El tribunal de la historia

Por Fernando Londoño Hoyos

El Tiempo, Bogotá

Abril 23 de 2009

 

Lo que se ha hecho con el Congreso de Colombia no tiene perdón. Lo que se hace con los oficiales de las fuerzas militares, casi todos del Ejército, tampoco. La Corte marcó la pauta, fijó los límites y abrió los senderos, y la Fiscalía no ha querido quedarse atrás.

 

Es la competencia del absurdo, del desafío a la inteligencia y a los valores en que se suponía fundada la cultura jurídica de Occidente. Y cada vez las cosas empeoran, sin que haya sombras de rectificación ni de arrepentimiento. Pero un día los colombianos tendrán que saber lo que ha pasado y desgarrados de dolor y vergüenza asumirán la verdad.

 

En el tema de la 'parapolítica', la Corte inventó el que será para siempre famoso recurso del "pitirrato". Se trata de buscar maleantes en trance de reivindicación judicial, enriquecimiento fácil y el añadido de cierta fama.

 

Son sicarios morales, que matan sin armas de fuego, contra pagos que jamás se soñaron. Impunidad para sus delitos, protección de la autoridad que siempre desafiaron y finalmente vida de ricos, en lugares que ni supieron que existían, para compartir con su familia, a veces compuesta por más de 40 miembros. Nunca hubo lotería más generosa ni casino con mejores premios.

 

Los procesos, y en algunos casos las sentencias, contra Mauricio Pimiento, Luis Ignacio Vives, Carlos García, Rubén Darío Quintero, Humberto Builes, Miguel Pinedo Vidal, Adriana Gutiérrez, Nancy Patricia Gutiérrez,

Jorge Noguera, Mario Uribe y algunos que terminaron en sobreseimiento, más otros en cuyo estudio apenas nos iniciamos, pasarán a la Historia Universal de la Infamia.

 

Muchos militares son víctimas del mismo designio y el mismo estilo. De lo que está pasando en los juicios contra el coronel Luis Alfonso Plazas, el general Arias Cabrales, el almirante Arango Bacci, el general Rito Alejo del Río, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el mayor César Maldonado, el teniente Harrison Castro y sus hombres, los oficiales de la FAC en el caso de Santodomingo, el general Quiñones y sus subalternos de la Infantería de Marina en el caso de Chengue, los miembros del Gaula de Casanare, los 27 destituidos por falsos positivos el 29 de octubre pasado, el teniente Ordóñez por los "sindicalistas" de Arauca, los oficiales de Inteligencia Militar presos por los supuestos falsos positivos de Bogotá, el general Farouk Yanine Díaz y otros cuantos, se enterará a fondo y con horror la conciencia nacional.

 

Con ellos se ha abierto un nuevo capítulo de la indecencia judicial. Se trata de la compra de testigos que hace la Fiscalía y del premio en dinero contante que reciben por la vida y la libertad de esos desdichados los abogados que se especializan en las condenas contra Colombia en los tribunales internacionales de justicia.

 

Por la misma ruta va la investigación contra el ex alcalde de Trujillo, en el Valle del Cauca, Rubén Darío Agudelo. Al que quieren condenar, contra toda evidencia y toda justicia, para que se alcance la presa mayor en la vara de premios de Costa Rica.

Testigos falsos, comprados y de pésima reputación. Manejo acomodado de la valoración probatoria. Inferencias indignantes. Máximas de experiencia ridículas. De todo eso se compone este festín indigno.

 

Para denunciarlo, después de conocerlo a fondo, no estamos escatimando energías ni midiendo riesgos. No ha sido pequeña la penitencia que pagamos, repasando miles de páginas de insoportable literatura cuasi investigativa, trucos retóricos, trampas lógicas, contradicciones flagrantes, abusos indignantes. 

Cerradas las puertas de la Justicia formal, si es preciso nos vamos para el Tribunal de la Historia. En alguna parte quedará.