sábado, 18 de abril de 2009

A propósito de la calidad en la educación

Por Jorge Enrique Pava Quiceno

La Patria, Manizales

Abril 17 de 2009

Muchos docentes se sienten dueños de sus plazas y se han dado el lujo de subastarlas y negociar con ellas, en una práctica despreciable de corrupción sobre la cual no conocemos manifestación alguna por parte de Fecode ni de otros gremios sindicales. 

En una intervención del diputado Jorge Iván Gómez Osorio ante la Asamblea Departamental de Caldas, refiriéndose a la pésima calidad de nuestra educación, le atribuía como causa el hecho de que supuestamente el Gobierno Departamental no le dedicara el interés suficiente a la calidad y se limitara a ser sólo un administrador del sistema. 

Decir estas cosas en medio de discursos populistas, ligeros y demagógicos es tan fácil, pero a la vez tan peligroso que, a la par con la conquista de unos cuantos votos y la mirada positiva de unos gremios sindicales, se puede llegar a desinformar a la comunidad y a convertirse en aliado de una de las perversiones más grandes que se presentan en nuestro país como es el sistema educativo. 


Respeto profundamente la profesión del docente; me declaro fanático del maestro tradicional en cuyo pensamiento sólo cabe la transmisión del conocimiento, del ejemplo, de la verdad, de la ética. Pero a la vez me declaro enemigo de mucho docente actual que ha encontrado en este gremio un “escampadero” y un medio de subsistencia perdiendo de vista la importancia de estar actualizado, capacitado y con dedicación y voluntad profesional para formar a las nuevas generaciones que pasan por sus manos.
 


Me declaro enemigo de aquellos traficantes de plazas docentes; de aquellos vagos irresponsables que devengan grandes salarios por dedicar su tiempo a actividades sindicales en beneficio particular e individual; de aquellos guerrilleros de delantal que encuentran refugio en la nómina del Estado para transmitir su resentimiento, su desadaptación social y su plutofobia; de aquellos que se declaran permanentemente inconformes cuando, en muchos casos, son más favorecidos en sus ingresos que otros funcionarios con igual o mayor carga laboral; de aquellos abusadores de oficio que se desempeñan en su cargo por cumplir, con el único objetivo de llegar a una edad de jubilación (temprana por demás) y conseguir otro puesto público, usurpándole la oportunidad laboral a quienes deberían entrar a reemplazarlos.
 


Sé que opinar sobre estos temas es más impopular y peligroso que atribuirle como causa de la deficiencia educativa al gobierno de turno y así pasar por alto estas verdades. También sé que en la actividad política, y más en esta época preelectoral, la importancia de la suma de votos puede superar el de la responsabilidad del ejercicio político; pero quisiera hacer unas cuantas reflexiones que conducen a unas conclusiones diferentes:
 


El dinero es la base del desarrollo y las inversiones públicas en educación son el fundamento para el adecuado desarrollo educativo. Es la Asamblea el ente que aprueba el presupuesto departamental, dentro del cual se encuentra el rubro dedicado a la educación; y son los diputados quienes tienen el primer derecho a objetarlo, adicionarlo, suprimirlo o modificarlo, dentro de una visión práctica y objetiva orientada a la oportuna, adecuada y suficiente inversión en cada área. ¿Se habrán quedado cortos en la apropiación presupuestal en el área de educación? Pues tienen los diputados, propiamente, las herramientas para subsanar los errores.
 


Por otro lado, la deficiencia educativa tiene unas raíces muy profundas en el pobre desempeño docente y en la mediocridad de algunos profesores carentes de ética, de responsabilidad social y de profesionalismo. ¿No sería bueno proponer una evaluación docente que permita renovar la planta departamental? (Esto sería impopular y recibiría nuevamente el rechazo de los sindicatos de educadores quienes no resisten escrutinio, lo sé; pero nos daría un diagnóstico preciso sobre quienes sobran y deben ser reemplazados).
 


¿Cuánto le vale al erario un docente que, recibiendo su pensión de gracia, recibe otro salario adicional por parte del Estado y se constituye en generador de desempleo e injusticia social? Esta es otra causa totalmente identificada que no se le puede atribuir al gobierno de turno, y que impide un relevo generacional en la docencia, tan urgente en estos tiempos cambiantes y de acelerado desarrollo tecnológico. ¿Por qué no tocar estos temas, así los réditos electorales se disminuyan?
 


¿Qué pasa con el tráfico de plazas docentes? Muchos docentes se sienten dueños de sus plazas y se han dado el lujo de subastarlas y negociar con ellas, en una práctica despreciable de corrupción sobre la cual no conocemos manifestación alguna por parte de Fecode ni de otros gremios sindicales. ¿Por qué no profundizar en ello, develarlo, denunciarlo y exigir soluciones?
 


La práctica sana de la oposición política trae anexa una gran cuota de responsabilidad. No nos podemos dejar contagiar del ejercicio del no, y de la costumbre de endilgarle ligeramente a nuestros émulos políticos la responsabilidad de todo, máxime cuando se tiene no sólo la oportunidad del control y de la vigilancia, sino la responsabilidad social de encontrar las verdaderas causas de los problemas y de proponer soluciones.
 


Puede ser verdad la deficiencia docente en nuestro departamento; puede ser verdad que existan serias falencias administrativas en la Secretaría de Educación; y puede ser verdad que los recursos que constitucionalmente se dedican a este rubro sean precarios. Pero que los mismos docentes, sus agremiaciones, sus logros laborales (que representan serios atropellos para los demás trabajadores), y la falta de un replanteamiento de la calidad y el profesionalismo son unas de las grandes causas del estado caótico de la educación en Colombia, es un hecho que no puede ser refutado.

 

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