Iglesia Católica y reelección

Por Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Abril 26 de 2009

 

Soy profundamente respetuoso de la libertad de expresión y de la libertad de cultos, valores protege la Constitución colombiana, que en buena hora abandonó el confesionalismo a favor del credo católico y declaró al Estado como laico, separando las funciones de éste de las de las distintas iglesias. El Estado es el espacio de lo público, las confesiones son un asunto de la esfera privada.

Por ello, no me asombran ni me rasgo las vestiduras cuando prelados tan importantes en la jerarquía católica como el cardenal Rubiano y monseñor Salazar, este último presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, deciden intervenir en política, manifestándose públicamente contra la segunda reelección del presidente Uribe. Están en todo su derecho, pues actúan como voceros de una organización privada. No comprometen a sus feligreses, porque la orientación de los pastores es un asunto de admisión voluntaria (y mucho me temo que un buen número de sus ovejas desestimarán tal indicación) y, menos aun al Estado, como sí ocurrió en épocas en que los prelados hablaban como guías de la religión oficial de Colombia y había un matrimonio indisoluble entre autoridades eclesiásticas y gubernamentales, matrimonio éste que provocó graves períodos de intolerancia y violencia en el país. 

Pero quienes piensan distinto también están en su derecho de responder esas posiciones. Monseñor Salazar en la página web de la Conferencia Episcopal Colombiana, www.cec.org.co, afirma “que la Iglesia “tiene el derecho y el deber de intervenir” en política, cuando ésta se refiere a “procurar el bien común para el país” y, en cambio, la Iglesia “cometería un gravísimo error” al intervenir en la política, cuando ésta se asume como respaldar programas y candidatos particulares que apuntan es a la construcción de ciudad y de Estado”.

Dos cosas frente a esas declaraciones: monseñor Salazar justifica su participación en política a nombre de la defensa del bien común. Pero una opinión particular, por respetable que sea, no constituye el bien común. Lo que éste es, para la sociedad colombiana de hoy, está expresado en la Constitución y las leyes, las cuales establecen mecanismos para sus reformas a medida que el consenso social y político sobre lo que es el bien común evoluciona. 

El bien común son los derechos fundamentales y los espacios políticos que fija el sistema para el ejercicio de la democracia y la posibilidad de que todo colombiano pueda construir su propio concepto de vida buena, en ese marco. Y estos derechos y el sistema mismo evolucionan para ponerlos a tono con la época y los desarrollos sociales: la Corte Constitucional ha ampliado el concepto de derecho fundamental aplicándolo no sólo a los individuos sino a ciertas comunidades, como los indígenas y los afrodescendientes. El derecho a la vida ha evolucionado hasta posibilitar ciertas formas de muerte digna y definir situaciones en las que un aborto puede ser realizado (a pesar de la oposición de la iglesia y siendo católicos algunos de los jueces constitucionales). 

Lo que el cardenal Rubiano y monseñor Salazar deben explicar es por qué la posibilidad de una segunda reelección está en contra del bien común. Y no pueden hacerlo basado en su investidura sino en argumentos, porque el argumento de autoridad aquí no cabe. Y quienes están a favor, a su vez, deben señalar por qué esta posibilidad refuerza el bien común. La revisión de la norma que determina el número de elecciones sucesivas de un presidente debe sostenerse, para quienes la defienden, sobre criterios tales como que posibilita que las mayorías que constituyen el país puedan asegurar su voluntad política en un determinado proyecto. Y quienes la atacan deben demostrar que tal reelección viola los derechos fundamentales o lesiona principios básicos de la democracia como el equilibrio de poderes. Los primeros deben probar que tal lesión no ocurre o cuáles medidas concretas hay que tomar para prevenirla, y los segundos, mostrar que tal reelección sacrifica irremediablemente la libertad a favor de una democracia que viola sus propios límites. Y son los ciudadanos –los católicos y los que no lo son - y los organismos de control los que tiene la última palabra. Unos y otros, se pueden equivocar, por supuesto. Pero de eso se trata la democracia liberal. 

Lo segundo es que al oponerse el cardenal Rubiano y monseñor Salazar por principio a la reelección están vetando una opción particular al pueblo colombiano, lo que es tan grave como respaldar programas y candidatos particulares, algo que no encuentra bien monseñor. 

Nota: Quiero felicitar a EL MUNDO en sus 30 años. Al doctor Guillermo Gaviria, uno de los hombres más inteligentes que he conocido, y a todo el equipo que lo rodea, mi más profunda admiración.