Editorial
El Universal, Cartagena
Noviembre 23 de 2009
En la actual crisis de las relaciones colombo-venezolanas, los sectores de opinión que intentan mostrar una posición objetiva, madura y analítica han tratado de equiparar las actitudes, declaraciones y réplicas de los presidentes Chávez y Uribe, como si ambos estuvieran actuando con el mismo alocado desafuero.
De ese aguacero de juicios, reflexiones, debates y recomendaciones, no ha sido posible sacar una opinión racional, lúcida y útil, que permita encontrar estrategias eficaces para solucionar el conflicto diplomático que podría convertirse en una catástrofe.
Una cosa está clara: el presidente Chávez está ejecutando una cuidadosamente planificada táctica de provocación, cuyo eje es la perturbación en la zona fronteriza, rompiendo los muy sólidos lazos existentes allí entre venezolanos y colombianos, que realizan un intenso intercambio comercial y educativo desde hace muchos años.
Según la mayor parte de los analistas, el propósito principal de las últimas acciones del gobierno venezolano es la desestabilización de la zona de frontera, poblada por ciudadanos de bajos recursos que dependen del paso a uno y otro lado para subsistir.
Sin embargo, en el blog de un profesor universitario colombiano se sugiere otro propósito que nadie ha considerado: lograr que el gobierno colombiano desplace buena parte de sus efectivos militares a la zona fronteriza, donde no podría cercar ni atacar con éxito a los guerrilleros de las Farc, reduciendo la presión en las otras regiones colombianas que ha sido eficaz y está logrando dejar sin margen de desplazamiento a muchos frentes de ese grupo guerrillero.
Las últimas acciones de las Farc son típicas de una guerrilla que intenta demostrar poder realizando emboscadas y ataques sin resultados beneficiosos en términos de dominio territorial, aunque cruelmente criminales en las bajas del Ejército y en la muerte de civiles, incluso niños, como ocurrió en Nariño.
Esas acciones infames, violatorias de las más elementales normas humanitarias, no sólo les acarrean la condena de la comunidad internacional, sino que hacen que las Fuerzas Militares desaten una persecución implacable contra los guerrilleros, que, por mantenerse durante un período largo, logra hacerlos huir precipitadamente y hacerlos más vulnerables.
A juzgar por las reacciones del presidente Uribe, del Ministro de Defensa y otros altos funcionarios del Gobierno colombiano, no parece factible que se suspenda la presión militar en esas zonas donde la guerrilla está siendo golpeada con dureza, para reforzar una eventual vigilancia fronteriza.
Lo malo es que las provocaciones, como la voladura de los puentes peatonales cerca de Ragonvalia, van a seguir y seguramente con mayor frecuencia y gravedad, y con ello, la situación de los habitantes de la frontera se agravará.
Ante tal eventualidad, el Gobierno debe ir pensando en declarar la emergencia social, y poner en marcha un plan de contingencia para mitigar el efecto social de un cierre total de la frontera entre Colombia y Venezuela.
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