Con licencia para vivir

Por Jaime Jaramillo Panesso

El Mundo, Medellín

Abril 26 de 2009

A pesar de los 45 largos años de conflicto interno, los ciudadanos colombianos ni se exilian ni se rinden. Es cierto que existe una diáspora de varios millones que residen en otros países, la mayoría por razones económicas y laborales, como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, España y Panamá. Pero 44 millones de habitantes luchan, trabajan y estudian dentro de los límites de la república y su área de 1.138.000 kilómetros cuadrados.

Algunos activistas ultraizquierdistas han huido y se auto -victimizan para recibir subsidios de organizaciones hermanas en confesión política. Pero las verdaderas víctimas residen entre nosotros. Cerca del 90% son mujeres y viven en el campo, en veredas y corregimientos alejados y por lo tanto sin organización. Pero muchas de esas mujeres e hijos han llegado a las ciudades, en pequeñas o grandes oleadas, al mismo ritmo de emigrantes rurales que se aventuran en la búsqueda de mejor estar, pero que suelen posar de víctimas para recibir apoyo estatal. En ese sentido Acción Social ha socorrido a millones de desplazados, a miles de víctimas de las bombas terroristas en las ciudades, a municipios y lugares destrozados por ataques terroristas En especial ha reparado a las 39.363 familias de las víctimas mortales de la guerrilla y de las autodefensas por una suma de $518.700 millones. En Antioquia, el departamento que más victimas registra por diversos delitos y a la vez que más desmovilizados acoge, 9.456 familias han recibido $121.000 millones, en contraste con Guainía donde una sola familia recibió 15 millones de pesos. 

Alarma que las víctimas puedan ser doblemente ofendidas o engañadas, lo que suele calificarse como revictimización, cuando son manipuladas para efectos políticos de partido o para sacar ventajas económicas por tramitadores y leguleyos que no son necesarios en las peticiones y reclamaciones de reparación. Un proyecto de Ley de Víctimas se encuentra en el Congreso que no ha podido fructificar por falta de consensos y donde han aparecido organizaciones y personas que nunca han trabajado con las víctimas, pero quieren poner al estado contra la pared, pues son tan maximalistas sus pretensiones que conducirían a irrigar mayores impuestos a la ciudadanía. Se esperan acuerdos racionales, sin que los gallinazos conviertan a las víctimas en sus despojos alimenticios. En España, donde también hay víctimas de los terroristas, el filósofo Francisco Laporta dice, “Algunos han perdido la decencia y se han lanzado directamente a la manipulación. Hasta tal punto que volveremos a ver que hay víctimas, reales o presuntas, y portavoces oficiales y oficiosos de víctimas, que se van a dar enseguida al noble ejercicio familiar de prestar los muertos (y los secuestrados, agrega el articulista) a algún partido político para que los utilice como lema de campaña electoral”. Blanco es, gallina lo pone. 

Mientras esto pasa, algunas asociaciones como Madres de La Candelaria, Caminos de Esperanza, conmemoran sus diez años de trabajo, no ya bajo la lluvia de los llantos y la quejas paralizantes, sino con el coraje de vivir y mirar hacia delante. Con el convencimiento de que necesitan caminar en dirección a normalizar sus vidas como ciudadanas y no bajo el ropaje de la conmiseración. El empuje que demuestran las víctimas para superar sus condiciones de temor, dolor y pobreza es admirable. Por eso la independencia en el manejo sus intereses es tan importante para que la solidaridad, limpia de escondidas trampas, tenga efectos de licencia para vivir mejor y sin rencores.