El asilo peruano a Rosales

Editorial

El Mundo, Medellín

Abril 29 de 2009

El propio coronel Chávez fue beneficiario de esa figura luego de su fallido levantamiento militar de 1992.

La concesión del asilo político al líder opositor venezolano, Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y ex gobernador del Zulia, por parte del gobierno del presidente Alan García, era algo que esperábamos todos los verdaderos demócratas del continente, primero porque la trayectoria del Perú en materia de acatamiento a la respetable institución del Derecho de Asilo es apenas comparable a la de Colombia a lo largo de su historia, y segundo, porque abundan las evidencias de que Rosales es la más connotada de las muchas víctimas de la persecución política en Venezuela, disfrazada burdamente por el régimen con la apariencia de procesos judiciales contra todos los que se atreven a disentir y gozan por ello de reconocimiento y respaldo de millones de venezolanos. 

Nuestras felicitaciones al Gobierno peruano porque supo asumir con mucha seriedad esa tradición que viene desde los tiempos de Víctor Raúl Haya de La Torre, fundador y líder de la Alianza Revolucionaria Americana, APRA, quien se asiló en nuestra embajada en Lima, tras fracasar la rebelión cívico-militar de octubre de 1948. Aquel episodio dramático, que ya hemos rememorado en ocasiones similares, fue una especie de piedra fundacional de la institución del asilo, porque, con base en los alegatos jurídicos que presentó Colombia para conseguir que después de cinco años se levantaran las barricadas en torno a su embajada en Lima y finalmente se le concediera al dirigente aprista el salvoconducto para salir del país, se construyó la teoría jurídica y los fundamentos de la práctica del asilo político en América Latina, en una época en que el tema estaba en ciernes en el seno de Naciones Unidas. 

Esas normas fueron las que muchos años después invocó otro líder aprista, el entonces ex presidente Alan García, para buscar un acogedor refugio en Colombia, del que dice estar eternamente agradecido porque desde aquí retomó fuerzas para regresar a su país en busca de la reelección. La misma solicitud de asilo político que presentó en abril de 2005 el ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, víctima de un golpe de Estado, disfrazado de destitución, por parte del Congreso, que sin remilgos le concedió Colombia a pesar de las protestas del gobierno del médico Palacios, y del que regresó después como aspirante a la reelección, obteniendo el pasado domingo la segunda votación después de la del reelecto presidente Correa. Amparo que también consiguió en Colombia el señor Carmona, el malhadado presidente por dos días de Venezuela, en aquel fracasado golpe de Estado de abril de 2002 contra el régimen del presidente Chávez. 

Del lado peruano, como ratificación de esa tradición de país asilante, ayer se recordó que el propio coronel Chávez fue beneficiario de esa figura luego de su fallido levantamiento militar de 1992 contra el presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Y para que no quede duda de la consecuente conducta del Perú en esta materia, hay que recordar que el caso del señor Rosales no es único en relación con las víctimas de la persecución por parte del régimen chavista, pues están los asilos concedidos recientemente a Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, quien se fugó hace tres años de la prisión donde cumplía condena por “rebelión”, y a Eduardo Lapi García, ex gobernador de Yaracuy, procesado por presuntas licitaciones irregulares con empresas contratistas. 

El presidente Alan García, como beneficiario de esa doctrina, tenía hasta cierto punto una obligación personal y es muy probable que esa haya sido la razón principal para que Rosales escogiera a Perú, a más de que, como está ampliamente documentado, su petición estaba basada en argumentos tan claros y precisos a la faz de la opinión mundial que, aparte del sector oficialista venezolano y de los tirabeques y conmilitones del coronel Chávez, no puede haber nadie que ponga en duda que el fundador del partido Un Nuevo Tiempo es un perseguido político, el más importante de todos los que hoy existen en Venezuela por el solo pecado de disentir del régimen. 

Lo que sucedió con Rosales en Venezuela es un “Pase de factura”, como tituló ayer su editorial en el periódico Tal Cual, el periodista Teodoro Petkoff, tras preguntarse “¿Qué es lo que ese pozo de mezquindad, reconcomio y mediocridad en que ha devenido el chavismo le cobra a Manuel Rosales? ¿Por qué el mismísimo Chacumbele (así llama a Chávez) hizo de la prisión de Rosales un objetivo central de su campaña electoral para gobernador y alcalde de todos los estados y municipios del país en los términos más ferozmente personales? Porque Manuel Rosales fue un factor fundamental en el proceso de recuperación de la oposición democrática, cuando, contra todas las posibilidades, asumió la candidatura presidencial en 2006, para enfrentar a su despótico verdugo de hoy”. Y agrega: “No le perdonan que haya contribuido a dotar a la oposición de una estrategia democrática y unitaria, deslindándola tajantemente del callejón sin salida del golpismo, lo cual hizo posible la derrota del chavismo en el referéndum de 2007, así como los significativos avances electorales en los procesos regionales y la confirmación de esos avances en el referéndum sobre la enmienda. Ese es el imperdonable ‘delito’ que le cobran”. 

No tiene, pues, por qué sorprender a nadie la bravuconada con que el gobierno venezolano ha respondido al asilo de Rosales, con un llamamiento de embajador a consultas y un retórico comunicado de protesta que no irá a ninguna parte porque, de todos modos, en el exilio aquél no representa el serio peligro que era hasta hace poco para su pretensión de atornillarse en el poder.