Condenable paro camionero

Editorial

El Mundo, Medellín

Abril 22 de 2009

El paro de camioneros es absurdo desde el punto de vista económico y socialmente injustificable e ilegal porque afecta un servicio público.

Por segunda vez en ocho meses los dirigentes del gremio de camioneros decidieron paralizar el servicio de carga en el país a partir de la media noche, en protesta por “el alto costo de los combustibles y de los peajes, la sobreoferta de vehículos y el incumplimiento de los fletes establecidos por el Gobierno”, según dicen para justificarlo. En un intento por conjurar el movimiento, el Presidente de la República anunció en la mañana la decisión de bajar $400 en el precio del galón de gasolina y diesel a partir del primero de mayo, pero los huelguistas dijeron que no aceptaban el “confite”, pues su exigencia ronda los 1.500 pesos por galón. 

En un último esfuerzo por llegar a un acuerdo, el ministro Andrés Uriel Gallego y representantes de la Asociación de Pequeños Transportadores, Apetrans, llegaron puntualmente anoche a una reunión en la Presidencia de la Cámara de Representantes, pero en cambio no lo hizo el señor Jorge García, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, lo que fue interpretado por el gobierno como una falta de voluntad de negociación y una ratificación del paro del transporte de carga por carretera, que nosotros condenamos sin reservas porque genera zozobra en la ciudadanía y, de prolongarse, como el de agosto pasado, provocaría desabastecimiento, brotes de especulación y, en general, conllevaría perjuicios para la economía y pérdidas para importadores y exportadores e incluso para los propios transportadores, por el lucro cesante al inmovilizar sus equipos. Por lo pronto, el Ministerio de Transporte – con la negra experiencia de otros paros de camioneros - expidió una oportuna resolución que habilita durante el paro a los vehículos de servicio mixto (camperos, chivas, camionetas públicas y privadas), volquetas de servicio público, vehículos de servicio oficial y particular, y tractocamiones, para movilizar productos pecuarios y agrícolas y, en general, los alimentos perecederos. 

Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo los orientadores de la opinión pública, para denunciar estos atropellos por parte de quienes viven de un negocio que, como todos en una democracia, se rige por la ley de oferta. Se quejan de que muchos de sus afiliados son dueños de un solo camión, pero hoy uno solo de esos aparatos vale una fortuna y su operación implica una mínima organización, un capital y un patrimonio, mayor que el de muchos empresarios que jamás irían a una huelga para demandar, por ejemplo, una rebaja en las tarifas de energía o la supresión de las cargas fiscales o parafiscales, porque como tales tienen unas responsabilidades muy diferentes a las de un sindicato de trabajadores. 

El paro de camioneros, insistimos, no solamente es absurdo desde el punto de vista económico sino socialmente injustificable e ilegal porque afecta un servicio público. En Colombia hay una tradición perversa de excesiva intervención del Estado en un conflicto que surge de la repartición de las utilidades de un negocio en que participan los usuarios del transporte de carga, las empresas transportadoras y los dueños del equipo rodante. Siempre hemos creído que el Estado cumple su obligación al invertir un inmenso capital en la construcción y mantenimiento de las carreteras a cambio de un razonable impuesto de peaje, y sólo debería intervenir para proteger el bien común del abuso por parte de particulares, sin dejarse involucrar en los pleitos que surgen del desequilibrio entre oferta y demanda. 

Y aquí surge uno de los temas recurrentes: el del supuesto incumplimiento de la tabla de fletes que suponen de obligatorio cumplimiento para los dueños de la carga. Más que los fletes el problema es la sobreoferta de parque automotor, estimada por los mismos gremios de camioneros en unos 6.000 vehículos, aunque algunos entendidos hablan de cerca de 40.000. En todo caso, la conclusión es que no tendría lógica que, mediante decreto y cediendo a la presión indebida de un paro de camioneros, el Gobierno establezca un “control de precios” del servicio de transporte de carga, medida que, primero, es inútil – como se ha visto con los acuerdos de agosto pasado – pues los dueños de la carga representan la demanda dentro de ese mercado y, como en toda transacción, el precio es el resultado del acuerdo entre el oferente y el demandante. Y segundo, sería injusta porque a nadie se le puede obligar a pagar más caro un servicio que puede obtener más barato y de contera sancionarlo porque no se atiene a una tabla rígida de fletes. 

Los gremios de camioneros debieran colaborar más activamente en el esfuerzo que el Gobierno está haciendo en materia de chatarrización para controlar la sobreoferta y eliminar equipo obsoleto, contaminante e ineficiente, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde, según comunicado del Mintransporte, hay 1.846 vehículos postulados a 31 de marzo, otros 477 en almacén de depósito y 200 efectivamente desintegrados, con un costo de 6.000 millones de pesos. El Ministerio se queja de retrasos hasta de 35 días en la destrucción de un camión, que normalmente tomaría 7 días, porque los propietarios no tienen al día ni entregan oportunamente la documentación exigida. 

En relación con los combustibles hemos estado de acuerdo con la tesis básica de que el Gobierno ha cometido un abuso al mantener congelado el precio después de la baja del petróleo en los mercados mundiales, y vemos como una señal positiva hacia la corrección de esa situación el anuncio de la rebaja en los precios a partir de mayo, quedando a la expectativa del llamado “mecanismo móvil y de cobertura de precio” de que habla el comunicado de Presidencia. Los camioneros tienen razón en protestar por los altos precios de los combustibles, pero eso de ninguna manera justifica una huelga con la que le están ocasionando un grave daño al país, a más del que ya está sufriendo con la crisis económica.