Editorial
El Colombiano, Medellín
Abril 24 de 2009
La sentencia proferida por el juez Richard M. Berman, del Distrito Sur de Nueva York, contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Berna" o "Adolfo Paz", deja un mensaje claro: la condena a 31 años y tres meses, más una multa de cuatro millones de dólares por el delito de narcotráfico, demuestra una vez más que el delito no paga, sea quien sea el delincuente y cométase en el lugar del mundo que sea.
No hay duda de que Colombia y Estados Unidos están aplicando justicia. De los 14 ex paramilitares extraditados en mayo del año pasado, ya tres han sido condenados por los tribunales estadounidenses: Francisco Javier Zuluaga, alias "Gordolindo", a 21 años; Ramiro "Cuco" Vanoy a 24 años, y ahora, alias "Berna" a 31 años de prisión.
Es preciso reconocer y aplaudir que en ambos países se den pasos contundentes para frenar la impunidad frente al flagelo mundial de las drogas ilícitas. Ejemplo de ello son la posibilidad de realizar estos juzgamientos, fruto de la voluntad política de ambos Estados. Colombia, autorizando la extradición de quienes son requeridos por el delito de tráfico de drogas a Estados Unidos. Y este país, al juzgarlos con severidad y prontitud.
Además, confiamos en la reciprocidad del aparato judicial estadounidense para que se cumpla el compromiso adquirido entre el Gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos, para facilitar los mecanismos y los recursos humanos, técnicos y económicos, que permitan aplicar la Ley de Justicia y Paz a los 14 extraditados.
Este compromiso entre los dos gobiernos tiene que hacerse efectivo en forma urgente. No puede olvidarse que el narcotráfico está detrás de la corrupción y del conflicto colombiano en todas sus manifestaciones. Tampoco, el hecho de que el envío de toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos, por parte de los extraditados que ahora tiene en sus cárceles, le ha causado un grave daño a ese país. No sólo al nuestro.
La declaración de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en su primera visita a México aceptando la corresponsabilidad de Estados Unidos, por su insaciable consumo de drogas, debe hacerse efectiva y pasar de las palabras a los hechos. Se esperan soluciones concretas, entre ellas, facilitarle a Colombia la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Es de equidad con las víctimas del paramilitarismo que se les otorguen las posibilidades y las herramientas adecuadas para conocer la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos. Y son los 14 ex jefes de las Auc quienes deben brindar esas confesiones, a pesar de estar siendo procesados en Estados Unidos.
El trascendental fallo contra Diego Fernando Murillo deja el mensaje explícito de que la justicia es para todos. No hay intocables en el mundo, por poderosos que hayan sido, cuando de aplicar la ley se trata.
Los colombianos debemos hacer un mea culpa y grabar en nuestras conciencias el mensaje social que arroja esta condena para que, definitivamente, aprendamos y enseñemos a las presentes y futuras generaciones, que la cultura del dinero fácil no es admisible.
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