El presidente alerta, el liberalismo...

Editorial

El Mundo, Medellín

Abril 27 de 2009

La Senadora ha demostrado que ejerce a conciencia y con aceptación de la guerrilla, plena vocería política de las Farc.

Corriendo el riesgo de atravesar una tormenta mediática de las que fácilmente se desatan cuando el país discute el secuestro y liberación de los compatriotas plagiados por las Farc, especialmente aquellos sometidos a la ignominia del tergiversado “acuerdo humanitario”, el presidente Uribe notificó el sábado que el Gobierno sólo autoriza al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Iglesia, si esta así lo quiere, a facilitar la liberación del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las Farc en el cerro Patascoy el 21 de diciembre de 1997. Hace dos semanas, la subversión había exigido la mediación del grupo Colombianos por la Paz, encabezado por la congresista Piedad Córdoba. 

Con esta decisión, el Señor Presidente notificó a las Farc y sus allegados que no está dispuesto a permitir la utilización con fines politiqueros que se viene haciendo de la expectativa por la liberación del hijo del profesor Gustavo Moncayo, de Sandoná, Nariño. Las pruebas que sustentan la afirmación del presidente Uribe durante consejo comunal en Facatativá están en las declaraciones de la propia senadora Córdoba contra el Ejército y el Gobierno, en las que, como es recurrente en estos procesos, se asume como portavoz de la guerrilla, más que de las familias o de los plagiados cuya liberación dice buscar. En recientes afirmaciones recogidas por la agencia de noticias Prensa Latina, afiliada al Partido Comunista de Cuba, la dirigente acusó al Ejército de intentar un rescate en el que la seguridad de los secuestrados “si ya no es nuestra responsabilidad”. Con afirmaciones como esta, la Senadora ha demostrado que ejerce a conciencia y con aceptación de la guerrilla, plena vocería política de las Farc. Dada esa identificación política con el grupo guerrillero, su papel mediador no se entiende - como sí es el caso de la Iglesia y el Cicr- como manifestación apolítica y humanitaria, sino que se revela como una más de sus actuaciones en causa propia del grupo al que adhirió. 

Ante la evidencia del uso político para las Farc de las liberaciones, no alcanzamos a entender el vehemente y rápido comunicado del director del liberalismo, ex presidente César Gaviria en el que además de rechazar la decisión de entregar la mediación al Cicr hace una contundente defensa del grupo de la senadora Córdoba afirmando que “de manera seria y comprometida han venido cumpliendo una gestión con evidente sentido humanitario”, como si lo propio no lo hubieran hecho otras organizaciones empeñadas en ese acuerdo pero no en el protagonismo político mostrado por Colombianos por la Paz. Y la decisión es de lamentar porque la actuación del Gobierno aparecía como oportunidad precisa para que el liberalismo exigiera de la senadora aclarar su militancia y evitara su inscripción como precandidata a la Presidencia en la consulta liberal en proceso. 

Las consultas populares de los partidos para escoger sus candidatos a cargos de elección popular, y ahora para conformar sus directorios, son un interesante mecanismo de democracia interna cuando se encuentran tan bien reglamentadas que es posible garantizar la no interferencia de otros partidos en su realización, aspiración por ahora no alcanzada en Colombia, debido a la precariedad de las normas que las regulan y la ausencia de sanciones para los que desde otras colectividades interfieran en decisiones ajenas. 

Dado que la senadora Córdoba sigue figurando como militante liberal –calidad que ella ha renunciado al asumir la agencia de las Farc y solidarizarse con sus causas, desde su visita a Nicaragua- y que el jefe del Partido parecería estar tan de acuerdo con su eventual inscripción a la consulta popular, vemos con preocupación la evidente posibilidad de que el ala extremista del Polo Democrático pretenda tergiversar la voluntad del liberalismo en esos comicios, mediante su directa participación en la escogencia del candidato oficial del Partido. Ante la gravedad del riesgo que esta actuación representa para el proceso de consulta popular y para el propio partido, y habida cuenta de la perversión explícita en esa práctica, reclamamos del Partido que atienda la oportuna señal emitida por el presidente Uribe y actúe de forma tal que alcance a impedir que las Farc y sus amigos en la política intervengan en un proceso tan importante como la escogencia del candidato liberal. 

Ahora, en cuanto a la libertad de los secuestrados que los colombianos seguimos exigiendo, confiamos en que la avenida que el Gobierno Nacional abrió a organismos realmente humanitarios y fuera de toda sospecha para que se hagan responsables de buscar ahora, con eficiencia semejante a la que tuvieron en el pasado, la libertad del cabo, y ojalá con él la de todos los sometidos a la tortura del secuestro por las Farc. A pesar de que ya truenan los rayos contra el Presidente, vemos en esta determinación la sensatez de un mandatario que se ha comprometido con buscar la libertad de los colombianos pero manteniendo en el proceso la vigencia de las instituciones que la guerrilla sigue pretendiendo desprestigiar. Y una vez más, como siempre lo haremos, reclamamos que no se olvide que los únicos responsables por la vida, la salud y la libertad de los colombianos secuestrados son los guerrilleros que los plagiaron.