Por Darío Acevedo Carmona
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Abril de 2009
Quienes hemos estudiado la violencia política en Colombia, sabemos que esta no desaparecerá de la noche a la mañana, por cansancio de sus agentes o como resultado de una batalla final. Que una cosa es el final político y otra el del desangre que se puede prolongar varios años. Desafortunadamente así ocurrió antes y parece estar sucediendo ahora. La violencia liberal conservadora llegó a su término con el pacto del Frente Nacional en 1957, de ahí en adelante y hasta 1965 hubo violencia practicada por grupos de bandoleros sin norte político, desadaptados y sicópatas. Pero ya no se trataba de la vieja lucha bipartidista. Esos brotes de violencia subsistieron según algunos en razón de la no solución de los grandes problemas del campo, otros piensan que fue el producto lógico de una situación de guerra irregular cuyos jefes políticos no controlaban plenamente.
En la coyuntura actual, que es mucho más compleja que la mencionada, el final político se ha logrado con los grupos paramilitares después de una negociación cuyos resultados siguen siendo polémicos. Los grandes jefes y las más importantes estructuras de combate fueron puestos en prisión y desmovilizados. En el 2005 ese proceso adquirió visos de legitimidad con la Ley de Justicia y Paz producto de la intervención de los tres poderes del estado. El fin político del conflicto con las guerrillas es más difícil de precisar porque estas han saboteado las negociaciones y han declarado su voluntad de continuar la lucha armada. También porque las guerrillas nunca pudieron transformar la guerra de guerrillas en guerra civil ni alcanzar un alto o mediano nivel de apoyo entre la población, por el contrario, la práctica sistemática del secuestro, el uso de armas de destrucción masiva, la destrucción de pueblos y sus nexos cada vez más claros con el narcotráfico han afectado su contenido político.
Si a lo anterior sumamos los demoledores golpes que les han propinado las fuerzas militares en aplicación de la política de Seguridad Democrática, el descrédito internacional al ser declarados terroristas y el desgaste derivado de la situación infrahumana en que mantienen a los secuestrados, pues se hace más difícil pensar la condición política que justifique una solución negociada a no ser que un cambio drástico de la nueva jefatura diera a entender su disposición de avenirse a un proceso de desmovilización.
La violencia que se sigue dando y que los críticos de la seguridad democrática atribuyen a un renacer del paramilitarismo es un fenómeno residual propio de guerras irregulares. Si se firmara la paz con la guerrilla, es muy probable que algunos de sus frentes sigan apelando a la violencia. La violencia residual proviene de todos los grupos ilegales. Por otra parte, sabemos que los jefes mafiosos están enfrentados por la redefinición de liderazgos, rutas, laboratorios y alianzas aprovechando el vacío dejado por la extradición de los jefes paramilitares y por la muerte y apresamiento de otros. Decir que estas bandas emergentes tienen el mismo perfil de los paramilitares, como se sostiene en estudio de la Corporación Arco Iris, es una ligereza que supone trivializar el paramilitarismo. Éste tenía una connotación anti-guerrillera, combatía a todo lo que oliera a guerrillas y extendía su criminal accionar contra dirigentes sindicales y políticos y esto último no es lo característico de las bandas emergentes. Por eso pienso que minimizar el hecho crucial de que el gobierno actual haya desmovilizado el paramilitarismo es un acto de ceguera y sectarismo.
Queda por resolver el enfrentamiento con la guerrilla que, en palabras de León Valencia, aturdido por las explosiones de la “ofensiva” fariana reciente, sigue vivita y coleando “Desafortunadamente el conflicto armado sigue ahí y no parece tener solución” (El Colombiano 30/03/09) y al referirse al liderazgo de Cano concluye que “le ha ido bien militarmente en las últimas semanas y está demostrando que puede reactivar a las Farc” (El Tiempo, 05/04/09). No hay razones para que la sociedad y el gobierno cambien la percepción que tienen de las guerrillas como consecuencia de una semana de despliegue dinamitero que no altera para nada la correlación de fuerzas. En términos militares siguen a la huída, confinadas a la selva y a zonas inhóspitas y con el norte político embolatado. Sin embargo, es cierto que todavía pueden hacer mucho daño. En un país donde el narcotráfico proporciona pingües recursos a los grupos violentos no es extraño que sobrevivan muchos años. La conclusión acertada no consiste en salir a lamentarse de que “la guerra se ha degradado hasta abismos insondables” como lo hace Valencia en su artículo de El Colombiano, sino precisar la naturaleza real de eso que él y otros sectores de opinión se empecinan en llamar “conflicto armado” o “guerra”.
No se dónde está la novedad del descubrimiento de Valencia cuando considera “llegado el momento de ensayar otro camino y proponer un proyecto de reconciliación integral” como si esa no fuese la filosofía presente en todos los intentos de acercamiento del Estado a la insurgencia desde Betancur hasta Uribe. Si no ha sido posible una negociación integral de la violencia política no es porque el estado y los gobiernos no la hayan intentado sino porque las guerrillas se han opuesto o han respondido con engaños. Valencia dice que “El presidente Uribe buscó una negociación con los paramilitares y las mafias y una derrota militar de las guerrillas” que “tampoco ha dado resultado.” Y agrega: “¡Ah! y nos hemos enemistado con algunos de nuestros vecinos por defender la salida militar.” La conclusión que Valencia saca de una semana de petardos y atentados es que la Seguridad Democrática es un fracaso, que el actual gobierno es el que ha propuesto una salida militar y no la guerrilla que en sus documentos y orientaciones reafirma la lucha armada como la única salida. ¡Ah! Y para rematar, la culpa de la enemistad con los vecinos fue de Uribe, no la tolerancia de ellos con las guerrillas.
Coda: el presidente Uribe ha invitado a las guerrillas a cesar sus actos violentos durante tres o cuatro meses como gesto de buena voluntad para considerar el inicio de negociaciones de paz. Invito a todos los que han criticado la Seguridad Democrática como una política guerrerista y a los que, como León Valencia, piensan que debe haber una “salida política negociada”, a Colombianos por la Paz, a sumarse a este llamado del presidente Uribe y a hacer todo lo posible para que las guerrillas se acojan con sinceridad a él. Las oportunidades las pintan calvas y el tiempo político de las guerrillas se agota.
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