habrá un único parámetro general de apreciación de las competencias estudiantiles, sino que podrá haber tantos cuantos colegios existan.

La medición de la pertinencia y de la calidad educativa general del país quedará reducida a las pruebas del Icfes y del Saber, lo que nos parece insuficiente por cuanto cobija sólo a los alumnos de once,  y de tercero de primaria y noveno, respectivamente.

Además se podría dar un mensaje equívoco a la juventud en el sentido de que existen colegios con altos niveles de exigencia y otros que se acomodan a los mínimos. Pero como en los dos escenarios se cumplen con los requerimientos gubernamentales y por tanto en ambos pueden ser promovidos, se podría incentivar en algunos la mediocridad y el facilismo.

El Estado debe siempre dar una orientación clara, pues si bien hay instituciones muy maduras en su proyecto pedagógico existen otras que es necesario acompañar en forma permanente. Celebramos que con esta nueva normatividad se haya derogado el decreto 230 de 2002 que les exigía a los establecimientos garantizar un mínimo de promoción del 95 por ciento de los educandos, lo que fomentó el bajo rendimiento acádemico. Ahora la promoción escolar dependerá de cada institución. Se impone pues una autonomía con responsabilidad, madurez y sin exclusión. Ojalá el país esté preparado.