Por Alfonso Monsalve Solórzano
El Mundo, Medellín
Abril, 19 de 2009
Apelaba a la distinción de Benjamin Constant en La libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, magistralmente reelaborada por Isaiah Berlin, en Cuatro ensayos sobre la libertad, en los que introduce los conceptos de “libertad positiva” y “libertad negativa”, asociados al tipo de democracia que ejercita un estado.
Los antiguos griegos y romanos, las repúblicas renacentistas del norte de Italia y Rousseau (éste último, en una interpretación dominante aunque discutible), entenderían la democracia como el dominio de las mayorías, que imponen sus leyes a toda la sociedad de un país, a las cuales las minorías y los individuos
deben someterse. Esa es la democracia de los antiguos, en los que la sociedad ejerce la libertad positiva de autogobernarse, en lo que Kant (lector de Rousseau) y sus discípulos llaman la autonomía pública
o política. Esta corriente ha sido denominada como republicanismo.
El gran aporte de las revoluciones modernas (inglesa, norteamericana y francesa) es que los individuos y las minorías tienen derechos (hoy llamados fundamentales) que no pueden ser violados por el estado. Son las libertades negativas, porque señalan los límites del poder estatal, aquello que no puede hacer frente a los ciudadanos: no es delito pensar, tener creencias distintas a las oficiales, no se puede encarcelar arbitrariamente a los individuos, no se les puede quitar su propiedad, etc. Democracia y libertad son un matrimonio muy difícil, que se encarna en el estado social y democrático de derecho, que además de señalar cuales son los derechos fundamentales, establece la división de poderes y el control entre ellos, como formas de evitar la tiranía. De esta distinción he hablado muchas veces en estas columnas (incluyendo la pasada).
Respecto a la segunda reelección de Uribe lo que habría que preguntarse es si el derecho de una mayoría de elegir a un presidente, que es una manifestación esencial de la democracia, elimina o limita el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos –la vida, la libertad de pensamiento de organización, de movilización, etc.; si impide u obstaculiza el ejercicio de la oposición y su derecho a llegar al gobierno si gana las elecciones –algo diferente a que una determinada oposición deba gobernar, pues no puede confundirse el derecho a gobernar con la falsa creencia de que porque se es oposición tiene algún día que gobernar, pues son los ciudadanos los que hacen esa elección y puede ocurrir que una posición específica no merezca el respaldo de los votantes.
Y aplicar esas preguntas a la gestión de Uribe.
También hay que indagar si la reelección cambia el equilibrio y la independencia de los poderes y el control mutuo entre estos. Salvo el Congreso, que en principio reflejaría en sus decisiones a la mayoría, constituida por la suma de minorías que apoyan la reelección y que por tanto, debería ser proclive
a las iniciativas del gobierno, como es natural, los otros poderes son elegidos indirectamente por mecanismos establecidos, en los que unos poderes postulan y otros eligen. Si la reelección condujera a romper el equilibrio y la independencia del poder judicial, por ejemplo, los contradictores deben mostrar dónde, por qué y cómo. Con pruebas o, al menos con argumentos razonablemente plausibles.
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